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El decreto que prepara el Ejecutivo plantea que los nuevos centros consuman un 80% de electricidad renovable
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El sector critica que España será el «marco regulatorio más restrictivo de Europa» y los ecologistas lo ven insuficiente
Es uno de los sectores que más han crecido en España en los últimos años, y las previsiones apuntan a que su despliegue se acelere todavía más en lo que queda de década, aumentando la preocupación por una posible burbuja. La expansión de los centros de datos, impulsada en gran medida por la inteligencia artificial, ha llevado ahora al Gobierno a preparar un real decreto que eleva los requisitos ambientales para su instalación.
El texto, que acaba de terminar su periodo de audiencia pública y alegaciones, cuenta con la oposición frontal del sector, que augura un desplome de las inversiones en nuestro país, y también de algunas comunidades.
Del otro lado se sitúan ecologistas, asociaciones locales y algunos investigadores, que ven con buenos ojos que se regule el desarrollo de infraestructuras con un consumo intensivo de electricidad, si bien ven insuficientes las exigencias que impone el Ejecutivo a las empresas.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha entrado también en la polémica y en una reciente columna en Bloomberg ha defendido la necesidad de regulación del sector, apuntando en una dirección clara: «Los grandes nuevos consumidores de electricidad no deberían competir con la demanda existente ni aumentar la dependencia de los combustibles fósiles; deberían ayudar a catalizar la inversión en la transición energética».
El requisito de la discordia: un 80% de energía renovable de nueva generación
La normativa es aplicable a los centros de datos con potencia de acceso de más de 1 MW. Establece que la energía que consuman estos proyectos sea renovable en un 80% y de nueva generación -ya sea con autoconsumo o contratos de suministro a largo plazo-, un porcentaje que deben poder justificar hora a hora. Esta energía, además, debe ser de nueva generación. El requisito desaparecerá cuando el mix de generación nacional supere el 90% de renovables. Si una empresa incumple, se enfrenta a recargos en los cargos y peajes que paga por su conexión a la red -lo que reduciría la factura del consumidor-, e incluso a la retirada del acceso a esta misma red.
Además, deberán presentar una declaración responsable que garantice criterios de eficiencia energética e hídrica equivalentes a la clase «A» del etiquetado europeo, todavía en fase de preparación.
Estas y otras medidas buscan evitar un «crecimiento desordenado» de los centros de datos, como el que se ha dado en países como Irlanda, Países Bajos o Estados Unidos, según fuentes del Ministerio de Transición Ecológica, el departamento que ha liderado la preparación del decreto junto al de Economía y el de Transformación Digital.
La expansión acelerada de estas infraestructuras, claves en una sociedad cada vez más digitalizada, ha provocado «fuertes incrementos del precio de la electricidad» –en EE.UU. se auguran subidas del 70% hasta 2030 en algunas regiones-, «tensiones por el abastecimiento de agua y un fuerte rechazo social», lo que ha derivado en que se apliquen moratorias y que se pierda apoyo público a estas infraestructuras por el coste político.
¿Una «burbuja» de los centros de datos?
España se ha posicionado como uno de los países con mayor crecimiento en la implantación de centros de datos de Europa. Atraídas por la estratégica posición geográfica de nuestro país y por la alta penetración renovable, que ha bajado los precios de la electricidad, empresas como Amazon, Microsoft o Google han desembarcado con fuerza en nuestro país. La Estrategia de Inteligencia Artificial 2024 prevé 2,5 GW de potencia de computación en 2030, equivalentes a entre 3,5 y 4 GW de demanda eléctrica.
Sin embargo, ya se han concedido derechos de acceso y conexión a las redes eléctricas por más de 12 GW, señalan desde el Miteco. Además, el interés del sector se centra en pocos territorios, como Aragón, donde se han concedido 3,6 GW de acceso —lo que triplicaría la demanda eléctrica de la comunidad— y en Madrid se han concedido 4,1 GW, lo que supondría duplicar su consumo, según las cifras que aporta la cartera de Sara Aagesen.
La propia ministra ya habló de una «burbuja» de este sector el año pasado, mientras que el ministro de Transformación Digital, Óscar López, lo ha definido en RTVE como un «fenómeno de especulación». Sánchez, en su tribuna del miércoles en Bloomberg no fue tan lejos, aunque afirmó: «Nos acercamos a un punto de inflexión y debemos actuar para anticiparnos».
