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«Era un funcionario excelente en el que yo tenia toda mi confianza», ha dicho Aguirre a su salida de la Audiencia Nacional
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La Fiscalía Anticorrupción pide seis años de prisión para el exvicepresidente madrileño, su hermano y su cuñado
- RTVE
- La expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre ha asegurado este jueves tras su declaración como testigo en la Audiencia Nacional en el primer juicio al que fue su segundo y sucesor, Ignacio González, por el caso de corrupción Lezo relacionado con el PP, que «por supuesto» confiaba en él y que ella misma asumió su responsabilidad política dimitiendo como presidenta cuando le enviaron a prisión provisional ya que ella le había nombrado.
«Cuando un juez no solamente le detuvo sino que le envió a prisión provisional yo dimití porque yo a diferencia de los sanchistas asumo mi responsabilidad política y como yo le había nombrado si un juez te mete en prisión provisional es que debe tener indicios, eso no quiere decir que yo le quite la presunción de inocencia a González», ha asegurado en declaraciones a la prensa a su salida de los juzgados.
Aguirre ha dicho que «mientras no le condenen» para ella «la presunción de inocencia sigue existiendo» y ha negado haber tenido contacto con él a lo largo de los últimos años. «No, ningún contacto, Ninguno, porque si él no me da explicación», ha agregado.
Y preguntada por si se siente defraudada ha dicho «imagínese, si he estado con González en Ayuntamiento de Madrid, en el Ministerio de Educación y en Cultura le nombre subsecretario y luego en la Comunidad de Madrid era un funcionario excelente en el que yo tenía toda mi confianza«.
Anticorrupción pide seis años de prisión
Ignacio González, que estuvo seis meses en prisión tras ser detenido en 2017, está acusado en esta pieza del caso por unos hechos que se remontan a 2004 y 2006. Ocurrieron cuando era vicepresidente del Gobierno autonómico encabezado por Esperanza Aguirre y presidía el Canal de Isabel II.
En concreto se enjuician presuntas irregularidades en las adjudicaciones de las obras de un campo de golf en terrenos de Canal de Isabel II. También se juzga un contrato para la gestión de explotación de las instalaciones deportivas de este ente público madrileño para beneficiar a un hermano y un cuñado suyos.
La Fiscalía Anticorrupción pide en sus conclusiones provisionales seis años de prisión para Ignacio González, su hermano y su cuñado. La misma pena se solicita para otros dos acusados, uno de ellos el entonces director gerente de Canal de Isabel II, Ildefonso de Miguel.
En su escrito de acusación la Fiscalía relata que Canal de Isabel II convocó en 2003 un concurso para la remodelación de su depósito de agua de la avenida de Filipinas de Madrid. El proyecto contemplaba la ejecución de jardines, estanques, un campo de fútbol y un helipuerto, que se adjudicó a Dragados por 40.876.128 euros.
La modificación del proyecto: un campo de golf con césped artificial
La fiscal explica que en 2004 Ignacio González e Ildefonso de Miguel impulsaron y facilitaron la tramitación de un modificado del concurso para beneficiar a familiares del primero. Para ello, eliminaron el helipuerto y la zona de ajardinamiento e incluyeron un campo de golf con césped artificial.
Y añade que convinieron con Dragados que Canal de Isabel II le adjudicaría directamente a esta sociedad dicho modificado. Pusieron como condición que subcontratara para determinados trabajos a la empresa Tecnoconcret Proyectos de Ingeniería S.L. (TCT). Los socios de esta firma eran los otros tres acusados: José Antonio C.M., Pablo G.G. y José Juan C.E.
Uso de personas interpuestas para ocultar los vínculos familiares
Según la fiscal, estos dos últimos, hermano y cuñado de Ignacio González, ostentaban su titularidad en esa sociedad a través de personas interpuestas. Lo hacían con el fin de ocultar sus vínculos familiares con el entonces vicepresidente de la Comunidad de Madrid.
Agrega que Canal de Isabel II convocó en 2006 otro concurso para la gestión de explotación de esas instalaciones deportivas. El 27 de diciembre de ese año el Consejo de Administración del ente público acordó su adjudicación a la unión temporal de empresas (UTE) formada por TCT y otras dos sociedades por 3.250.000 euros y un plazo de ejecución de cinco años.
Concluye que «la actuación conjunta de los acusados permitió que TCT, empresa sin capacidad técnica para efectuar ninguno de los trabajos encomendados, se interpusiera innecesariamente y se beneficiara indebidamente con al menos 504.780 euros de fondos públicos asignados a tales contrataciones».