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Los peruanos van a las urnas con los antiguos gobiernos de Alberto Fujimori y Pedro Castillo en la memoria
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La conservadora Fujimori parte con ventaja respecto a Sánchez, pero con una tendencia que les iguala
Perú vuelve a las urnas este domingo para elegir a su nuevo jefe de Estado, en un duelo electoral entre las dos corrientes de pensamiento más populares del país: el fujimorismo conservador de Keiko Fujimori y el “castillismo” socialista con Roberto Sánchez como nuevo representante. Ante la fragmentación del voto, ambos candidatos aspiran a conquistar a un votante de centro, para lo que han moderado sus discursos.
Esta segunda vuelta viene precedida de unas primeras votaciones presidenciales el pasado 12 de abril, que se distinguieron por una amplia gama de posibles candidatos, nada menos que 35. Algo nunca visto en la historia del país y que llevó a la fragmentación del voto y a que ninguno de los posibles mandatarios alcanzara el 20% de los votos.
Ahora, 27 millones de ciudadanos peruanos deben decidir quién les gobernará durante los próximos 5 años. Será la cuarta vez en la contienda en segunda vuelta de Fujimori, hija y heredera política del expresidente Alberto Fujimori, que gobernó entre el año 1990 y el 2000. En las tres ocasiones anteriores, la peruana de ascendencia japonesa fue derrotada por el otro candidato.
Un mes de recuento y un exceso de candidatos
La primera fase de estas elecciones estuvo marcada por un largo recuento electoral. Llegó a pasar un mes desde el inicio del conteo hasta que el 17 de mayo el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) confirmó en una proclamación oficial que los partidos políticos Fuerza Popular (Fujimori) y Juntos por el Perú (Sánchez) habían sido los más votados.
En total, Keiko obtuvo un 17% de los votos, aproximadamente 2,8 millones; mientras que Roberto Sánchez se ganó al 12% de los electores, poco más de dos millones, en una sorprendente remontada al candidato de extrema derecha Rafael López-Aliaga, en una distancia de apenas 20.000 votos. «Esto nos lleva a una situación en la que más del 70% de los electores no votó por ninguno de los dos candidatos que ahora están en la segunda vuelta», explica Alonso Cárdenas, analista político y profesor de Ciencia Política en la Universidad Antonio Ruiz de Montoya de Lima.
La treintena de posibles presidentes hacía que la segunda vuelta fuese inevitable: para que el jefe del Estado sea elegido en esta primera fase es necesario más del 50% de los votos. Ahora, ambos deben ganarse el voto de esa amplia mayoría del electorado, que se decantará por uno de ellos no por convicción, sino por elegir el «mal menor», como aclara Cárdenas. «En Perú, los ciudadanos no votan por convicción, sino por los ‘antis’, por rechazo a la opción contraria«.
Giovanna Peñaflor, gerente de la empresa de estudios de opinión peruana IMASEN, señala que este alto número de candidatos se debe a un diseño aprobado en el Congreso, donde el partido de Fujimori, Fuerza Popular, tiene el mayor número de escaños: «Las leyes han permitido que tengamos 36 candidatos, que se fragmente el voto y que puedan pasar a segunda vuelta con apenas dos millones de votos».
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«Fujimorismo» contra «Castillismo»
Ambos candidatos se presentan como continuadores y herederos de un legado pasado. En el caso de Keiko Fujimori, su referente es claro: su padre fallecido es su reflejo político y ella es una activa defensora de su etapa política. En el caso de Roberto Sánchez, su campaña se ha basado en mostrarse a sí mismo como un nuevo Pedro Castillo, el mandatario socialista que gobernó en Perú entre 2021 y 2022. Dos expresidentes con ideologías opuestas. Ambos acabaron en prisión.
Alberto Fujimori fue condenado por la Corte Suprema de Justicia por crímenes de lesa humanidad en el año 2009, lo que implicaba una pena de 25 años. Fue declarado culpable de delitos de homicidio calificado y asesinato con alevosía por las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta, que provocaron 25 muertos a manos del grupo Colina, conformado por agentes del Servicio de Inteligencia del Ejército. Finalmente, el político abandonó la cárcel de Lima en diciembre de 2023 por motivos de salud y murió nueve meses después.
Pedro Castillo, en cuyo gobierno Sánchez ocupó el cargo de ministro de Turismo, fue condenado el pasado mes de noviembre a 11 años de prisión a raíz de su fallido intento de golpe de Estado el 7 de diciembre de 2022. Ese día, con el objetivo de evitar que el Congreso del Perú votara una tercera moción de vacancia en su contra, Castillo declaró la disolución del Congreso y la instalación de un «gobierno de excepción». Al no surtir efecto esta medida, el socialista fue detenido mientras trataba de huir a la Embajada de México.
