Las propiedades ‘olvidadas’ que el Estado tiene repartidas por la Región

El patrimonio público del Estado esconde un mapa ‘oculto’ de abandono y desuso por la Región de Murcia. La Dirección General de Patrimonio del Estado, dependiente del Ministerio de Hacienda, gestiona centenares de inmuebles, terrenos y propiedades, pero no todas gozan de una función activa o un aprovechamiento efectivo. Antiguos edificios administrativos, solares, viviendas, almacenes, juzgados, garajes, parcelas o incluso fortalezas y castillos permanecen vacíos, infrautilizados o pendientes de un nuevo destino, mientras que su mantenimiento supone un coste para las arcas públicas y su potencial sigue sin materializarse.

En la Comunidad el Estado asume que tiene hasta ocho propiedades ‘olvidadas’ tras el inventario que ha elaborado y que ha remitido a El Periódico, del mismo grupo editorial que La Opinión. Según el documento, constan como «No arrendadas ni cedidas a terceros», aunque en algunos casos se han intentado sacar a subasta sin éxito. De las ocho en territorio murciano, más de la mitad de ellas (5) se encuentran en Cartagena y su entorno, mientras que el resto se reparten entre Molina de Segura, Moratalla y Puerto Lumbreras.

Precisamente en este último municipio se da el caso más evidente y reconocible: el antiguo Parador de Turismo ubicado en el número 77 de la Avenida Juan Carlos I: un complejo hotelero situado a la entrada del municipio y concebido como parada estratégica entre el Levante y Andalucía. El establecimiento disponía de más de medio centenar de habitaciones, jardines, piscina, aparcamiento y restaurante. Tras su cierre, el inmueble fue cedido al Ayuntamiento en 2014 para implantar una escuela de hostelería, pero el proyecto nunca se materializó. En 2024 el propio Ministerio de Hacienda inició el expediente para revertir la cesión y recuperar el complejo. Para entonces, el antiguo Parador llevaba años expuesto al deterioro y al vandalismo, sobre todo en sus estancias interiores con cristales rotos, pintadas en las paredes, suciedad y basura acumuladas…

Hasta 828 bienes inmuebles de titularidad pública están ‘abandonados’ en toda España

Una valoración de la Delegación de Economía y Hacienda cifró en cerca de tres millones de euros la depreciación sufrida por el inmueble, cantidad que podría reclamarse al Ayuntamiento. El Consistorio rechazó el cálculo y sostuvo que el informe no diferenciaba adecuadamente los daños anteriores y posteriores a la cesión, además de defender que la responsabilidad de conservación era compartida. No se ha localizado una resolución pública posterior que permita dar por concluido el expediente.

Cartagena acapara hasta cinco

La primera propiedad referente al municipio portuario aparece en los números 43-45 de la calle Floridablanca, en el barrio de Los Dolores, aunque en el listado no aparece reflejado si el bien estatal es una vivienda o un bajo. También aparece en el informe otro bien ubicado en el número 1 de la calle Jacinto Benavente de la ciudad.

Las dos siguientes referencias llevan el patrimonio estatal hasta el litoral. Una figura genéricamente en el paraje de Calblanque, en Cabo de Palos, uno de los espacios naturales costeros mejor conservados de la Región, con arenales, dunas fósiles, salinas, ramblas, calas y acantilados y que la presión de visitantes obliga incluso a regular el acceso de vehículos todos los veranos.

La otra aparece en la urbanización El Mirador, también en Cabo de Palos, en el área litoral de Cala Flores y la playa del Descargador, dentro de una franja de pequeñas calas y construcciones residenciales, pese a que en el documento elaborado por Patrimonio no consta calle, número, bloque o parcela. Por último, aparece una referencia dentro del paraje del Castillo de la Atalaya, en el barrio de la Concepción. La denominación podría hacer pensar que el Estado conserva la fortaleza militar del siglo XVIII o el terreno sobre el que se levanta.

A pesar de que el Ayuntamiento de Cartagena anunció hace una década que el Ministerio de Hacienda le había cedido gratuitamente tanto el Castillo de la Atalaya como la parcela de 30 hectáreas que lo alberga, el Estado apuntaría así que tendría al menos un terreno situado en el mismo paraje, una finca residual no incluida en aquella cesión o una referencia que aún no habría sido actualizada.

La propiedad ubicada en Molina de Segura es mucho más fácil de encuadrar. El inventario identifica expresamente un cuarto izquierda en el número 15 de la calle Escultor Gil Riquelme, lo que indica que el Estado no posee necesariamente todo el inmueble, sino una vivienda concreta. Por último, el Estado consigna el último bien en la calle Castillo de Moratalla, número 2, una dirección asociada al Castillo-Fortaleza que corona el casco histórico. La construcción, de origen medieval y reconstruida por la Orden de Santiago, tiene como pieza principal una Torre del Homenaje del siglo XV.

Dentro de este ranking del olvido institucional, la Región se situaría con sus 8 propiedades en desuso en la vigesimotercera posición de una tabla que lidera Granada (125), Málaga (66) o León (45). En el cómputo global, serían hasta 828 los bienes inmuebles de titularidad pública sin uso en todo el país, de acuerdo con el inventario que registra la Dirección General de Patrimonio del Estado.