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Alemania, Austria, Dinamarca, Grecia y Países Bajos crearán un «centro de retorno» en el país africano
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Sánchez no ve «futuro ni humanidad» a la propuesta
Austria, Alemania, los Países Bajos, Dinamarca y Grecia han iniciado conversaciones con Ruanda para establecer allí un centro de deportación en el marco de un nuevo sistema de la Unión Europea, según ha anunciado el Gobierno austriaco en un comunicado este lunes.
El objetivo es que las primeras deportaciones puedan llevarse a cabo en 2027, y afectarán a los de solicitantes de asilo rechazados que no puedan ser devueltos a sus países de origen. Así lo recoge un comunicado conjunto del canciller austriaco, Christian Stocker, y su homóloga danesa, Mette Frederiksen, en lo que han denominado como un «cambio de paradigma verdaderamente histórico en la política migratoria».
El encuentro entre los países implicados se ha llevado a cabo en la Conferencia de Viena sobre Migración, donde los representantes del llamado «grupo central» han debatido sobre los denominados «centros de retorno». En la rueda de prensa posterior, Stocker ha asegurado que los cinco países pretenden «privar a los traficantes de su inhumano modelo de negocio y evitar muertes en el Mediterráneo y en otras rutas peligrosas»: «Si las personas sin derecho de residencia en la Unión Europea no pueden ser expulsadas del país, todo nuestro sistema de asilo se convierte en un absurdo. No lo vamos a permitir», ha sentenciado.

Además de Stocker y Frederiksen, en la reunión han estado presentes el ministro de Asuntos Exteriores de los Países Bajos, Tom Berendsen; el ministro del Interior alemán, Alexander Dobrindt; el ministro del Interior austriaco, Gerhard Karner; el ministro del Interior de Ruanda, Vincent Biruta; el ministro griego de Migración y Asilo, Athanasios Plevris; y el ministro danés de Inmigración e Integración, Morten Bodskov.
Respecto al papel de Ruanda en este nuevo modelo, Biruta ha asegurado que el país africano ofrecerá una «segunda oportunidad» a los migrantes expulsados de Europa.
La iniciativa ha sido duramente criticada por organizaciones defensoras de los derechos humanos, como el Comité Internacional de Rescate, que advierte que la implantación de estos «centros de retorno» incurriría en la violación de derechos. Mientras se llevaba a cabo el encuentro en Viena, un centenar de manifestantes protestaban con pancartas en las que se leía: «¡Alto al acuerdo UE-Ruanda!».
Por su parte, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha asegurado que no ve «futuro ni humanidad» en la decisión. El líder socialista ha hecho estas declaraciones en una entrevista en Telecinco donde también ha recordado su estrategia migratoria, basada en la cooperación con países de tránsito y origen. Y ha recordado que la migración supone el «25 % del crecimiento económico que ha tenido» España.
La Unión Europea vive un momento complejo, en el que los gobiernos centristas y los partidos tradicionales han endurecido sus políticas migratorias ante el ascenso de la extrema derecha.
Un proyecto aún por concretar
El proyecto de estos cinco países se lleva fraguando desde hace año y medio. En las últimas reuniones, los representantes habían trabajado en torno a la idea de enviar a África a los ciudadanos rechazados, pero el país destino de los deportados se había mantenido en secreto. La elección de Ruanda también ha sido objeto de protestas: en un comunicado conjunto, 45 organizaciones han instado a los países a abandonar el plan con Ruanda. Concretamente, la ONG Human Rights Watch señala los antecedentes del país en materia de represión y detenciones arbitrarias.
Los países promotores pretenden poner en marcha el centro de retorno a una escala muy reducida, con un centenar de personas, a modo de proyecto piloto. Aseguran que estos lugares no implicarán privación de libertad ni contarán con alambradas. Aseguran que el principal objetivo es disuadir a los migrantes, más que llevar a cabo deportaciones a gran escala.
Ruanda pretende denominarlos «centros de acogida» y podría ofrecer en ellos formación profesional.
Austria, Alemania, los Países Bajos, Dinamarca y Grecia no son los primeros en interesarse por Ruanda para esta iniciativa. En 2022, Ruanda anunció su intención de abrir allí un centro para solicitantes de asilo. Aunque finalmente este proyecto fue abandonado por el Gobierno laborista de Keir Starmer, su sucesor Andy Burnham afirma que sigue «con interés» a los países europeos en esta materia.
Ruanda también ha aceptado acoger a personas expulsadas de Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump.
Ruanda, el país que se transformó tras el genocidio
Desde que tuvo lugar el genocidio de Ruanda en 1994, en el que el pueblo hutu acabó con la vida de más de medio millón de tutsis, este país centroafricano ha recibido múltiples formas de apoyo internacional para su reconstrucción. Supera los 1.000 millones de dólaresanuales en Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) y entre 2021 y 2024 la UE le financió con 260 millones de euros.
Paul Kagame ha gobernado el país desde hace 23 años y ha recibido elogios por la transformación de su país durante estos años. Sin embargo, su Ejecutivo también padece de varias sombras: sus críticos le señalan por restringir las libertades políticas y por apoyar a los grupos rebeldes que se alojan en el este de la República Democrática del Congo.
La organización Freedom House clasifica a Ruanda como un país «no libre».