Todas las formaciones políticas están obligadas a contar con un plan de prevención desde la Ley de Garantía de la Libertad Sexual
Yolanda Díaz e Íñigo Errejón, en el Congreso de los Diputados. / Fernando Sánchez / Europa Press
Ningún partido político de la Región reconoce haber tenido que poner en práctica nunca su protocolo contra el acoso sexual o contra agresiones sexuales porque, aseguran, no se han detectado casos.
Después de que Sumar reconociera que sus mecanismos de detección y prevención fallaron, dando lugar a que su propio portavoz en el Congreso, Íñigo Errejón, tuviera que dimitir la semana pasada por acusaciones de varias mujeres, el Partido Popular regional explica que el protocolo que aplican «para casos como el de Errejón es el de la denuncia inmediata, no el de tapar u ocultar el caso, ni tampoco mediar entre el agresor y la víctima, como se ha hecho en Sumar».
Fuentes del PP aseguran que se toman estos casos de acoso o agresión sexual «en serio» y no les guía «la politización ni la hipocresía que caracteriza a la izquierda».
Lo cierto es que todos los partidos están obligados a contar con un protocolo que prevenga de estas situaciones. Primero, porque así lo dice la Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual, y segundo, porque así también lo exige la reciente Ley de Paridad. Suelen ser las formaciones a nivel nacional las que crean estos planes de detección para que los asuman todas las delegaciones autonómicas.
El PP apuesta por «la denuncia inmediata, no tapar u ocultar el caso, como se ha hecho en Sumar»
Desde el PP afirman que hace más de un año que cuentan con uno, aunque no lo han hecho público.
El Partido Socialista de la Región, por su parte, recuerda que el 26 de abril de 2021 la Comisión Ejecutiva Federal aprobó su protocolo de intervención y prevención frente al acoso. Además, agregan, se hace mención al mismo en su Código Ético y de Conducta.
Ambos son públicos y se pueden consultar en la web. «Afortunadamente, no hemos tenido ningún caso similar», cuentan desde Murcia a La Opinión, en referencia al caso de Íñigo Errejón.
En Vox también tienen su protocolo contra el acoso y las agresiones sexuales, aunque dicen que tampoco han tenido la necesidad de usarlo en la Región. «El área de cumplimiento normativo, el Comité de Garantías y todos los órganos reguladores del partido estarían siempre pendientes de este tipo de cuestiones», indican fuentes internas de Vox, que destacan que su protocolo no es solo para acoso sexual de hombre a mujer, «sino para cualquier tipo de acoso laboral y del tipo». Asimismo, remarcan que «el único partido que pide el aumento de penas para violadores».
Los comités de garantías suelen servir también como recurso para las víctimas de acoso
De hecho, el protocolo explica que se aplicará a las situaciones que se producen «durante el trabajo, en relación con el trabajo o como resultado del mismo», y abarca «los espacios públicos y privados que son lugar de trabajo, los lugares donde se paga a la persona trabajadora, donde esta toma su descanso o donde come», bien sea «en desplazamientos, viajes, eventos o actividades sociales o de formación».
Por último, desde Podemos explican que cuentan con un protocolo de acoso laboral desde 2017, un protocolo de acoso sexual y por razón de género y LGTBIfobia desde 2019 y un plan de igualdad desde 2020, tal y como establece la ley.
En la Región, además todos sus principios vienen recogidos tanto en nuestro documento de feminismo como en el código ético. Además, «en el caso de que una persona militante padezca un comportamiento inadecuado por parte de otro militante, siempre puede recurrir a una comisión de garantías, que trabaja de forma independiente y que es la encargada de abrir un expediente interno y adoptar medidas disciplinarias, como suspender de militancia a la persona responsable e incluso de dar traslado a los juzgados, si fuera preciso», concluyen.