La patronal lanza la voz de alarma: «Es una prohibición de facto»
Desde la patronal Spain DC consideran que la regulación va demasiado lejos. «El proyecto, tal cual está redactado, es una prohibición de facto del sector de los centros de datos en España. Nos convierte en el marco regulatorio más restrictivo de Europa», explica a RTVE Noticias la directora ejecutiva de esta asociación empresarial, Begoña Villacís.
Ve especialmente preocupante la «inseguridad jurídica» que introduce sobre proyectos maduros: desarrollos con acceso y conexión concedidos que ya han comprometido e invertido durante años, a los que «ahora les cambian las reglas y les obligan a adaptarse en apenas seis meses».
Hay tres empresas internacionales que ya les han comunicado que abandonarán sus proyectos en España de aprobarse este texto. Solo estos tres proyectos suponen alrededor de 9.000 millones de euros, detalla Villacís. Pero va más allá: el decreto pone en riesgo entre el 80% y el 90% de la nueva inversión que puede elegir España como destino.
Ante las críticas por la falta de diálogo, Óscar López ha aseverado que estaba en contacto con el sector para que el decreto fuera «equilibrado» en su fase final. Aun así, apostilló: ¿Sabe usted cuánto encarecen los centros de datos el recibo de la luz que paga usted? Mucho. Para el beneficio de cuatro».
Ecologistas piden una moratoria y replantear el modelo de desarrollo digital
Del otro lado están quienes piden ralentizar el desarrollo de los centros de datos. Ecologistas y asociaciones de defensa del territorio en «cosas bastante interesantes» en el decreto, ya que el Gobierno «reconoce el problema que está habiendo con un modelo de expansión masiva de centros de datos», tal y como explica a este medio Enol Nieto, investigador en el Centro Tecnológico BETA de la Universitat de Vic.
Sin embargo, las medidas que plantea la norma «son insuficientes para parar los impactos ambientales y sociales» del despliegue de esta infraestructura, apunta. Nieto ha colaborado con otras organizaciones en el envío de alegaciones al decreto y también ha participado en el litigio estratégico presentado contra Amazon Web Services por sus proyectos en Aragón.
Cree que sería necesaria una «moratoria a nivel estatal» a la instalación de centros de datos de gran tamaño hasta que «se haga una normativa específica y mucho más compleja y pensada, y con procesos deliberativos». Respecto al decreto, considera que se centra mucho en la eficiencia energética pero no tanto en la hídrica, y pide que incorpore otros indicadores vinculados al territorio y que incluya también la «huella hídrica», que no viene recogida.
Para el proceso de refrigeración de sus miles de procesadores, los centros de datos recurren tanto a la electricidad como al agua, y el consumo hídrico es precisamente uno de los aspectos que más recelos generan en las zonas con mayor implantación. Desde el sector defienden que su consumo de agua es muy limitado gracias a los circuitos cerrados.
Otro argumento de las empresas tecnológicas es que los centros de datos usan energía renovable que se desperdiciaría de otro modo por el exceso de producción en algunas horas. Frente a ello, Nieto replica que la «magnitud de proyectos que se está planteando sobrepasa muchísimo ese excedente» de renovables. En cuanto al consumo eléctrico e hídrico, critica la «opacidad» de las empresas y cree que el Gobierno debería obligarlas a hacer públicos estos datos.
Denuncia, además, que en algunos territorios hay un «trato preferencial a los centros de datos» en cuanto a proporcionar acceso a la red o ayudas públicas, frente a otros usos como el agrícola o el industrial.
Más allá del decreto en sí, el investigador de la Universitat de Vic considera necesario «replantear el modelo de infraestructura digital» actual e incluso propone un «decrecimiento», aunque reconoce que es un debate abierto también dentro del ecologismo, que se tendrá que resolver con calma y no con el «escaso» tiempo de audiencia pública de este decreto.
El Ejecutivo tuvo que ampliar este plazo de alegaciones, que comenzó a finales de agosto y finalizaba el 4 de septiembre, hasta el pasado día 11. Por el momento, se desconoce cuándo llegará al Consejo de Ministros, y si incorporará novedades de entre las alegaciones presentadas. Tanto las empresas tecnológicas, como ecologistas y asociaciones locales siguen en vilo la resolución de la normativa, clave para regular un sector crucial en el desarrollo económico de España en los próximos años.