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Urnas blindadas, escoltas armados y un amplio dispositivo de protección a los candidatos
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Bogotá, Antioquía y Cauca son las zonas más afectadas por la violencia
Es el cierre de campaña y sobre el escenario de la antigua plaza de toros de La Macarena, en Medellín (Colombia), aparece un hombre tocado con un sombrero y una camiseta amarilla en una urna blindada de cristal rodeada de escoltas armados. Sus seguidores le corean. Podría parecer una escena distópica, pero es un mitin del candidato presidencial de ultraderecha Abelardo de la Espriella, líder del movimiento Defensores de la Patria, que, como los otros dos aspirantes con más posibilidades, ha denunciado amenazas y su campaña ha sido blanco de ataques.
Las medidas de seguridad adoptadas por De la Espriella han sido quizás las más llamativas en las últimas semanas, pero todas las campañas han transcurrido en medio de un fuerte dispositivo con agentes armados.
Los principales candidatos han reportado amenazas
El aspirante izquierdista Iván Cepeda, del oficialista Pacto Histórico, afirmó en abril pasado que existía información oficial sobre «planes criminales» en su contra y que las autoridades estadounidenses la habían recibido, mientras que la aspirante de extrema derecha Paloma Valencia, del Centro Democrático, también ha denunciado planes de atentar contra ella y amenazas, como una imagen que se hizo viral con un montaje con motivos fúnebres y la foto de la senadora, donde se podía leer el mensaje «Descanse en paz» y la fecha de 2026.
Este mismo mes de mayo, el coordinador de la campaña de De la Espriella y exalcalde de Cubarral, en Meta, Rogers Mauricio Devia Escobar, y su asesor, Eder Fabián Cardona, fueron asesinados en un ataque armado.
Pese a estos sucesos, el panorama electoral en Colombia presenta una dualidad: mientras se observa una disminución del 24% en la violencia contra los liderazgos en general (donde se incluyen todo tipo de responsables, como los sociales o comunales), en comparación con 2022, cuando se celebraron las últimas presidenciales, sí que se han incrementado los ataques dirigidos específicamente contra liderazgos políticos, que concentran el 50% por los hechos violentos registrados.
«Registramos hoy desafortunadamente más asesinatos, más atentados y eso es lo que hemos alertado a las autoridades para poder reforzar todos los esquemas de protección», afirma en declaraciones a RTVE Noticias el responsable de la plataforma cívica Misión de Observación Electoral (MOE), Diego Alejandro Rubiano.
Corresponde a la Fiscalía General de la Nación y a las autoridades judiciales investigar estos hechos, pero desde MOE se apunta la hipótesis de que la multiplicación de algunos actores armados en el territorio y su coincidencia en distintas partes del país han impulsado los actos de violencia contra los liderazgos políticos de orden local, como alcaldes y concejales municipales en ejercicio.
La violencia azota Bogotá, Antioquia y Cauca
Las zonas más afectadas son la capital, Bogotá, y los departamentos de Antioquia y Cauca, aunque cada una tiene unas características específicas.
«En Antioquia y Cauca, la afectación está concentrada sobre liderazgos políticos, sociales, es una violencia mucho más letal, al contrario de lo que ocurre en Bogotá, donde si bien es el tercer escalón en términos de violencia y ataques contra liderazgos, solamente registramos un hecho letal, que fue el atentado y posterior asesinato del exsenador Miguel Uribe y el resto son amenazas en términos generales», reflexiona Rubiano.
La violencia no es algo que venga de hoy o ayer, ni siquiera de anteayer, sino que es «pandémica» y viene desde hace décadas, matiza por su parte a RTVE Noticias el jefe adjunto de la Misión de Observación Electoral (MOE) de la Unión Europea (UE) en Colombia, José Antonio de Gabriel, quien recuerda que los actos violentos no se limitan al fenómeno electoral, sino que derivan de la presencia de grupos armados que ejercen su dominio sobre personas y territorios durante todo el año.
Esas organizaciones han pasado de tener un componente ideológico a ser bandas dedicadas a actividades ilícitas, como la minería ilegal de oro, y el tráfico de drogas o de seres humanos. Están en amplias zonas del país, aunque suelen operar en áreas despobladas con una presencia frágil del Estado.
«Quiero destacar que, a pesar de esta presencia de los grupos armados, que no es de ahora ni de ayer; lleva mucho tiempo y se ha cronificado desgraciadamente —sigue De Gabriel—, Colombia consigue organizar elecciones abiertas a todo el mundo en todo el territorio».
