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EAPN alerta del riesgo de exclusión y de una brecha de 12,4 puntos entre el norte y el sur de España
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El coste del alquiler ahoga a los hogares vulnerables mientras las ayudas sociales mitigan el impacto
La Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español (EAPN-ES) ha presentado esta mañana la segunda parte de su XVI Informe: El Estado de la Pobreza 2026. Pobreza y territorio: Comunidades Autónomas y Unión Europea. La investigación, coordinada por el director técnico Alejandro Sanz Angulo y redactada junto a Ruth Caravantes Vidriales y Gabriela Monge Sarango, ofrece una minuciosa radiografía sobre la desigualdad socioeconómica en España a partir de los datos oficiales más recientes recogidos por la Encuesta de Condiciones de Vida del Instituto Nacional de Estadística (INE).
Los resultados reflejan que la tasa AROPE (indicador europeo que mide el riesgo de pobreza y/o exclusión social) afecta al 25,9% de la población española. Aunque este valor muestra una estabilización respecto a ejercicios anteriores, la investigación destaca cómo la inaccesibilidad a la vivienda y la persistente brecha territorial condicionan gravemente el bienestar material de millones de familias.
Radiografía de la pobreza estatal
El estudio subraya que el riesgo de pobreza sigue constituyendo el componente de mayor peso dentro del indicador AROPE. En España, la tasa de riesgo de pobreza monetaria se sitúa en el 19,5%. Este porcentaje engloba a todas aquellas personas que residen en hogares con unos ingresos anuales inferiores al umbral oficial, fijado en 12.220 euros por unidad de consumo al año (equivalente a 1.018 euros mensuales).
Al analizar la distribución por sexo y grupos de edad, la pobreza muestra un claro sesgo de género y una marcada incidencia en la infancia. Las mujeres registran una tasa de pobreza del 28,0%, frente al 23,9% en el caso de los hombres. Por su parte, la población menor de 18 años vuelve a situarse como el grupo de edad más vulnerable de la sociedad, con una tasa que alcanza el 36,8%. Le siguen las personas de 65 años y más, con un 25,8%, los jóvenes de 18 a 29 años, con un 24,5%, y el tramo de 30 a 64 años, con un 22,6%.
Una marcada brecha territorial
Uno de los aportes centrales del informe de EAPN-ES es el análisis de las divergencias entre las distintas regiones españolas, confirmando una clara diferenciación estructural entre el norte y el sur de la península. En las comunidades autónomas situadas en la mitad sur del país, la tasa de riesgo de pobreza alcanza un promedio del 26,5%, mientras que en la mitad norte dicha cifra se reduce de manera sustancial hasta el 14,1%.
Esta brecha territorial, que había logrado reducirse paulatinamente desde los 16,2 puntos porcentuales registrados en 2016 hasta los 11,8 puntos en 2022, vuelve a ampliarse en esta edición hasta alcanzar los 12,4 puntos porcentuales de diferencia. Los autores del informe advierten de que, si bien la evolución general muestra avances desde la crisis financiera, el contexto socioeconómico actual ha consolidado una bolsa estructural de población en situación de vulnerabilidad en determinados territorios.
El impacto en las regiones
El informe detalla notables diferencias cuantitativas al analizar cada comunidad autónoma de forma individual. Por la parte superior, las ciudades autónomas de Melilla (39,3%) y Ceuta (37,0%), seguidas de Andalucía (27,7%), la Región de Murcia (26,7%), Extremadura (26,2%), la Comunidad Valenciana (26,0%) y Castilla-La Mancha (25,9%), registran las tasas de pobreza más elevadas del Estado. Solo en Andalucía, el 27,7% de pobreza implica a más de 2,4 millones de personas en esta situación.
