Gestha advierte de que la rebaja en el tramo autonómico del impuesto anunciada por Miras reduciría la recaudación ante el debate sobre la condonación de la deuda
Un jornalero en una finca de melocotones de Cieza. / Javier Gómez Bueno
Unos 21.000 murcianos que cobran el salario mínimo en la Región tendrían que tributar por el IRPF, según las cálculos de Gestha, si no se alcanza un acuerdo entre los ministerios de Hacienda y de Trabajo que eleve la exención fiscal para los trabajadores con los sueldos más bajos. El consejero de Hacienda, Luis Alberto Marín, defendió ayer la creación de un nuevo tramo en la escala autonómica del IRPF «para minimizar el impacto negativo que va a tener en los bolsillos de quienes menos renta tienen la obligación impuesta por el Gobierno central de tributar por el salario mínimo».
El secretario general de la organización de los técnicos de Hacienda, José María Mollinedo, recordó que tendrán que pagar 300 euros al año de IRPF los trabajadores que cobran el salario mínimo si tienen jornada completa todo el año y son solteros. Los perceptores que tengan un hijo mayor de tres años y hagan la declaración de la renta individual tendrán que aportar 99 euros.
El secretario general de Gestha no comparte el importe de la recaudación ofrecido por la ministra, que cifra en 2.500 millones la pérdida de ingresos que se produciría al eximir a los perceptores del salario mínimo del IRPF. Está convencido de que el impacto real sería mucho menor.
Explica que la tributación de los contribuyentes con los salarios más bajos es muy inferior debido a «un mecanismo corrector conocido como ‘error de salto’», que se aplica para evitar que un trabajador ganando más dinero «ingrese menos que otro con un retribución inferior debido al IRPF».
Ante las discrepancias entre la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y la de Trabajo, Yolanda Díaz, Mollinedo apunta que los 1.184 euros mensuales que alcanzará el salario mínimo en 2025 no suponen en la práctica una capacidad adquisitiva superior a la de 2018, «cuando se reducía a 735 euros mensuales, debido a la elevada inflación que se ha producido en los últimos años».
Respecto a la rebaja en el tramo autonómico del IRPF anunciada por López Miras para compensar la tributación, Mollinedo advierte de que «puede beneficiar a otros contribuyentes, aunque ganen 70.000 euros, y haría caer la recaudación.
Recuerda que «el día 26 está convocado el Consejo de Política Fiscal para hablar sobre la condonación de la deuda y la reforma de la financiación autonómica», por lo que cree que sería «poco coherente» plantear la rebaja en este momento. «La ministra Montero puede contestarle que cómo va a reclamar mejores condiciones cuando está aprobando reducciones fiscales que erosionan aun más tu financiación», apunta.
Tramo autonómico
Por su parte, el consejero de Hacienda lamenta que «la decisión de obligar a tributar» a los perceptores del salario mínimo «castiga duramente a quienes menos tienen y cuestiona la idea de justicia social y de progresividad fiscal de la que tanto hablan el presidente Sánchez y su ministra Montero».
Luis Alberto Marín (derecha) y Javier Celdrán. / CARM
En un foro tributario organizado por la consultora PWC, Marín manifestó que «este nuevo castigo se enmarca en el modelo de voracidad fiscal de un Gobierno que no crea riqueza, sino que la destruye. Frente a esto, en la Región apostamos por un modelo de moderación fiscal y de impulso de la actividad económica, comercial e industrial que, a la larga y como hemos demostrado con datos, supone también más recursos para sostener y mejorar el Estado del Bienestar».
La Mesa del Congreso ha admitido a trámite este martes las cuatro proposiciones de ley presentadas por PP, Sumar, Podemos y una conjunta de ERC y BNG para dejar dejar exento de tributación el Salario Mínimo Interprofesional (SMI), un asunto sobre el que la parte socialista del Gobierno ha dejado claro que no va a dar marcha atrás, informa EFE.
El Gobierno tiene ahora un plazo de un mes para pronunciarse sobre las peticiones y decidir si las veta.