A pesar de que ambos acabasen entre rejas, los dos candidatos de esta segunda vuelta defienden con fervor a sus ancestros políticos. En el caso de Roberto Sánchez, con un cambio de paradigma: si bien es cierto que fue uno de los primeros ministros en condenar el golpe de Castillo y desvincularse del proceso, ahora considera que el expresidente está «secuestrado por la mafia» y hasta porta el tradicional sombrero asociado a la figura del mismo.
Sin embargo, ninguno de ellos está teniendo fácil convencer a la sociedad peruana, que ha visto pasar ocho presidentes en los últimos diez años. La inestabilidad política les ha llevado a la desconfianza: «Ambos candidatos, gane quien gane, deberían recordar cuál es su verdadero nivel de adhesión: el que tuvieron en la primera vuelta», puntualiza Peñaflor. «Si cualquiera que gane cree que el 50 % más uno de la población le ha dado algún tipo de confianza, estaría equivocado».
Las encuestas colocan a Fujimori como ligeramente favorita
Las últimas encuestas oficiales ofrecen a la candidata conservadora una leve ventaja sobre su oponente. Sin embargo, la tendencia de Fujimori, que partía como favorita al inicio de la campaña, ha sido desfavorable en la última semana.
La aspirante de Fuerza Popular acaparaba el 38 % de la intención de voto en la última encuesta electoral oficial de la segunda vuelta, el pasado 30 de mayo, por la encuestadora IPSOS, frente al 35 % del candidato de Juntos por el Perú; acortando ligeramente el estrecho margen que les separaba a principios de mayo. Desde el pasado lunes, cuando los candidatos celebraron sendos mítines de cierre de campaña, se ha impuesto la veda de publicar sondeos en medios.
Sin embargo, un sondeo realizado esta misma semana por IPSOS y presentado solo a clientes privados —que se ha difundido de forma extraoficial en redes sociales— arroja una intención de voto para Sánchez del 43,8 %, mientras que Fujimori recibe el 43,2 % de las preferencias. Estos porcentajes, trasladados a votos válidos, significarían un 50,3 % para Sánchez y un 49,7 % para Fujimori.
Cárdenas destaca varios episodios que han provocado una caída de la efervescencia «fujimorista» en la campaña por la segunda vuelta: «Hubo dos mítines fuera de Lima que acabaron mal, en Arequipa y en Huancayo, donde parte de la población local organizó protestas de rechazo». La ciudad de Arequipa, en el sur del país, ha sido históricamente un bastión del «antifujimorismo», una corriente presente en Perú desde el mandato de su padre.
Por otro lado, Peñaflor señala fallos que se han producido dentro de la campaña del candidato «castillista», como su cercanía con el expresidente de Perú Ollanta Humala, condenado a 15 años de prisión por lavado de dinero; y con el hermano de este, Antauro Humala, un militar protagonista de un famoso levantamiento en la ciudad de Andahuaylas, en el que fallecieron cuatro policías. «No se explica el crecimiento de Sánchez entre la primera vuelta y la segunda por sus méritos o por estar haciendo una campaña aceptable, sino por el rechazo a Keiko», explica la analista. «Del mismo modo que el crecimiento de Keiko se explica por el rechazo a Sánchez».
Sin embargo, las estadísticas también señalan que todavía existe indecisión, aproximadamente del 15%, algo esperado teniendo en cuenta que la amplia mayoría de los ciudadanos no votó a ninguno de los dos futuros presidentes.
Las encuestas tampoco contabilizan el voto extranjero, una parte escasa del electorado, no más del 5% del censo total, pero en el que Fujimori parte con una clara ventaja. En la primera vuelta, los tres candidatos más votados por parte de los peruanos residentes en el extranjero eran conservadores: el extremista López-Aliaga, que acaparó un 24% de los votos; la propia Fujimori y el presentador televisivo Carlos Álvarez.
Fujimori busca la presidencia en su cuarto intento
La candidata conservadora, de ascendencia japonesa, sabe muy bien lo que es enfrentarse a una segunda vuelta, lo hizo antes hasta en tres ocasiones. La última ocurrió hace cinco años, cuando Pedro Castillo, ascendente político de su actual rival, la venció por apenas 100.000 votos de diferencia. Tampoco salió victoriosa en 2016, año en el que se proclamó presidente el centrista Pedro Pablo Kuczynski (comúnmente llamado PPK), en unas elecciones nuevamente muy ajustadas. Lo mismo sucedió en 2011, cuando Ollanta Humala se antepuso por medio millón de votos de diferencia: «Nada tienen en común PPK, Castillo y Humala», aclara Cárdenas. Y es cierto. Kuczynski es hijo de europeos, tiene vínculos con el sector de las finanzas internacionales y Wall Street. Pedro Castillo, en cambio, procede del mundo rural y sindical. «Solo les une ser el opositor a Fujimori».