En el extremo opuesto, Euskadi (9,3%), Illes Balears (11,6%), Navarra (12,3%), la Comunidad de Madrid (12,7%) y Aragón (13,6%) presentan los indicadores de pobreza más reducidos. Respecto a la tasa AROPE global, Euskadi (14,7%), Illes Balears (15,2%) y Navarra (16,5%) se sitúan entre 7 y 10 puntos porcentuales por debajo de la media estatal. Sin embargo, el estudio alerta de que en varias regiones del norte —como Navarra, La Rioja, Catalunya, Aragón y Castilla y León— la tasa AROPE ha experimentado incrementos porcentuales en comparación con los valores registrados en 2015.
La vivienda como factor determinante
El apartado dedicado a las condiciones habitacionales concluye que el acceso y mantenimiento de la vivienda se ha convertido en uno de los principales motores generadores de pobreza en España. El informe documenta un cambio estructural en el modelo residencial, caracterizado por la progresiva imposibilidad de acceder a una propiedad y el desplazamiento forzoso hacia el mercado de alquiler, el cual se encuentra altamente desregulado y expuesto a tensiones especulativas.
El sobreesfuerzo financiero que representa el pago del hogar ahoga los presupuestos familiares. Entre la población que ya se encuentra bajo el umbral de la pobreza, el 28,3% destina más del 40% de sus ingresos disponibles a cubrir los costes de la vivienda a nivel estatal. Asimismo, las dificultades económicas se traducen en un 10,6% de la población total en España con retrasos adeudados en el pago del alquiler o de las cuotas hipotecarias.
Falta de vivienda social pública
Para explicar el impacto desproporcionado del mercado inmobiliario sobre las familias vulnerables, EAPN-ES analiza la oferta de vivienda protegida disponible. La investigación evidencia una profunda carencia de infraestructura pública: España cuenta únicamente con 1,3 viviendas en alquiler social por cada 100 habitantes (equivalente al 1,3% del parque residencial).
El parque de vivienda social en España, lejos del 9% previsto por el Gobierno
Esta cifra sitúa al país muy alejado de la media de la Unión Europea y a una distancia abismal de naciones como los Países Bajos (11,5%), Austria (9,8%), Dinamarca (8,6%) o Francia (6,1%). La falta de un parque público suficiente deja a las familias con menores ingresos sin alternativas habitacionales asequibles frente a las subidas de los precios de arrendamiento.
El papel de las prestaciones
Frente a la presión del mercado inmobiliario y la precariedad laboral, el estudio evalúa el impacto de las políticas públicas y las transferencias del Estado en la contención de la marginalidad. Los datos confirman que la acción redistributiva mediante pensiones, subsidios y ayudas de garantía de renta resulta indispensable para evitar que la pobreza alcance niveles desastrosos.
El informe evalúa de forma específica las pensiones contributivas. A nivel estatal, el 34,9% de las personas pensionistas recibe prestaciones con importes por debajo del umbral de pobreza. Más preocupante aún, un 16,0% percibe ingresos inferiores al umbral de pobreza severa (fijado en 8.147 euros anuales o 582 euros mensuales). En el caso de las pensiones de viudedad, percibidas mayoritariamente por mujeres, la proporción que no alcanza el umbral de pobreza severa se eleva hasta el 26,9%.
Retos de la Agenda 2030
El 16º Informe de EAPN-ES concluye recordando que el análisis territorial debe servir como evaluación intermedia de los compromisos asumidos en la Agenda 2030. Aunque la acción del Estado frena un empeoramiento radical mediante las transferencias públicas, el crecimiento del coste del alquiler y la energía amenaza con neutralizar los avances logrados en los últimos años.
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Desde la red social apelan a las administraciones públicas central, autonómicas y locales a implementar políticas de vivienda ambiciosas, reforzar los sistemas de rentas mínimas e incrementar el gasto en protección social. Solo mediante un abordaje integral que combine la regulación del mercado residencial con una redistribución eficaz de los recursos será posible corregir la fractura territorial y garantizar condiciones dignas para toda la ciudadanía.