Estos productos, de plantación mayoritaria en la Comunidad, son los que experimentan mayores diferencias entre el precio inicial al que se compran y el que finalmente paga el consumidor
Recogida de patata en un campo de Cartagena. / Iván Urquizar
Cultivos tradicionales de la Región de Murcia como la cebolla, la patata o el melocotón, en los que la Comunidad es uno de los mayores productores del país, se han convertido en los menos rentables para los agricultores murcianos por las amplías diferencias que existen entre el precio inicial al que se compran estos productos a los agricultores en su plantación, y el que finalmente paga el consumidor.
Esta disparidad de precios queda recogida en el Índice de Precios en Origen y Destino de los alimentos (IPOD) que elabora la Coordinadora de Organizaciones Agrarias y Ganaderas (Coag) para los productos en toda España. El presidente de Coag en la Región de Murcia, José Miguel Marín, indica que consultando el índice nacional se pueden hallar las mayores diferencias. «En la Comunidad los productos que más sufren estas diferencias son las futas y las hortalizas, la cebolla, por ejemplo tiene un diferencial importante», incide.
Coag reclama a las autonomías que establezcan observatorios de formación de precios
En concreto, la cebolla se compra a los agricultores a 30 céntimos el kilo, mientras que los consumidores las compran a 2,04 euros el kilo. Esto supone una diferencia porcentual entre el precio de origen y el de destino del 580%.
Un porcentaje similar al que experimenta la patata, que en la Región de Murcia es un producto importante, ya que es la cuarta comunidad autónoma con mayor superficie cultivada y producción de este tubérculo, cuenta con dos cosechas al año y es uno de los mayores exponentes del Campo de Cartagena. No obstante, a los agricultores que cosechan variedades como la agria, la spunta, la monalisa y la ágata les pagan por su producto a 27 céntimos el kilo. Los consumidores, por su parte, la compran a cerca de 2 euros el kilo, en concreto, a 1,81 euros. Esto señala Coag que supone una diferencia del 570% entre los dos precios.
El melocotón, por su parte, experimenta una desigualdad de valor inferior, de un 516%. Esto implica que a los productores de las 13.000 hectáreas aproximadamente dedicadas a esta fruta, se compra su producto a 67 céntimos el kilo, mientras que su precio final al consumidor es de 2, 04 euros el kilo.
La lista de agravíos comprativos entre un precio y otro continúan en más de una veintena de productos agrarios y también ganaderos como la carne de cerdo que pasa de 1,33 euros el kilo a casi 7 euros finalmente. Esto explica Marín que tiene su origen en la ley de la cadena agroalimentaria. «Esta norma establece que no se puede vender a pérdidas, es decir, un agricultor no debería vender su producto por debajo de los costes de producción y lo protege esta ley».
Los agravios comparativos también afectan a los productos ganaderos como la carne de cerdo
Además, esta ley «establece que debe de haber observatorios de formación de precios, que es lo que desde Coag reclamamos a las comunidades autónomas, aunque no estamos teniendo mucho éxito a la hora de que se impulsen estos observatorios de la formación de precios», subraya. Lo que ocurre para que los precios se eleven apunta a que «desde que se vende un producto en origen hasta que llega al lineal en un supermercado, pues tiene unos costes que es indudable de manejo, de manipulación en algunos casos, de transporte, de estríos, etc., pero nos parece que esas diferenciales deben de estar justificadas».
Por ello, desde Coag reclaman «transparencia en los datos de sus costes a las empresas que compran al agricultor, segundo eslabón de la cadena, y las empresas de distribución, tercer eslabón, pero no están por la labor, ni la industria transformadora, ni la comercializadora». Añade que su sector sí indica sus costes y pide al resto que haga lo mismo para «poder decirle al consumidor por qué el producto tiene ese precio por los motivos que sean y su justificación».
Asimismo, pide que «todos aporten también su margen de beneficio y que esta información sea pública y transparente para todos los consumidores con el objetivo de explicar y garantizar que no hay casos de especulación ni de márgenes abusivos, sino que hay un reparto proporcional para todos».
«No podemos hacer nada»
Estos márgenes diferenciales entre el precio inicial y el final de los productos agrarios y ganaderos, indica Marín que «se han mantenido estables sin alteraciones en los últimos dos años«. En este sentido, subraya que «los agricultores no podemos hacer absolutamente nada contra esto».
«No tenemos ninguna capacidad de influencia sobre los precios en los puntos de venta», lamenta Marín, que añade que «simplemente nos podemos limitar a apelar al resto de miembros de la cadena a que los margenes no sean abusivos y que el precio de venta sea lo más equitativo posible.
Por su parte, desde la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (Asaja) en la Región de Murcia, su presidente Juan de Dios Hernández, apunta a que la solución que propone Coag «es muy difícil de realizar porque supondría intervenir los mercados y eso no se puede hacer». Por lo que propone que «se vertebren unos precios mínimos vitales para el productor respetando la ley de la cadena alimentaria». Señala que reclama esta medida para los agricultores ya que «es el que asume la repercusión del beneficio hasta el final de la cadena y es, sin embargo, el que menos percibe».
En su opinión, «es al agricultor al que más se le debería proteger, por ello, la solución pasa porque se tomen medidas a nivel autonómico y estatal para establecer que el agricultor respetando la ley de la oferta y la demanda perciba una renta mínima por producir, lo que sería un factor importante para la supervivencia del sector».
Entre los productos que Hernández destaca que más están sufriendo las desigualdades de precios está la patata, también señalada por Coag. «Se están labrando plantaciones en las que no es ni rentable la recogida, por lo que toda la inversión que se ha hecho para sacar esa producción está perdida». Misma situación señala que atraviesan «los limones, las naranjas o la verdura que, en el caso de los limones, se pagan a 25 o 30 céntimos el kilo y luego se venden a 2,5 o 3 euros».
Esto va a suponer, según Hernández, que «España va a perder la soberanía alimentaria y vamos a tener que depender a corto y medio plazo de alimentos de otros países». En la Región de Murcia, señala que «todos los productos están asumiendo estas diferencias de precio» y denuncia que «en la venta final las grandes superficies establecen precios con múltiplos de 3 o 4, mientras que los agricultores apenas perciben los costes de producción o asumen pérdidas».
Estas pérdidas, explica Hernández, «las asumen año a año los agricultores hasta que abandonan las plantaciones, sin que nadie las releven» porque «están viendo a sus padres que malviven, que no tienen una renta digna para poder sobrevivir, y al final deciden dejar este sector».