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El fiscal general del Estado se reúne con la Junta de Fiscales de Sala y el Consejo Fiscal
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PorM. CARMEN CRUZ RTVE
4 min.La mayoría de la Junta de Fiscales de Salas han apoyado este jueves la continuidad del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, después de que este miércoles fuera imputado por el Tribunal Supremo por revelación de secretos y anunciara que no iba a dimitir.
Precisamente García Ortiz había reunido a la Junta de Fiscales de Sala para explicarles sus motivos para no dimitir, una decisión que ya había comunicado este martes nada más conocerse la imputación porque consideraba que «la continuidad en el cargo es lo menos gravoso y más prudente para la institución a medio y largo plazo».
Según ha podido saber RTVE.es en su intervención el Fiscal ha dicho que no ha cometido ningún delito y ha defendido la actuación de la fiscal jefa provincial de Madrid. Ha asegurado que Pilar Rodríguez Fernández se limitó a cumplir el estatuto.
Este miércoles, García Ortiz se convirtió en el primer fiscal general imputado en democracia, por un delito de revelación de secretos en el procedimiento por presunto fraude fiscal de Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
Solo ocho fiscales piden su dimisión
Según fuentes presentes en la reunión, ha sido un encuentro amable en el que una parte ha apoyado que García Ortiz se quedara al frente de la institución y otros le han aconsejado que deje el cargo. Tras su exposición de motivos, han intervenido una veintena de fiscales, y tan solo ocho le han pedido la dimisión.
Los que han pedido expresamente la dimisión de García Ortiz son los cuatro del ‘próces’ -Javier Zaragoza, Jaime Moreno, Fidel Cadena y Consuelo Madrigal-, los fiscales del Supremo Antonio Narváez y José Miguel de la Rosa; uno de los fiscales jefe de las secciones de lo Penal del Supremo, José Javier Huete; y la fiscal de Sala de Criminalidad Informática Elvira Tejada.
Actualmente la Junta de Fiscales de Sala está formada por 35 fiscales, y el fiscal general, aunque cuatro de sus miembros estuvieron conectados telemáticamente, pero se acordó que no podían tomar la palabra al no estar presencialmente.
En la Junta de Fiscales de Sala participan 16 fiscales asociados a la UPF, a la que perteneció García Ortiz; nueve de la AF; y 11 no asociados.
La reunión, que solo tenía carácter informativo, ha durado más de dos horas y media, y ha comenzado con la intervención de García Ortiz, que durante 15 minutos ha defendido el seguir en el cargo, ya que, asegura que no ha cometido ningún delito porque él no filtró ningún correo, tal y como ya explicó en una entrevista en La Noche en 24 Horas.
Asociaciones de fiscales piden su dimisión
Antes de la Junta, varias asociaciones habían pedido su dimisión en las últimas horas. En concreto, la Asociación de Fiscales (AF), mayoritaria en la carrera y de carácter conservador, así como la Asociación Profesional Independiente de Fiscales (APIF) han pedido su dimisión para evitar un «daño reputacional» a la carrera fiscal.
«Parece un contrasentido que los que tenemos que defender la legalidad tengamos como jefe directo una persona que está investigada. […] Es la imagen y tensión que va a sufrir la institución lo que nos preocupa», ha explicado la presidenta de la Asociación de Fiscales, Cristina Dexeus, en declaraciones a La Hora de La 1.
La única asociación que ha respaldado a García Ortiz es la Unión Progresista de Fiscales (UPF), que ha mostrado su preocupación por el desgaste de la figura del fiscal general del Estado y la institución.
La reunión con el Consejo Fiscal
Además, este jueves por la tarde, García Ortiz comunicará también su decisión de mantenerse en el cargo al Consejo Fiscal. Este encuentro se espera que sea tenso debido al enfrentamiento que mantiene García Ortiz con mayoría de las asociaciones conservadoras que cuestionan su mandato.
Este órgano consultivo está integrado actualmente por seis vocales de la AF, dos de la UPF y uno de la APIF, más las dos vocales natas -la teniente fiscal María Ángeles Sánchez-Conde y la fiscal inspectora María Antonia Sanz Gaite-.
Con todo, los críticos con García Ortiz admiten que el margen de maniobra es limitado porque ni la Constitución, ni la ley, ni el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF) prevén el escenario actual, por lo que asumen que el fiscal general se mantendrá firme en su decisión inicial. «No podemos echarle», aseguran.