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El juez rechaza imponer medidas cautelares a Zapatero como reclamaban la Fiscalía y las acusaciones populares
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El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha negado este miércoles que haya influido en el rescate de la aerolínea Plus Ultra, que recibió una ayuda pública de 53 millones de euros en 2021 y ha defendido que solo hizo trabajos de consultor, según han indicado fuentes presentes en su declaración ante el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama, que instruye el caso Plus Ultra.
Zapatero, que había sido citado este miércoles como imputado por presuntamente liderar una trama «estable y jerarquizada de tráfico de influencias», ha negado haber tenido nunca contacto directo con Plus Ultra, así como ha negado también haber contactado con ninguna autoridad para el rescate. Si bien, ha admitido que conoció al actual presidente de la compañía, Julio Martínez Sola, también investigado, en 2024.
Asimismo, ha asegurado que él era simplemente un consultor y que solo hizo, por tanto, trabajos de consultoría política. En este sentido, ha relatado que él actuaba como experto en asuntos internacionales, sobre todo sobre países latinoamericanos, y que elaboraba informes, mantenía reuniones con clientes a los que asesoraba sobre este continente y acerca de inversiones, gracias a su conocimiento de política internacional.
También Zapatero ha explicado que su contrato con la empresa de su amigo Julio Martínez Martínez, propietario de Análisis Relevante y también investigado en la trama, era verbal.
Sobre sus hijas, ha explicado que se dedicaban al marketing e intervenían en trabajos de diseño, y ha defendido que su actividad profesional era real y que contaban con más clientes.
Pide tiempo para explicarse sobre las joyas incautadas
Además de por el rescate de Plus Ultra, el juez Calama quería preguntarle por el origen de las joyas intervenidas en su despacho, cuyo valor de tasación asciende a 1,3 millones de euros, y por las que abrió la semana pasada una pieza separada. Pero este miércoles Zapatero ha rehusado responder al respecto y ha vuelto a reclamar más tiempo para poder explicarse sobre las joyas. Así, ha calculado que en una semana o diez días podrá tener la documentación necesaria para ello.
Esta postura era de esperar, ya que la defensa del expresidente intentó sin éxito posponer la comparecencia sobre este asunto, alegando que había tenido poco tiempo para prepararla tras conocerse el pasado viernes el informe de tasación. Sin embargo, el juez rechazó la petición de posponerla, dado que las joyas se encontraron el pasado 19 de mayo en el registro del despacho de Zapatero ubicado en la madrileña calle de Ferraz.
Otro asunto sobre el que tampoco ha declarado ha sido sobre las numerosas conversaciones de directivos de Plus Ultra que fueron halladas en el móvil de un accionista, Rodolfo Reyes, y que una agencia norteamericana entregó a la Policía Nacional este año, y en las que se hablaba de «pedir ayuda a Zapatero» para conseguir el rescate de la aerolínea, o en las que Reyes se refería al expresidente como su «pana». La defensa ha justificado esta falta de respuesta dado que esas conversaciones se encuentran impugnadas, ya que cuestionaron si autenticidad.
Además, ha negado haber tenido una sociedad en Dubái, ni fuera de España, ni haber dado instrucciones para crear una. También ha dicho no saber nada sobre conversaciones con empresarios para la compra de oro o petróleo en Venezuela.
Solo contesta al juez y a su abogado
La declaración de Zapatero, quien solo ha contestado a las preguntas del juez Calama y de su defensa, Víctor Moreno, se ha prolongado durante casi tres horas. Como investigado que es, tenía derecho a no prestar declaración, a no contestar a alguna o algunas de las preguntas que se le formulen, y a no declarar contra sí mismo. Antes de arrancar la declaración, el magistrado ha ordenado retirar los móviles de los presentes en la sala para evitar filtraciones.
