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Pepe Álvarez y Unai Sordo responden sobre el salario mínimo y otros asuntos económicos que marcan la precampaña
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Los líderes sindicales advierten de la amenaza de la ultraderecha a la democracia y los derechos de los trabajadores.
España cuenta los días para la próxima huelga general, convocada el 11 de noviembre. Será solo dos días antes del inicio de la campaña de las elecciones generales del 29 de noviembre y, en este contexto, los líderes de CCOO y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez, han denunciado en Los Desayunos de RTVE y EFE que «los salarios no llegan» porque la vivienda «lo estropea todo» y han advertido de la amenaza de la ultraderecha a la democracia y los derechos de los trabajadores.
Sobre los motivos de la movilización, Sordo ha insistido en que «apela al conjunto de las Administraciones públicas», es decir, al Gobierno del Estado, las comunidades autónomas, «que son las competentes», y los ayuntamientos. «Nosotros no hemos canalizado la huelga hacia la oposición», ha agregado, y ha deslizado que es el PP quien está animando a las protestas al cuestionar el sistema de pensiones.
En paralelo, Álvarez ha subrayado el «hartazgo» de la población y el «nexo común» de los problemas de vivienda y salarios, al tiempo que ha acusado a la CEOE de no querer negociar la actualización de los convenios colectivos. «¿Contra quién es la huelga? Que cada quien tome la parte que le toca», ha sostenido.
Ambos líderes sindicales han reconocido este jueves su deseo de que la huelga influya en la campaña electoral, marcando los debates: las pensiones públicas, la protección de los trabajadores en caso de enfermedad, sus salarios, la fiscalidad, la educación pública… «Lo que está en juego es ir 50 años atrás o avanzar», ha expresado Sordo.
La patronal ya ha avanzado que impugnará la convocatoria por considerar que tiene una intención «electoral» aunque se haya «trufado de temas laborales para intentar que sea legal», según expresó el líder de la CEOE, Antonio Garamendi, en el mismo día en el que las organizaciones obreras registraron la convocatoria en el Ministerio de Trabajo junto al Sindicato de Inquilinas.
Sobre las pensiones
El sistema público de pensiones se ha colado en repetidas ocasiones en la conversación, igual que en la precampaña electoral, y preguntados directamente por su viabilidad, los dos sindicalistas han hecho una defensa a ultranza.
Álvarez, de UGT, ha afirmado que sería «un insulto a la inteligencia» y una «falta de respeto» a la patronal y los sindicatos que firmaron el acuerdo de reforma en 2021, aunque la CEOE rechazó el de 2023, y ha acusado al sector financiero de sembrar las dudas porque «no se resigna a no tener su parte del pastel».
«El gasto en pensiones de media va a estar por debajo del 15% del PIB. Es meter más recurso al sistema, pero es perfectamente sostenible si hay voluntad», ha completado Sordo, de CCOO, que ha insistido en la idea de que los ciudadanos decidirán con su voto cuál es el modelo que quieren para futuro.
Sobre la unidad de la izquierda y la visita de Milei
Asimismo, Álvarez ha expresado decepción por las disputas entre las formaciones de izquierdas, que han fracasado en su intento de concurrir como bloque para facilitar las mayorías parlamentarias. «Me permito pedirle a la izquierda que hable de las cosas de la gente», ha dicho el representante de UGT.
Sordo, en cambio, ha negado que la unión haya sido un fracaso, y ha aplaudido el acuerdo para el Senado entre PSOE y el Frente Amplio. Sobre la coalición liderada por Ada Colau, ha defendido que «recoge prácticamente el conjunto de las opciones de izquierda que son relevantes».
Preguntados por la visita del presidente de Argentina, Javier Milei, ambos líderes sindicales han juzgado que sus ideas de extrema derecha son una «amenaza». Sordo, que lo ha calificado de «engendro», ha puesto el acento en el riesgo para las instituciones democráticas, mientras Álvarez ha apuntado al impacto en el empleo y las clases trabajadoras de los discursos que se alinean con los grandes magnates tecnológicos.
El salario mínimo, el último objetivo de la legislatura
La subida del salario mínimo interprofesional (SMI) para 2027, que el Gobierno pretende acometer antes del 29N, es otro de los asuntos sobre la mesa.
UGT y CCOO han pedido que se eleve un 7%, hasta los 1.307 euros al mes en 14 pagas, pero el Ministerio de Trabajo todavía espera la recomendación del comité de expertos. A este órgano asesor, la vicepresidenta segunda y ministra Yolanda Díaz le ha planteado que el alza cubra al menos la pérdida de poder adquisitivo por la inflación, desatada en los últimos meses como consecuencia de la guerra en Irán.
A este respecto, el líder de CCOO ha destacado que la mejora del SMI era «perfectamente compatible con la creación de empleo» y ha asegurado que España está en condiciones de alcanzar el «pleno empleo» si la transición energética sigue atrayendo inversiones y mejorando la marcha económica. En su opinión, ese «horizonte realista» significaría una clase trabajadora con más capacidad de negociación en los salarios y las condiciones laborales en general, lo que no interesaría al empresariado.
El secretario general de UGT, por su parte, ha subrayado que, aunque pueda parecer que la relación con el Gobierno «ha sido de maravilla», los avances sociales han podido salir adelante con negociaciones «muy duras», «complejas» y a través de la «presión» sindical. Así, ha enumerado otros asuntos que siguen en discusión, como la compensación y absorción de las subidas del SMI a través de los pluses o el control horario para evitar horas extra.
Camino a una campaña electoral muy económica
Los salarios y la carestía de la vida por el precio de la vivienda y la factura energética, pero también el absentismo laboral y la salud de los trabajadores; el registro horario para el control de las horas extraordinarias; o el futuro de las pensiones públicas: el diálogo social durante la última legislatura ha estado marcado por cuestiones económicas y laborales que tendrán eco en la campaña electoral. Ya lo están teniendo en la precampaña, a la que España llega con más de 22 millones de afiliaciones y 2,38 millones de parados, con un último impulso vinculado a la regularización extraordinaria de personas inmigrantes.
Los periodistas Marc Sala, presentador del Telediario Fin de Semana, Lara Hermoso, directora del informativo 24 Horas de RNE, y Mamen Jiménez, directora de Economía de la Agencia EFE, son los encargados de formular las preguntas en un acto que ha empezado a las 9.30 horas en el Instituto Cervantes de Madrid, con la presencia de la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y la portavoz del Gobieno y ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz.