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Los sindicatos reclaman que los salarios medios suban entre un 4% y un 7%
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Carlos Cuerpo cree que «es importante que el SMI se mantenga en línea con la evolución del salario medio»
Comisiones Obreras y UGT han pedido que el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) se eleve a unos 1.307 euros al mes, un 7% más respecto a los 1.221 euros actuales. Este incremento supondría un aumento mensual de 85,50 euros, lo que lo situaría en los 18.298 euros brutos anuales en 14 pagas. En estos momentos, el SMI es de 17.094 euros brutos.
Además, los sindicatos han solicitado que la revisión salarial se extienda al conjunto de las nóminas. «Hay que subir los salarios en España entre un 4% y un 7%», ha manifestado Unai Sordo en una rueda de prensa conjunta para presentar la convocatoria de huelga general del 11 de noviembre.
El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha afirmado que «es importante que el SMI se mantenga en línea con la evolución del salario medio«. A preguntas de los periodistas tras comparecer en un acto, ha asegurado que «hay un procedimiento para valorar cuál debe ser la subida del SMI» que empieza «con el análisis de los expertos para evaluar la evolución de la economía, los precios o el IPC». Así, ha recordado que el Gobierno está «a la espera de la recomendación del comité de expertos«.
Los contactos para la subida del SMI ya han empezado
Hace pocos días, se produjo la primera reunión de esa comisión asesora del SMI, cuya dotación el gobierno tiene intención de aprobar antes de las elecciones del 29-N. La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, solicitó a sus integrantes que planteasen una subida que evitase la pérdida de poder adquisitivo y que el futuro alza iguale al menos la inflación desatada en los últimos meses por la guerra en Irán, que en septiembre escaló al 4,0% por el encarecimiento de los carburantes. EI IPC acumula un alza del 3,3%, por lo que la subida de SMI debe oscilar entre el 3% y el 3,5% para no perder poder adquisitivo por la inflación. Díaz pidió que el informe de subida estuviese listo para finales de este mes o principios de noviembre. El SMI se por Real Decreto en Consejo de Ministros, por lo que no tiene que superar ningún trámite parlamentario. De hecho, las seis últimas subidas del SMI no han contado con el beneplácito de los empresarios.
«Teniendo en cuenta el desfase entre la subida aplicada en febrero de este año y el IPC, estamos hablando de una diferencia en torno al 2%. Por tanto, creemos que el aumento del SMI para 2027 debe alcanzar, como mínimo, el 7%«, ha defendido Pepe Álvarez, secretario general de UGT.
Los sindicatos también han exigido a la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) a que abra el diálogo para un nuevo acuerdo para la negociación colectiva, que venció en 2025. Este marco legal ampara, entre otros asuntos, los acuerdos de las subidas salariales en las empresas.
La reforma pendiente de la absorción de pluses
Unai Sordo, secretario general de CCOO, ha recordado el compromiso del Gobierno de reformar las reglas de absorción de los pluses salariales del SMI. Este cambio legislativo pretende evitar que las empresas compensen la subida del SMI mediante pluses como la nocturnidad o la peligrosidad, en vez de sumarlos al salario base. El Tribunal Supremo avaló esta práctica empresarial en 2022.
Sordo se ha mostrado contundente respecto a la reforma de este punto. «Yo no creo que estemos en una negociación al uso», ha precisado, «por nuestra parte, es una demanda: control horario y absorción de pluses. No movemos una coma de lo dicho».
La patronal, rechaza la subida
La Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) y la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (Cepyme) han rechazado con rotundidad esta propuesta. El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha asegurado que mover este debate a las puertas de las elecciones generales del 29 de noviembre responde «exclusivamente a una estrategia de campaña política«. Así, ve «injustificado» que se intente aprobar una nueva subida cuando la última actualización entró en vigor a principios de año.
Las patronales han puntualizado que una parte muy importante del tejido empresarial español está compuesto por «pequeños comercios, bares o panaderías» que no pueden absorber continuamente el aumento de los costes laborales y las cotizaciones sociales sin dañar su productividad. También han reiterado su negativa a que el Ministerio prohíba por ley la «absorción y compensación» de los pluses.
Vivienda, el otro gran eje del 11-N
Los portavoces sindicales también han desgranado sus peticiones en materia de vivienda, el otro motor del paro general. La creación de un parqué público permanente; la aprobación de un fondo para la construcción de 100.000 viviendas asequibles tanto en régimen de alquiler como de compra; la limitación al precio de los alquileres; facilitar el acceso a un crédito hipotecario; la protección a los más vulnerables frente a los desahucios o «cortar de raíz» el uso de las viviendas turísticas son algunas de las medidas propuestas.
«Las consecuencias que tiene la vivienda sobre los salarios son innegables», ha insistido Álvarez, «venimos diciendo desde hace mucho tiempo que no hay convenido colectivo que resista el impacto que tiene el precio de la vivienda sobre el coste de la vida«. El secretario general de UGT ha señalado que «no se puede eximir a nadie, pero las competencias decisivas en vivienda son de las Comunidades Autónomas».
Acompañar el «malestar» de la calle
Ambos secretarios generales han defendido la necesidad de ejercer el derecho a huelga el próximo 11-N ante el «malestar» de la calle tras el desahucio de Maricarmen. Además, han defendido que empezaron a sopesar esta convocatoria tras la suspensión de los dos reales decretos sobre la vivienda en el Congreso y «antes de que el presidente Pedro Sánchez anunciara que disolvía las cortes«, ha defendido Pepe Álvarez. «Hagamos lo que hagamos, nos van a zumbar», ha puntualizado Unai Sordo, líder de CCOO.