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El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, presenta este lunes el cuadro macro que acompañará al proyecto de Presupuestos
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La Junta de Portavoces del Congreso acordó celebrar el 14 de julio el pleno extraordinario para aprobar la senda de déficit
En lo que va de legislatura, el Congreso de los Diputados no ha tenido ni siquiera la oportunidad de votar un proyecto de Presupuestos porque el Gobierno, aunque ha iniciado los trámites oportunos, nunca ha terminado de presentarlos. Las cuentas que operan son las de 2023, aprobadas antes de las elecciones generales del 23-J, por lo que la actual Cámara no ha vivido un debate clave en cualquier democracia: el de los Presupuestos Generales del Estado, la herramienta a través de la cual el poder Ejecutivo plasma sus prioridades políticas y los recursos necesarios para su cumplimiento.
Sin una mayoría parlamentaria suficiente, el Gobierno de Pedro Sánchez ha acabado «convirtiendo una excepción en norma», según José Ignacio López, catedrático de Organización de Empresas de la Universidad CEU San Pablo, y aunque el objetivo del Ejecutivo es llevar al Congreso el proyecto presupuestario de 2027, todo hace indicar que, una vez más, no conseguirá su convalidación. Con todos los puentes de comunicación rotos con Junts y con una desconfianza creciente en el PNV y en el resto de socios por los casos de corrupción, como quedó patente en el pleno del pasado miércoles, la legislatura previsiblemente concluirá sin cuentas, algo totalmente inédito.
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La presentación este lunes del cuadro macro por parte del ministro de Economía, Carlos Cuerpo, es uno de los pasos previos al inicio del trámite parlamentario para la aprobación de las cuentas. Pero en esta ocasión, y a diferencia de los años anteriores, la imposibilidad de sacarlas adelante puede desembocar en un adelanto electoral para principios de año. Es lo que exigió el PNV a Pedro Sánchez y es uno de los escenarios que ya asume el propio presidente.
«Que se prorroguen los Presupuestos está contemplado en la Constitución y es un mecanismo normal, previsto. La cuestión es que en este caso no ha sido ni una, ni dos veces«, explica López. Aunque el presidente del Gobierno y otros miembros del Ejecutivo han intentado restar gravedad a las sucesivas prórrogas, la oposición y los expertos censuran un procedimiento que impacta en la economía española.
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«Donde afecta de forma más negativa es en la inversión pública, la primera partida que se retrasa cuando no existen nuevos Presupuestos. Que no haya inversión pública influye en las infraestructuras, en la innovación, en las empresas. La inversión pública tiene un efecto tractor muy importante, multiplicador de la privada», subraya el profesor, que remarca que el hecho de que no haya Presupuestos «limita el crecimiento económico del país».
Además del impacto en la inversión, la consecuencia más evidente, señala López, es que el Congreso ha visto limitado el «control» que debe ejercer sobre los Presupuestos. «Son partidas aprobadas en 2022 para 2023 que están haciendo frente a una situación, la de 2026, que nada tiene que ver con lo que ocurría hace tres años. Se están tomando decisiones sobre cómo se modifica el gasto, qué partidas se incrementan, sin debate parlamentario y eso es una anomalía institucional importante«, apunta el profesor.
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Así, por ejemplo, el dinero que el Gobierno destina a Defensa se ha incrementado en los últimos años -el Ejecutivo aportó 5.000 millones extra en 2025 para cumplir el compromiso del 2% adquirido con la OTAN-, sin que se haya producido su correspondiente debate en el Congreso. Y eso ha sido posible porque, aunque existen una serie de límites sobre qué puede hacer el Gobierno con unos presupuestos prorrogados, hay mecanismos que permiten variaciones presupuestarias, fundamentalmente a través de las modificaciones de crédito.
Según los últimos datos disponibles de la Intervención General del Estado, en los cuatro primeros meses de este año, las modificaciones para mover el dinero de un lado a otro ascendieron a 32.188 millones de euros. Es una cifra significativamente superior a la de 2025, que fue de 19.765 millones, y a la de 2024, de 13.036 millones. Que el dato haya subido más de un 60% de un ejercicio a otro demuestra para los expertos que los Presupuestos de 2023 no sirven para cubrir las necesidades del país en 2026, a pesar de que el Gobierno insista en que las cuentas siguen siendo válidas.
El calendario de los Presupuestos
La Constitución establece que el Gobierno debe llevar el proyecto de Presupuestos Generales del Estado al Congreso tres meses antes de que concluya el año, es decir, como muy tarde el 30 de septiembre. Pero antes, el Ejecutivo tiene que presentar el techo de gasto y la senda de déficit, que también debe ser ratificada por el Parlamento. Si todo sale según lo previsto, esta última se votará en un pleno extraordinario convocado para el próximo 14 de julio, según acordó la semana pasada la Junta de Portavoces del Congreso, que reservó otra fecha, la del 23 de julio, por si hiciese falta retrasar el debate.
El techo de gasto establece la cantidad máxima de dinero de la que podrá disponer el Ejecutivo, excluido el pago de la deuda y sus intereses. La senda de déficit determina los objetivos de estabilidad que deben cumplir las administraciones (Estado, comunidades, ayuntamientos y Seguridad Social) en los tres años siguientes, es decir, cuánto pueden gastar de más en función de los límites que haya decretado la UE.
Una vez que el Congreso valida esta última, el Ministerio de Hacienda presenta el borrador de los Presupuestos en el Consejo de Ministros para posteriormente enviarlo al Congreso. Para cumplir con lo que establece la Constitución, debe ser antes de que empiece octubre. Es el plazo mínimo para que los grupos puedan debatir la ley que articula los Presupuestos, presentar enmiendas totales o parciales y concluir el trámite legislativo para que las nuevas cuentas entren en vigor el 1 de enero del año siguiente.