La Policía Nacional y el SEPE detectan irregularidades en prestaciones por desempleo en Murcia por casi 180.000 euros

Un dispositivo de control ha permitido suspender prestaciones, iniciar 13 expedientes de extinción del derecho y sancionar a beneficiarios que no acudieron a las citaciones

ONDA REGIONAL
21 OCT 2026 – 11:40
La Policía Nacional y el SEPE detectan irregularidades en prestaciones por desempleo en Murcia por casi 180.000 euros

La Policía Nacional y el SEPE detectan irregularidades en prestaciones por desempleo en Murcia por casi 180.000 euros

La Policía Nacional y el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) han realizado en Murcia un dispositivo de control de las prestaciones por desempleo que ha permitido un ahorro estimado de casi 180.000 euros.

De las 231 personas citadas, 141 no comparecieron, 68 fueron sancionadas con un mes de suspensión de la prestación y otras 73 vieron suspendidas sus prestaciones.

Además, se ha iniciado el procedimiento de extinción del derecho a 13 personas por trasladarse al extranjero sin comunicarlo al SEPE.

La operación se puso en marcha al detectar que el SEPE estaba recibiendo en la ciudad de Murcia un número anormalmente alto de solicitudes de prestaciones en las últimas semanas.

El objetivo era comprobar que esas solicitudes no se estaban haciendo con documentación falsa o suplantando la identidad de otras personas y, para ello, se citó a 231 beneficiarios de prestaciones por desempleo, de los que solo acudieron 90, mientras que los otros 141 se ausentaron.

En torno a la mitad de esas personas que no respondieron a la cita, un total de 73, se les ha suspendido la prestación económica que recibían, lo que supondrá un ahorro de más de 43.000 euros para las arcas públicas.

También se han iniciado los trámites para extinguir el derecho a la prestación que reciben otras 13 personas que ya no residen en España y no lo habían comunicado al SEPE, incumpliendo sus obligaciones como beneficiarios del paro.

Por este concepto, el SEPE se ahorrará unos 79.000 euros y otros 56.000 se dejarán de abonar a 68 personas que no acudieron a la cita y que tendrán suspendida la prestación un mes, al considerarse una infracción leve la no comparecencia.

En total, con esta operación se ha generado un ahorro de unos 180.000 euros a las arcas públicas que se estarían cobrando de manera fraudulenta.