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Álvaro García Ortiz ha explicado que suele borrar contenido del móvil por seguridad y por obligación legal
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Es la primera vez que un fiscal general del Estado declara como investigado en un procedimiento penal
PorRTVE.es
Un día después de que el Supremo rechazase anular su nombramiento, García Ortiz no ha contestado al juez ni a las acusaciones. Solo lo ha hecho a la Abogacía del Estado, que ejerce su defensa, en tanto que la Fiscalía no ha preguntado al considerar que no se ha resuelto sobre la nulidad del registro de su despacho, según informan fuentes jurídicas.
El juez investiga si él y la fiscal provincial de Madrid, Pilar Rodríguez -citada mañana- filtraron los correos que el fiscal Julián Salto se intercambió con el letrado de González Amador, especialmente el del 2 de febrero en el que el abogado reconocía en nombre de su defendido la comisión de «dos delitos contra la Hacienda Pública por el Impuesto de Sociedades, 2020 y 2021».
No filtró los correos ni dio órdenes al respecto
Según las fuentes, García Ortiz ha negado haber facilitado ninguno de esos correos o el expediente tributario de González Amador a nadie de la Fiscalía, ni a periodistas, ni al entorno del Gobierno o al mismo Gobierno, al tiempo que ha negado haber dado ningún tipo de orden a fiscales sobre este asunto.
Igualmente, ha rechazado tener constancia de que la filtración se produjera desde la Fiscalía General o Provincial, así como haber intentado perjudicar al novio de Ayuso u obstaculizar el pacto de González Amador por ser su pareja.
Ha vuelto a defender la nota de prensa difundida por la Fiscalía -una idea que fue conjunta con la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra- con el objetivo de desmentir un bulo y para defender la labor del fiscal Julián Salto porque aquella noticia afirmaba que fue él quien ofreció el pacto al abogado, cuando fue al revés.
De su conversación con Lastra en la que, según el testimonio de la fiscal, ella le pregunta si ha filtrado los correos y él responde «eso ahora no importa», ha negado que fuese en esos términos porque no cree que nadie se pudiera dirigir a su persona de esa manera.
Ha afirmado asimismo que su mano derecha en la Secretaría Técnica, Diego Villafañe -citado como imputado el 5 de febrero- reclamó a la Fiscalía de Madrid el expediente completo de la causa de González Amador porque había periodistas que ya estaban preguntando por ello el 7 de marzo.
Y que el mensaje de Pilar Rodríguez diciendo «a tu disposición jefe» no está relacionado con la causa sino con su reciente renovación como fiscal provincial de Madrid.
Borrado de móvil por seguridad y obligación legal
García Ortiz ha justificado su cambio de móvil y el borrado de todos los mensajes del anterior una semana después de que el juez abriera causa contra él.
Ha explicado que desde que está en la Fiscalía General ha cambiado seis veces de dispositivos móviles en los últimos cuatro años y que concretamente tocaba el cambio el 23 de octubre, una semana antes de que se ordenara el registro de su despacho.
También ha señalado que habitualmente borra contenido del móvil por seguridad y por ser una obligación legal, al tener información sensible que afecta a multitud de investigaciones, además de información de carácter personal.
Ha precisado incluso que informó a la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil durante el registro de su despacho de que había cambiado de dispositivo recientemente.
García Ortiz, que se ha sentado en estrados junto a su defensa, no ha contestado a la acusación particular que ejerce el novio de Ayuso porque entiende que en su querella ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que derivó en esta causa, omitió hechos relevantes para la investigación.
Por ejemplo, que él mismo envió a Miguel Ángel Rodríguez, jefe de Gabinete de Ayuso, al menos el correo del 12 de marzo, que el fiscal Julián Salto remitió al abogado de González Amador para informarle de la denuncia y de la posibilidad del pacto que él había reclamado.
García Ortiz, que considera nula la instrucción porque vulnera su derecho de defensa, estima que el juez está «predeterminado» para valorar los hechos y ha denegado diligencias de investigación necesarias para esclarecerlos.
Entre las cuestiones que cree que afectan a sus derechos, el fiscal general ha argumentado, por ejemplo, el registro de su despacho ordenado por el juez, que considera una entrada invasiva de derechos fundamentales sin precedentes; ha dicho que desconoce el resultado de todas las diligencias practicadas y que no puede ejercer con garantías su defensa porque no está definido el objeto del proceso.