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El derribo agiliza el paso a la vez que genera incertidumbre en los trabajadores transfronterizos
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La colonia británica pasará a formar parte del espacio Schengen de libre circulación al amparo de España
Ya no hay tiempo de espera. A partir de esta medianoche —tras una década de incertidumbre abierta con el Brexit— se podrá transitar libremente entre suelo español y Gibraltar. Atrás quedan las largas colas de vehículos y aglomeraciones de personas que se formaban ocasionalmente para entrar al Peñón. La desaparición de la Verja —se levantó hace más de un siglo— y de los controles rutinarios cambia esa realidad cotidiana.
En unas horas, 16.000 trabajadores — 11.000 residen en La Línea de la Concepción (Cádiz)— accederán a la colonia británica sin necesidad de mostrar ningún documento. «Nadie lo esperaba hace diez años», señala uno de los transfronterizos. Se refiere a la firma del Tratado entre la Unión Europea y Reino Unido que permitirá que este miércoles entre en vigor el acuerdo de forma provisional.
Con el nuevo marco jurídico comienza una nueva etapa a ambos lados de una de las fronteras exteriores más singulares de Europa. Son muchos los que afrontan «con optimismo» este cambio que los beneficia a la hora de agilizar el paso. No obstante, de seguido, claman que no se sienten respaldados por algunas cuestiones que todavía «son confusas». Les preocupan, mayoritariamente: la estabilización en las nóminas, la regulación de pensiones, los impuestos o el precio de la vivienda.
El impacto en los transfronterizos
La precariedad y la falta de oportunidades en esta zona ha llevado desde hace décadas a muchos vecinos de La Línea y otros municipios de la comarca del Campo de Gibraltar a «buscarse la vida» al otro lado de la Verja.
En muchas familias es una tradición que los hijos ocupen el puesto de sus progenitores una vez se retiran. Es el caso de Miguel Valencia. Un mozo de almacén que lleva cuarenta años cruzando la frontera. Deja a un lado las prisas con las que suele ir al trabajo y se detiene para hablar con RTVE. «Es un alivio no tener que hacer colas, pero no es suficiente, hay aspectos del acuerdo que nos inquietan mucho», cuenta.
A lo que más prestan atención en el ámbito laboral es a la baja prestación que les quedaría tras la jubilación. Hay quienes están a punto de llegar a ese momento y ya hacen acopio de documentación. La idea general que se desprende del acuerdo es que, en materia de pensiones, rige el principio de igualdad, por el que los trabajadores de ambos territorios tendrán los mismos derechos que los residentes en los mismos.
Miguel ha echado un vistazo a ese punto del texto y no lo tiene tan claro. «Se habla de una compensación pero no especifica nada. La pensión que recibiría tras todos estos años cotizados es algo más de 600 euros», subraya.
«No está reflejado en papeles como nos gustaría y de ahí viene nuestro temor», dice su hermano Alfredo Valencia, que siguió sus pasos y trabaja desde joven en Gibraltar. Para este transportista «no es un asunto del presente, pero sí de un futuro inmediato».
A pocos metros se encuentra Consuelo Alonso. Se levanta a primera hora para desplazarse desde Puente Mayorga, pedanía de San Roque (Cádiz), donde vive, hasta Gibraltar. El trayecto es de poco más de veinte minutos, pero se dispone a salir mucho antes. «En los últimos meses no suelo pillar retenciones, pero hace años he llegado a estar aquí cerca de dos horas esperando para entrar», reconoce.
Con el uniforme puesto, mientras toma café en la cantina de la residencia de ancianos donde trabaja como auxiliar de enfermería, cuenta que el nivel de pensiones de Gibraltar es muy bajo. «Se nos echa la edad encima y con la prestación que nos queda no podemos hacer vida en España«, relata.
Las pensiones, sin matizar
El alcalde de la Línea de la Concepción, Juan Franco, valora positivamente el acuerdo que permitirá la supresión de los controles fronterizos. No obstante, considera que todavía quedan algunos flecos por cerrar. Para Franco no es de justicia que, estos trabajadores tras cotizar la mayor parte de su vida laboral en Gibraltar, acaben teniendo una pensión «irrisoria».
