Las quejas de Francisco Camino tras la presentación de la maqueta del Auditorio llevaron al exalcalde a convocar un concurso
LA OPINIÓN
El detonante del proceso judicial que ha terminado en la condena al expresidente de la Comunidad y exalcalde de Puerto Lumbreras, Pedro Antonio Sánchez, a tres años de cárcel fue la presentación del proyecto del Auditorio realizada por el entonces regidor junto al arquitecto Martín Lejarraga, que también ha sido condenado a 16 años y seis meses de inhabilitación.
Cuando el entonces decano del Colegio de Arquitectos, Francisco Camino, se quejó a finales de 2006 de que el encargo se había hecho a dedo, Pedro Antonio Sánchez convocó un concurso a toda prisa para cumplir el trámite legal. El expresidente defendió después que cuando se presentó la maqueta del Auditorio a finales de 2006 no había ningún proyecto de obra , sino únicamente un esbozo.
Según se recoge en la sentencia conocida este lunes, el encargo del proyecto se produjo «en fecha no concretada del año 2005, pero anterior a septiembre de 2005, verbalmente y sin previo expediente alguno de contratación» para que el Ayuntamiento solicitara las subvenciones que ofrecía la Comunidad. «El anteproyecto fue remitido a la Dirección General de Cultura en junio de 2006».
Según declaró Camino ante la comisión de investigación que se abrió en la Asamblea Regional, el Ayuntamiento «dio trece días de plazo para presentar los proyectos y, además, convocó el concurso el Día de los Inocentes. Era humanamente imposible presentar un proyecto en ese tiempo. Ni siendo Superman», aseguró el exdecano en el Parlamento autonómico cuando compareció en mayo de 2016.
El Colegio de Arquitectos recurrió el concurso, lo que dio lugar a la defenestración del decano y a la sustitución del abogado de esta institución. Camino contó que los recursos del Colegio «se dejaron morir», mientras que la obra fue adjudicada finalmente y ejecutada por Martín Lejarraga con los seis millones de subvención que le concedió la Comunidad Autónoma.
Sin embargo, la Fiscalía abrió una investigación cuando el Ayuntamiento liquidó la obra a la empresa adjudicataria, a pesar de que el Auditorio estaba sin terminar, y presentó la querella que dio lugar a la apertura de la causa judicial en el Juzgado de Lorca, remitida después a la Sala de lo Civil y Penal del TSJ.
Pedro Antonio Sánchez tuvo que prestar declaración en el Juzgado de Lorca el 17 de julio de 2015, apenas unos días después de su toma de posesión como jefe del Ejecutivo regional. El entonces alcalde de Lorca, Francisco Jódar, acudió a la sede del Juzgado para acompañar al presidente en aquel trance.
Se iniciaba así un procedimiento que dio lugar al inicio del juicio en septiembre de 2022. Mientras tanto, el edificio inconcluso lleva una década abandonado y sin posibilidad de darle ningún uso.
Otras cuatro causas contra el expresidente fueron archivadas
El caso Auditorio es el único proceso judicial contra el expresidente Pedro Antonio Sánchez que ha llegado a juicio, aunque su imputación en la trama Púnica fue la que le obligó a presentar su dimisión como jefe del Ejecutivo regional en abril de 2017, al saberse que se había reunido con uno de los cabecillas, aunque no firmó ningún contrato.
El Grupo Parlamentario de Ciudadanos en la Asamblea Regional, que había firmado el acuerdo de investidura con el PP, llegó a presentar una moción de censura, que habría dejado al Gobierno en minoría. Tras la dimisión, Fernando López Miras ocupó la Presidencia y Cs retiró la moción. Poco después Sánchez fue exculpado en la trama Púnica.
El expresidente estuvo imputado en otros tres procesos judiciales, además de la Púnica y el caso Auditorio, por lo que fueron cinco causas en total. El primero, que se abrió a causa de las supuestas compensaciones urbanísticas al promotor al que le había comprado su casa en Puerto Lumbreras, fue archivado.
Los otros dos, el caso Pasarelas, motivado por la fragmentación de contratos en la obra de la rambla de Nogalte, realizada por el mismo arquitecto del caso Auditorio, Martín Lejarraga, y el caso Guardería, decayeron porque el fiscal incumplió el plazo legal de seis meses establecido por el PP en 2015 para solicitar al juez la declaración imprescindible para continuar la instrucción.