Los productores aseguran que existen soluciones para garantizar la sostenibilidad del sector y evitar el cierre de granjas familiares
Una explotación dedicada a la cría de cerdos en la Región. / Solete Slow Photo
La ganadería porcina murciana atraviesa uno de los momentos más delicados de las últimas décadas. Al menos así lo sostiene Adespofa, la Agrupación de Defensa Sanitaria de Ganado Porcino de Fuente Álamo, que en los próximos días convocará a medios regionales y nacionales para denunciar lo que considera un prolongado proceso de bloqueo administrativo que amenaza la continuidad de numerosas explotaciones y compromete el futuro de una actividad estratégica para la economía regional.
La organización asegura que, tras seis años de decisiones administrativas que califica de erróneas y perjudiciales, el sector se encuentra en una situación de «asfixia» derivada de expedientes sin resolver, restricciones productivas, sanciones y obstáculos que dificultan el mantenimiento de las explotaciones.
El director gerente de Adespofa, José Andrés García Cuestas, sitúa el origen del problema en un proceso que se remonta a finales de los años noventa, cuando las granjas fueron regularizadas conforme a la normativa ambiental vigente. Posteriormente, a partir de 2007, la expansión del modelo de integración ganadera provocó cambios de orientación productiva que, según recuerda, fueron autorizados por la propia Administración regional.
La situación cambió con la aprobación de la Ley de Recuperación y Protección del Mar Menor. García Cuestas sostiene que muchos ganaderos que habían seguido las directrices oficiales pasaron a encontrarse con que su realidad productiva era considerada irregular. «La Administración nos dijo cómo debíamos actuar y ahora pretende responsabilizar a los productores de decisiones que fueron autorizadas por ella misma», afirma.
Según explica, una de las consecuencias más visibles ha sido la reducción obligada de la capacidad de numerosas explotaciones. Granjas que contaban con autorizaciones para albergar varios miles de animales habrían tenido que rebajar su actividad hasta las 2.000 plazas, lo que, según el sector, ha supuesto una merma directa de ingresos y ha dejado infrautilizadas instalaciones construidas para una producción mayor.
Otro de los principales reproches del sector se refiere a los procedimientos ambientales iniciados hace años. Según Adespofa, numerosos expedientes de autorización ambiental integrada continúan pendientes de resolución pese a haber sido presentados desde 2007 y haber supuesto importantes inversiones para los ganaderos.
A esta situación se suma, según denuncian, una política sancionadora que califican de desproporcionada. García Cuestas asegura que la Consejería ha optado habitualmente por la sanción directa o incluso por amenazas de cese de actividad en lugar de aplicar medidas de apercibimiento o corrección previa. «Hoy tenemos una consejería que opta por dos vías: o sanción directa o cese de actividad», sostiene.
La asociación rechaza además que las explotaciones sean responsables de los niveles de contaminación que se les atribuyen. El dirigente ganadero asegura que los controles realizados por el sector no evidencian afecciones significativas al subsuelo y defiende que existen alternativas técnicas capaces de compatibilizar la producción porcina con la protección ambiental.
Más allá del debate jurídico y medioambiental, Adespofa pone el acento en las consecuencias económicas. Según los cálculos expuestos por García Cuestas a La Opinión, las limitaciones impuestas al sector habrían provocado una pérdida acumulada de 205,6 millones de euros en el PIB municipal de Fuente Álamo, una cifra que incluye la reducción de plazas ganaderas, la imposibilidad de ampliar explotaciones y la depreciación patrimonial de numerosas instalaciones.
El responsable de la agrupación recuerda además que el porcino constituye una actividad de enorme peso económico en la Región de Murcia. Durante una comparecencia en la Asamblea Regional celebrada en junio de 2024, destacó que se trata de la tercera actividad agropecuaria por volumen económico y empleo, con una aportación cercana a los 1.000 millones de euros.
La explotación familiar
Pese a la dureza de sus críticas, García Cuestas insiste en que el sector no cuestiona la necesidad de proteger el Mar Menor. Al contrario, reivindica que los ganaderos han presentado propuestas técnicas para minimizar cualquier impacto ambiental y lamenta que, a su juicio, no hayan sido atendidas por las administraciones competentes.
La principal reclamación de Adespofa pasa por sustituir el actual enfoque sancionador por una política basada en la adecuación técnica de las explotaciones y la resolución de los expedientes pendientes. Mientras prepara la presentación pública de documentación y expedientes que, según anuncia, respaldan sus denuncias, la organización advierte de que el tiempo corre en contra de muchas explotaciones familiares.
Si nada cambia, García Cuestas prevé un escenario marcado por la desaparición progresiva de esas unidades productivas, una creciente concentración empresarial y una pérdida de riqueza en el medio rural murciano. «Las explotaciones familiares desaparecerán», advierte.
Granjas del siglo pasado para cerdos del siglo XXI
Mientras el sector, además de Adespofa, Coag, Asaja y UPA, denuncian la presión administrativa que, a su juicio, amenaza la continuidad de numerosas explotaciones porcinas en la Región, otros expertos señalan un problema distinto, aunque igualmente decisivo: la necesidad de innovar en buena parte de las granjas.
Es el diagnóstico que realiza José Miguel Ciutad, ingeniero agrónomo y consultor especializado en el sector porcino, quien considera que el debate no puede limitarse únicamente a las restricciones normativas. A su juicio, una parte importante de las explotaciones españolas, y especialmente de las murcianas, arrastran un importante retraso tecnológico y estructural.
Ciutad recuerda que el modelo de integración, desarrollado durante décadas por grandes compañías cárnicas, permitió el crecimiento del sector. Las empresas aportan animales, pienso, asistencia veterinaria y comercialización, mientras que el ganadero pone las instalaciones y se encarga del manejo. Un sistema que, según reconoce, ha resultado beneficioso para ambas partes. Sin embargo, sostiene que muchas de las granjas construidas entre los años sesenta y noventa han quedado desfasadas. «Los cerdos actuales no son los de hace cuarenta años», explica. La mejora genética ha producido animales más eficientes, pero también más sensibles al estrés térmico. En una región especialmente castigada por las altas temperaturas, el calor reduce el consumo de alimento, ralentiza el crecimiento y provoca pérdidas económicas. Según sus cálculos, las explotaciones murcianas podrían perder cada verano más de 20 millones de euros por la reducción de rendimientos asociada al calor. «Los animales beben más agua, pero comen menos. Si no comen, no engordan», explica.
El experto considera que la solución pasa por modernizar instalaciones, mejorar la ventilación, la refrigeración y los sistemas de manejo. Sin embargo, advierte de que los actuales incentivos dificultan ese proceso. El ganadero integrado recibe una retribución prácticamente fija por plaza, independientemente de que la granja sea más o menos eficiente, mientras que las pérdidas derivadas de un menor crecimiento recaen principalmente sobre la empresa integradora. Aun así, asegura que existen modelos que ya están funcionando. Algunas compañías de Cataluña y Aragón han comenzado a construir nuevos cebaderos y a reformar instalaciones antiguas para adaptarlas a las exigencias actuales de bienestar animal, eficiencia energética y bioseguridad.
Ciutad advierte de que España corre el riesgo de perder parte de la ventaja competitiva que la ha convertido en uno de los principales productores europeos. Aunque el país sigue exportando alrededor del 50% de su producción porcina, teme que, si no se acomete una modernización profunda, el peso de las importaciones aumente progresivamente hasta erosionar nuestra posición dominante.