Diego Peñarrubia, autor, junto a Juan Pedro Sanz, de un informe sobre el acceso a la vivienda en la Región de Murcia publicado por el Consejo Económico y Social cree que la estadística puede distorsionar la realidad
En el debate de la vivienda al que estamos asistiendo estos últimos días, abundan las informaciones estadísticas acerca del esfuerzo que una familia tiene que hacer para acceder a un alquiler. Hoy mismo, hemos conocido un estudio de la Asociación de Usuarios Financieros ASUFIN que asegura que los murcianos que viven de alquiler tienen que destinar al pago de la renta casi una tercera parte de sus ingresos mensuales, porcentaje que es muy elevado pero que queda bastante por debajo del que se atribuye a comunidades como Baleares, Cataluña, Canarias o Madrid, donde se dispara por encima del 50% de los ingresos medios. El problema que presentan estos informes es que los datos que manejan no siempre reflejan bien la realidad del territorio al que se refieren.
Esa es la opinión que comparten Juan Pedro Sanz y Diego Peñarrubia, autores de un informe sobre el acceso a la vivienda en la Región de Murcia que el Consejo Económico y Social publicó hace un par de años. El caso de la ciudad de Murcia es un buen ejemplo de cómo la estadística puede distorsionar la realidad de un municipio peculiar, en el que más de la mitad de su población vive fuera del casco urbano, en esas entidades que son las pedanías para las que no existe una correlación directa en otras grandes ciudades según explica Juan Pedro Sanz.
Es evidente que en los municipios pequeños de la Región de Murcia la realidad es muy distinta a la que podemos encontrar en la ciudad de Murcia. Pero también hay grandes diferencias cuando se compara la situación de los tres grandes ciudades de nuestra comunidad. Mientras Murcia es una ciudad con un centro bastante envejecido y un mercado de alquiler muy vinculado a los estudiantes, en Cartagena empiezan a ganar fuerza los pisos turísticos y en Lorca el factor diferencial es la población emigrante, que tiene una demanda de alquiler con sus propias características.
En lo que estos dos expertos coinciden es en la necesidad de abordar este problema con medidas que tengan verdadera capacidad de impacto y eso exige la intervención de la Administración. El mercado por sí sólo no sólo no corrige la situación, sino que toma decisiones que la agravan. Diego Peñarrubia nos ponía un par de ejemplos: hay municipios pequeños en los que no se ha construido ni un sólo bloque de viviendas en los últimos años; mientras, en Murcia, toda la edificación nueva es de viviendas de lujo, con calidades excelentes pero precios absolutamente inalcanzables para una familia media.
Si tenemos en cuenta que la capacidad financiera de las administraciones para actuar como promotoras directas de vivienda pública es muy limitada, la solución, dice Peñarrubia, exigirá contar con la colaboración del sector privado. Pero poniendo límites a sus beneficios: si se construye sobre suelo público cedido, los alquileres tienen que estar limitados para que las viviendas sean realmente accesibles: