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El PP ha acusado al PSOE de colar «de manera cobarde y miserable una enmienda para liberar a terroristas sanguinarios»
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La ley que convalida las penas cumplidas en otros países europeos no ha salido adelante en la votación en el Senado
PorRTVE.es / AGENCIAS
El presidente del Senado, Pedro Rollán, ha anunciado que entiende ese rechazo por mayoría absoluta como un veto y por ello la devuelve al Congreso. Una decisión que se toma con base a un informe de los letrados que dice que se puede hacer.
Aunque inicialmente se preveía que la norma saliera adelante al haber superado todo el trámite parlamentario previo, que hacía a priori irrelevante la votación de este lunes, la interpretación de Rollán apoyada en un informe de los letrados de la Cámara, supondrá un retraso en su aprobación definitiva.
El presidente del Senado ha informado de esta interpretación sobre el veto al proyecto de ley después de anunciar el resultado de la votación, con 148 votos en contra, que suponen el rechazo por mayoría absoluta, 111 votos a favor y dos abstenciones.
Se basa en un informe pedido por Rollán
Rollán ha basado esta postura en un informe de la Secretaría General del Senado, fechado el pasado viernes y al que ha tenido acceso EFE, que aduce que un rechazo por mayoría absoluta en el pleno «ha de tener el efecto jurídico de un veto, por haberse acordado con carácter final y global con la consiguiente devolución del texto al Congreso de los Diputados«.
«Ha de entenderse que el pleno del Senado ha vetado el texto», ha afirmado Rollán ante los senadores, enarbolando el artículo 90.2 de la Constitución y el 106 del Reglamento de la cámara, tras el debate de un proyecto de ley que no había recibido enmiendas ni vetos.
La posibilidad de devolver el texto al Congreso no ha sido mencionada en ningún momento del debate previo a la votación de este lunes.
El informe de los letrados, solicitado por Rollán, señala que «no existen precedentes comparables», pues en anteriores tramitaciones hubo vetos que fueron rechazados o enmiendas aprobadas, mientras que «en el presente caso, la voluntad inequívoca y única de la Cámara es la del rechazo frontal y global en votación final del conjunto del proyecto por mayoría absoluta».
Y eso, argumentan los letrados, es la naturaleza jurídica de un veto: el «rechazo frontal y global de un texto en votación final y de conjunto», aun cuando «no se haya presentado este formalmente».
Fuentes del Senado indican que Rollán solicitó este informe, emitido el pasado viernes, al detectar un vacío en el reglamento.
El movimiento hecho por el presidente del Senado ha llegado después de varios días en los que el Partido Popular ha trasladado que la única vía para frenar esta reforma legal era que el Gobierno retirase el proyecto de ley, una posibilidad que el Ejecutivo tiene siempre hasta el fin del trámite parlamentario.
En los últimos días, Vox ha instado tanto a la Mesa del Senado como a Rollán a buscar una fórmula jurídica para introducir enmiendas pese a que el plazo hubiese terminado, pero en sus propuestas no se incluía esta interpretación del resultado de la votación que ha sido empleada.
El PP pide la dimisión de Sánchez…
Ya en lo referente al debate parlamentario, la senadora del PP ha pedido la dimisión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y ante la reforma legal que permitirá la excarcelación anticipada de presos etarras, ha preguntado a los socialistas si le van a decir a ella, víctima de la banda terrorista, que tiene nostalgia de ETA.
Marimar Blanco ha defendido en el Senado el voto en contra del PP al proyecto de ley de intercambio de antecedentes penales, que incluía, en una enmienda de Sumar, la posibilidad de convalidar penas de prisión cumplidas en países comunitarios.
La senadora, que ha recibido un largo aplauso de su bancada antes y después de intervenir, ha vuelto a pedir perdón porque el Grupo Parlamentario Popular votó a favor de esta proposición de ley y no enmendó ni presentó vetos en el Senado, lo que hará que la ley quede aprobada pese al rechazo este lunes de la mayoría absoluta de los populares.
Además, ha cargado contra el Gobierno y el PSOE por no retirar la «infamia» de la ley y por lo que considera una «maniobra oculta y calculada» para colar «de manera cobarde y miserable una enmienda para liberar a terroristas sanguinarios».
«Lo correcto es que si cometemos un error, lo corregimos. Lo correcto es que si las víctimas nos piden que retiremos unas imágenes, pues sí, las retiramos. En cambio, lo nauseabundo es no retirar un proyecto de ley a pesar de que las víctimas se lo están exigiendo porque claman justicia a gritos», ha espetado.
…Y exige a los socialistas pedir perdón y retirar la ley
A los socialistas les ha dicho que retiren la ley y pidan perdón «por elegir presos a cambio de presupuestos«, aunque ha afirmado que «callarán y volverán a claudicar porque están muy orgullosos de romper las cadenas de los terroristas más sanguinarios de nuestra historia y lo hacen a conciencia».
La senadora del PP ha argumentado que en política «no vale la corrupción y las tramas, no vale rodearse de los herederos de ETA que ríen para continuar en la Moncloa ni vale llenar las calles de terroristas» por lo que lo único que le queda a Sánchez es dimitir.
Tras denunciar que esta reforma es la «consecuencia del pacto encapuchado por (Arnaldo) Otegi» ha acusado al PSOE de lanzar bulos al acusar a los populares de tener «nostalgia de ETA».
«¿Van a ser tan valientes de mirarme hoy a los ojos y decirme que yo tengo nostalgia del terrorismo de ETA?», ha espetado, para señalar después que el PP tiene nostalgia de cuando el PSOE levantaba muros a Bildu y construía puentes con las víctimas de ETA.
Además, ha acusado al Gobierno de mentir al sostener que este es un cambio obligado por una transposición europea que el Gobierno de Rajoy admitió como buena, obviando la excepción incluida en 2014 en España, que tuvo el visto bueno de Estrasburgo en 2016.
Una polémica que trae cola
La polémica reforma ha provocado un duro enfrentamiento en los últimos días entre el Gobierno y PP. Tras votar a favor, el partido liderado por Alberto Núñez Feijóo dijo que se trataba de un «error» y ha acusado al Gobierno de incluir «de tapadillo» la medida, con la que los condenados, entre ellos unos 44 presos de la banda terrorista ETA, podrán descontarse las penas que hayan cumplido ya en otros países europeos y salir antes de la cárcel.
Desde el Ejecutivo, por su parte, defienden que el PP conocía lo que votaba y que el texto —una enmienda de Sumar que suprime un artículo y la disposición adicional de la actual norma sobre el intercambio de información de antecedentes penales siguiendo la transposición de una directiva europea— es el mismo que aprobó el Gobierno de Mariano Rajoy en 2014.
Marimar Blanco, la hermana del concejal del PP asesinado por ETA en 1997 Miguel Ángel Blanco, ha sido la encargada de intervenir en el debate plenario, donde ha mostrado la oposición de su formación a la reforma. La formación ‘popular’ ha votado en esta ocasión en contra del proyecto, aunque esto tenga ya más un valor simbólico que real.
Rifirrafe entre la AVT y Sánchez en el Palacio Real
La cuestión también generó un rifirrafe este sábado en los tradicionales corrillos en el Palacio Real tras la recepción de los reyes con motivo de Día de la Fiesta Nacional. Allí, la presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), Maite Araluce, se encaró con Pedro Sánchez para reprocharle el proyecto de ley, según publican varios medios, y exigirle que rectifique. «Tiene hasta mañana para dar marcha atrás», le indicó.
Desde la Asociación, Araluce también pidió dimisiones por la aprobación en el Congreso «sin leerla» de la reforma que beneficia a presos de ETA, porque «solo con las disculpas no vale». Otras, como la Fundación Fernando Buesa, en memoria del vicelehendakari socialista asesinado por ETA, reclamó «sosiego, sensatez y, sobre todo, respeto» hacia las víctimas del terrorismo tras la exhibición de fotos de víctimas socialistas de ETA, incluida la de Fernando Buesa, por parte del portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, que también generaron polémica.
El PP intentó ganar tiempo para convencer al Ejecutivo y solicitó el pasado martes, cuando estaba prevista la aprobación, al Pleno del Senado que se retirara ese punto del orden de día. Así ocurrió, pero la tramitación de urgencia de la ley obliga a la Cámara Alta a fijar para este lunes el nuevo. Vox, por su parte, registró el viernes en el Senado un escrito de reconsideración dirigido a la Mesa parlamentaria para que, haciendo uso del artículo 135.6 del Reglamento, conceda, de forma extraordinaria, una habilitación de plazo para poder enmendar la reforma de la ley.
44 presos etarras podría verse beneficiados
Si no hay novedades, una vez aprobada la norma y publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE), será cada preso quien tendría que solicitar a la Audiencia Nacional que vuelva a calcular su salida de prisión, una decisión que puede ser recurrida por la Fiscalía y las víctimas personadas en cada causa.
En febrero de 2022, la AVT presentó un dosier de los entonces 48 etarras que podrían verse beneficiados de un eventual cambio legal. Dos años y medio después, cuatro han salido en libertad tras cumplir íntegramente su pena, pero otros 44 que han estado encarcelados en Francia podrían ver acortada su estancia en prisión con la nueva ley, además de que podrían acceder al tercer grado y a la libertad condicional antes.
No sería el caso del exjefe de ETA Francisco Javier García Gaztelu, Txapote. La Audiencia Nacional ya tuvo en cuenta en 2014 la pena impuesta por un tribunal francés al acumular sus condenas, de modo que previsiblemente esta reforma legal no implicaría su salida de prisión antes de tiempo.