Según le trasladó el secretario de Estado para la Unión Europea en España, Fernando Mariano Sampedro, si la pensión de un trabajador no alcanza el mínimo que establece el Gobierno para una pensión no contributiva «acabaría cobrando la no contributiva«. Por otro lado, el trabajador que en los últimos diez años tiene cotizado al menos un año en España «acabaría cobrando la contributiva mínima de España«.
El primer edil considera que en ese caso «se mejoran sustancialmente las condiciones hasta la fecha». El hecho de contar con «prestaciones bajas puede generar graves problemas para garantizar el bienestar de los pensionistas». Por ello echa en falta que no se incluya un paquete de medidas que lo acompañen y apela a «buscar soluciones conjuntas» para afrontar un escenario completamente nuevo.
Zona de prosperidad compartida
En una tierra históricamente castigada por una elevada tasa de paro y un alto índice de fracaso escolar, Franco, que llegó a la alcaldía hace nueve años, señala que hay un cambio de ciclo en la economía de la ciudad. «Tenemos 7.600 desempleados, que es la cifra más baja desde 2007. Se está moviendo la economía, poco a poco está cambiando, pero necesitamos ayuda para que sea una realidad en un plazo breve», apostilla.
En cuanto a lo urbanístico, el equipo de gobierno del municipio gaditano está redactando un Masterplan que permita ordenar de forma integral todos los espacios municipales situados junto a la frontera. Juan Franco espera que sea «práctico». El documento contempla un estudio específico sobre cómo cambiarán los flujos de tráfico una vez desaparezcan los controles terrestres, con el objetivo de anticipar los efectos sobre la movilidad y reorganizar los accesos a la ciudad.
«A partir de ahora vamos a crecer y no hay más remedio que estar juntos, vamos a tener un futuro esperanzador», destaca Lorenzo Pérez Periañez, empresario de la ciudad y presidente del Grupo Transfronterizo, tras mantener una reunión con el alcalde. Esto sostiene la idea de implantar un acuerdo que impulse la creación de una zona de prosperidad compartida.
El problema de la vivienda
La vivienda es uno de los principales escollos en nuestro país para los jóvenes. «Se espera una subida en el precio del metro cuadrado en La Línea», advierte Juan Fran Mota, agente del sector inmobiliario en la ciudad.
En Gibraltar, comprar una casa es muy caro debido al poco espacio que hay. El precio del metro cuadrado ronda entre los 7.000 y 9.000 euros. Mota habla de un «panorama complicado con un aumento considerable, aunque no llegará a ese precio».
Al ser más elevado el coste de las viviendas en Gibraltar hay un flujo de población que puede trasladarse a La Línea buscando precios más económicos. Mota señala incluso una posible especulación. «Hay inversores de fuera que están invirtiendo en la zona porque creen que ese aumento va a rendirles un beneficio el día de mañana», aclara.
«Tenemos un problema ya que el precio de construcción en la zona es muy elevado«, apunta el alcalde que una vez más demanda un tratamiento diferenciado alegando que esta problemática con el suelo público «no está pasando en otros puntos de España».
Novedades en los impuestos
Tras el derribo de la Verja, Gibraltar y España establecen una unión aduanera que elimina las distorsiones fiscales. El cambio principal es que el Peñón introduce un impuesto indirecto similar al IVA (comenzando en el 15% y aumentando hasta el 17%) y un gravamen específico sobre el tabaco y el alcohol para equiparar precios.
Franco lo valora de forma «muy positiva porque se va a producir una normalización de las relaciones en cuanto al comercio». El contrabando, tan característico en la frontera, desaparece. Se disipa, de este modo, lo que es un problema para la zona.
Respecto a la tributación indirecta, el alcalde linense subraya que se prevé la constitución de un Comité de Seguimiento de la evolución de los precios, «así se puede analizar si se están produciendo distorsiones en la competencia».
Carlos Ferrer Rico, presidente de la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de la Bahía de Algeciras, explica que «a pesar de que estamos permanentemente reclamando más información al Ministerio sobre el texto, la que nos llega no satisface al colectivo porque no deja claro cuál es el marco de actuación».
Ferrer se desmarca de lo acordado con Reino Unido y añade que el tejido empresarial de la comarca necesita urgentemente de mejoras en carreteras, infraestructuras ferroviarias y en capacidad hidráulica y eléctrica.