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En situación irregular, pero imprescindibles: la función de los inmigrantes en la campaña de cereza
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PP y Vox introducen en el debate público el término de «prioridad nacional»
El Valle del Jerte afronta la recolección de cerezas con buenas previsiones. Este año, la producción podría llegar a las 20.000 toneladas. Sin embargo, junto al optimismo aflora un problema recurrente: la falta de mano de obra en un periodo de recogida muy breve.
«La cereza es un fruto muy delicado y se tiene que recoger en un corto periodo de tiempo para no perderla y no hay suficientes trabajadores. Entonces tenemos que echar mano tanto de gente con papeles como de gente sin papeles, como último recurso», reconoce Jorge, agricultor, en una entrevista con Informe Semanal.
Una campaña clave con falta de manos
Entre quienes sostienen la campaña están trabajadores como Anderson Mercader, que lleva más de dos años en España. Vive en un limbo administrativo: trabaja, paga el alquiler y envía dinero a su país, pero carece de documentación.
«Estoy sin papeles esperando la regularización. Es un poco duro pero hay que buscar el sustento de cada día», relata. «No todos venimos como dicen a robar, sino a trabajar. Solo queremos vivir en paz y seguir adelante».
El impacto de la irregularidad
Vivir sin papeles implica mucho más que trabajar sin contrato. El acceso a una vivienda digna se complica por la imposibilidad de empadronarse, y abrir una cuenta bancaria resulta casi imposible. Muchos comparten piso en condiciones precarias y guardan el dinero en efectivo.
Además, están excluidos de parte de los servicios sociales básicos. Llevan años viviendo aquí, pero sienten que son invisibles. Se calcula que más de medio millón de personas en España podrían beneficiarse de la regularización extraordinaria anunciada por el Gobierno, siempre que cumplan condiciones como haber residido al menos cinco meses antes de finales del 2025 y no tengan antecedentes penales.
Regularizar para sostener el sistema
Para agricultores como Jorge, la regularización supondría una mejora para todos: «Vamos a estar más tranquilos. Si hay un accidente laboral, esa persona está cubierta. No estaremos escondiéndonos por si hay una inspección».
También destaca el impacto económico: «Van a pagar impuestos. Tanto ellos como nosotros. Si hay más impuestos, habrá mejor sanidad y más recursos para el Estado».
La medida llega tras una iniciativa ciudadana respaldada por más de 700.000 firmas y podría tener efectos en el mercado laboral, reduciendo la economía sumergida y aumentando la recaudación pública. Se espera que unas 500.000 personas soliciten este permiso temporal.
Un debate político en auge
La situación coincide con un nuevo escenario político en Extremadura. María Guardiola ha sido investida presidenta con el apoyo de Vox, tras un acuerdo que incluye la llamada «prioridad nacional» en el acceso a vivienda protegida y ayudas sociales.
La medida ha generado polémica. «No es fascismo, eso se llama democracia», defendió la presidenta, en referencia al pacto parlamentario.
Un futuro pendiente de papeles
La mayoría de los inmigrantes en situación irregular entraron en España de forma legal —hasta un 95%, según datos oficiales— con visados de trabajo, estudios o turismo que posteriormente caducaron.
Para Anderson y otros como él, la nueva regularización es más que un trámite administrativo. Es la posibilidad de trabajar con derechos, cotizar y dejar atrás la invisibilidad.