Zapatero, que estaba citado a las 9:00 horas, ha llegado en coche hasta las inmediaciones de la Audiencia Nacional unos diez minutos antes. A continuación, ha accedido a pie por la puerta principal, que suele estar reservada para jueces, fiscales y funcionarios, tal y como había reclamado por motivos de seguridad. A su llegada, ha sido recibido por algunas personas que se agolpaban en los alrededores entre abucheos y gritos de «sinvergüenza», «chorizo» y otros insultos. En cambio, a su salida, el exlíder socialista lo ha hecho por el acceso de público, donde le ha recogido un coche, que ha salido del perímetro por la calle General Castaños.
Su declaración ha causado una gran expectación mediática, con centenares de periodistas y cámaras en las puertas de la Audiencia Nacional. Y es que era la primera vez en la historia de la democracia que un exjefe del Ejecutivo tenía que declarar como imputado. Y lo ha hecho por varios delitos: tráfico de influencias, organización criminal, blanqueo y falsedad documental en el caso Plus Ultra, además del delito fiscal y contrabando, recientemente imputado en la pieza separada abierta por el juez Calama por las joyas incautadas.
En un comunicado, el expresidente del Gobierno ha defendido su inocencia y ha mostrado su confianza plena en la Justicia. «Se me acusa de muy graves delitos que no he cometido», ha denunciado, al tiempo que ha pedido «confianza» para demostrar su inocencia. «La verdad se abrirá paso», ha asegurado. También ha afirmado que «en los próximos días» irá dando «las explicaciones oportunas».
El juez rechaza imponer medidas cautelares como pedían Fiscalía y acusaciones
Tras su declaración, se ha celebrado una vistilla sobre las medidas cautelares a adoptar, en la que la Fiscalía ha pedido la retirada del pasaporte, incluido el diplomático, la prohibición de salir de España, y la comparecencia cada 15 días ante el juzgado. También el PP, que coordina las acusaciones populares personadas en la causa, ha solicitado las mismas medidas. Sin embargo, el juez Calama ha rechazado la imposición de medidas cautelares pero no cambia de idea sobre los indicios que tiene contra él.
En un auto al que ha tenido acceso RTVE, el magistrado descarta la imposición de medidas cautelares alegando que Zapatero es una persona de «pública notoriedad», una circunstancia que «dificulta de manera evidente que pueda situarse en una posición de ilocalización o sustraerse discretamente al procedimiento». En su opinión, su visibilidad pública y manifiesto arraigo en el territorio, unidos a la ausencia de cualquier indicio de intención evasiva, excluyen razonablemente la existencia de un riesgo de fuga real y actual.
Además, incide en que la adopción de medidas cautelares solo puede justificarse si existe «razonables sospechas de la comisión de un delito» y recuerda que la «mera existencia de indicios no habilita por sí sola la adopción de medidas restrictivas». «Es imprescindible que concurra además un riesgo procesal concreto, no hipotético, ni meramente posible», añade. También resalta que la medida cautelar no se puede convertir «nunca en una forma de sanción anticipada».
También cree que para imponerle alguna medida cautelar «no basta con la mera condición de investigado ni con la gravedad del delito imputado, es necesario un análisis individualizado que justifique por qué esa persona, en ese momento procesal, podría sustraerse a la acción de la Justicia».
Y advierte que tampoco se aprecia otro de los requisitos para imponer las medidas que es el riesgo de ocultación o destrucción de pruebas, pues considera que los elementos relevantes ya han sido intervenidos.
La Fiscalía Anticorrupción y el PP habían solicitado esas medidas cautelares ante el riesgo de fuga. En el caso de Vox, Hazte Oír, Liberum e Iustitia Europa, las otras acusaciones populares, habían elevado su petición y reclamaban prisión provisional ante el riesgo de fuga.
El abogado y presidente de Iustitia Europa, Luis Pardo, ha señalado que España no podía «permitirse la posibilidad de tener otro (Carles) Puigdemont», razón por la cual ha instado al PP que solicitase prisión provisional, petición a la que se ha sumado el abogado de Hazte Oír Javier Pérez Roldán, quien ha explicado que el PP, que es la única acusación popular que ha podido asistir a la declaración, no ha querido por la condición de expresidente de Zapatero.