Desde el gobierno de Alberto Fujimori, la sociedad peruana se ha polarizado en dos corrientes claras: los «fujimoristas» y «antifujimoristas». Un cuchillo de doble filo, que ha permitido a Keiko pasar a la segunda vuelta al ser la única candidata con un sentimiento de pertenencia por parte de sus seguidores; pero que también le lleva a poseer detractores: «Más que una postura política, es un sentimiento». Explica Cárdenas. «Hay antifujimorismo en la derecha, en el centro y en la izquierda».
Sin embargo, Peñaflor considera que la sociedad peruana ha evolucionado y ha pasado de un «antifujimorismo» a un «antikeikismo»: «Las primeras etapas de la vida política de Keiko Fujimori estuvieron muy marcadas por la evaluación de lo que hizo su padre. Pero ahora, tras 26 años de carrera política, el rechazo de parte de la población se debe a sus acciones». La propia Keiko pasó más de un año en prisión preventiva mientras era investigada por lavado de activos, aunque la causa fue anulada por el Tribunal Constitucional a finales de 2025.
Su plan de gobierno está centrado en la seguridad ciudadana, como viene siendo habitual en la mayoría de los partidos conservadores de América Latina. Propone crear cuatro centros «megapenales» de máxima seguridad, controlar las fronteras y el trabajo forzoso para los reclusos. Unas propuestas ligadas al aumento de la criminalidad existente en Perú, con más de 700 homicidios en lo que va de año. También ha cargado duramente contra la inmigración irregular y ha propuesto la deportación de ciudadanos indocumentados.
En lo económico, se ciñe al liberalismo clásico. Asegura querer respetar la «autonomía e independencia» del Banco Central de Reserva y reducir el déficit fiscal al 1 % del Producto Interno Bruto (PIB). En materia geopolítica, Keiko busca alinearse con el resto de líderes derechistas que han emergido en los últimos años en la región, como Javier Milei, Daniel Noboa y José Antonio Kast.
Roberto Sánchez. Un camaleón político
Al otro lado del cuadrilátero político, el izquierdista Roberto Sánchez se presenta como la alternativa socialista al «fujimorismo». Su opción, similar a la de Pedro Castillo, no es nueva para los ciudadanos. Su cercanía con el expresidente, marcada por la presencia de varios de sus familiares en las listas de Juntos por Perú, ha estado presente durante toda la campaña, con sombrero incluido.
«En una elección con 35 partidos compitiendo en primera vuelta, donde existe un núcleo duro de votantes castillistas, sobre todo en el sur, era bastante probable que tuviera opciones de llegar a la segunda vuelta», explica Cárdenas. Aunque al inicio del conteo electoral no parecía tan sencillo para Sánchez. El exalcalde limeño López-Aliaga permaneció durante gran parte del recuento en segunda posición, hasta que Sánchez, victorioso en gran parte de las zonas rurales, le adelantó.
Su figura, al igual que la de Keiko Fujimori, también tiene sombras de investigaciones fiscales. En este caso, un presunto caso de fraude en aportes de campaña de su partido Juntos por Perú, por el que la Fiscalía pide 5 años de prisión.
Aunque el candidato siempre se ha mostrado como un firme estatista y anticapitalista, el pasado 1 de junio, a una semana de las presidenciales, presentó un programa de gobierno completamente nuevo y muy diferente al anterior. En él, Sánchez aclara que respetará la propiedad privada, que ejercerá de «estado en una economía de mercado abierta», promoviendo «responsabilidad social, sostenibilidad ambiental y desarrollo territorial equilibrado».
Un viraje ideológico con el objetivo de atraer a un electorado más moderado. Según Cárdenas, el candidato sabe que «con el voto castillista solamente no va a ser suficiente para ganar». «Por eso se está desplazando hacia el centro, acercándose al progresismo limeño y respetando la inversión privada. Quiere acercarse a los que no quieren a Keiko pero que temen que Perú se convierta en una especie de Venezuela», señala.
Más allá de este cambio de última hora, Sánchez propone una mayor participación del Estado en el país, incluso ha evaluado la nacionalización del yacimiento de gas de Camisea, el más grande de Perú. Respecto a la seguridad, su política no carga hacia los delincuentes, sino hacia reestructurar el sistema policial «mafioso» desde dentro. Propone elevar el gasto en salud al 8% del PBI, implementar Redes Integradas de Salud en todo el territorio, además de aplicar lo que él denomina una «revolución educativa».
El duelo volverá a ser Lima-rural
Una de las claves que pueden decantar la balanza en esta segunda vuelta es el contraste electoral entre la capital Lima y el sur andino, el territorio rural del país. Las encuestas señalan que los resultados más favorables para Fujimori se dan en Lima, mientras que para Sánchez esto ocurre en las zonas rurales, como ya ocurrió en la primera vuelta.
Giovanna asegura que, cuando se analicen los resultados, «una persona habría sido presidente si Perú no incluyese Lima y el voto extranjero, y otra si se centrase sucediese al contrario». Una división notoria en un país polarizado y desencantado, que busca por fin encontrar estabilidad política este domingo.