El responsable de MOE UE Colombia subraya que en los comicios al Congreso del pasado 8 de marzo se votó en todas las veredas, que son las unidades administrativas más pequeñas donde terminan carreteras y caminos que se pierden en las montañas y el campo, y donde vive gente que «en muchos casos está bajo el constreñimiento de los grupos armados».
«La administración electoral consiguió llegar a todas las zonas del país y se consiguió votar en todas partes», destaca De Gabriel, quien señala que existe una tradición por la que algunas organizaciones armadas declaran una especie de «tregua electoral» y no impiden el acceso de las personas ni del material para sufragar en las mesas.
El experto en seguridad y sociólogo de la Universidad Nacional de Colombia Hugo Acero detalla a RTVE Noticias que en el pasado las organizaciones armadas ilegales asumían dos tipos de posturas: o bien se oponían frontalmente a los comicios e intentaban obstruirlos, e incluso en algunos casos lanzaban acciones contra las fuerzas del orden; o decretaban una especie de tregua electoral, cuando estaban dialogando con el Gobierno.
Grupos armados vinculados al proceso electoral
«El proceso electoral tiene otras características, y no solamente hoy en la elección de presidente, sino que también se dieron en las pasadas elecciones de mandatario locales. Y es que los grupos armados ilegales y algunos grupos delincuenciales se vincularon abiertamente al proceso electoral en apoyo de algunos candidatos», agrega Acero.
Los motivos pueden ser variados, como mantener el control territorial y de la población, y en algunas ocasiones del gobierno local y nacional, apunta Acero, que fue asesor presidencial de las Consejerías de Paz y de Seguridad Nacional entre 1993 y 1995, y subsecretario de Asuntos para la Convivencia y Seguridad de la Alcaldía Mayor de Bogotá entre 1995 y 2003.
Parecían lejos los años duros del conflicto armado en las décadas de los 80 y 90, hasta que un hecho sacudió el país en 2025: el magnicidio del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, de 39 años y miembro del Centro Democrático, que murió en agosto de ese año, dos meses después de un atentado. La fiscalía acusa a Segunda Marquetalia, de la disidencia de las FARC, de este ataque.
El asesinato hizo que se acelerase la aplicación del llamado «Plan Democracia», un mecanismo de movilización de un cuarto de millón de policías y militares para brindar seguridad tanto a los procesos electorales en su conjunto como a los candidatos para que puedan desplazarse y estén protegidos.
En el marco de ese plan, el Gobierno ha desplegado para las presidenciales a «prácticamente» toda la fuerza pública disponible, 408.000 agentes, que han acompañado 610 eventos de campaña para estas elecciones en distintas partes de Colombia.
Colombia despide con honores a Miguel Uribe Turbay en una misa solemne sin la presencia del Gobierno
Pese a esta movilización, las autoridades consideran que existen riesgos focalizados en 32 municipios por posibles actos violentos y en otros 38 por posibles delitos electorales.
«Por ello, hemos desplegado acciones ofensivas frente a quienes pretendan hacer acciones violentas. En este año ya hemos neutralizado 1.543 integrantes de esos grupos criminales, pero eso no ha sido gratis, nos ha costado dolor, hemos perdido 41 militares y policías que nos han asesinado y 272 han sido heridos», ha afirmado esta semana el ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez.
La naturaleza de las organizaciones que atentan contra las elecciones es fundamentalmente criminal, ya que Colombia ha pasado de un conflicto armado de origen político, donde había guerrillas que querían tomar el poder y paramilitares que decían defender el Estado con violencia, a unas actividades delictivas que «son única y exclusivamente crimen organizado», detalla Acero, quien subraya que todos los grupos, incluida la única organización guerrillera que queda, el Ejército de Liberación Nacional (ELN), están relacionados con ese tipo de delitos.
«Son ingresos muy rentables —sigue—. Están dedicados básicamente a eso. Ya no quieren tomarse el poder, ya no están buscando cambiar el Estado ni gobernar, sino simplemente explotar las rentas criminales».
¿Y qué proponen los principales candidatos?
Ante este nuevo escenario de crimen organizado, las campañas de los principales candidatos sugieren soluciones distintas.
Mientras que Valencia y De la Espriella abogan por reactivar la política de seguridad democrática de los Gobiernos del expresidente Álvaro Uribe (2002-2010), con bombardeos, despliegue en el territorio de soldados y policía, choques directos con las bandas criminales o la fumigación de cultivos ilegales, Cepeda prefiere profundizar los diálogos de paz con los grupos armados ilegales y otras organizaciones criminales urbanas, «porque según él ya tiene la experiencia para desmovilizar esos grupos que hoy lo están apoyando electoralmente», indica Acero.
Para el consultor de seguridad, la estrategia de los candidatos de derecha no va a funcionar porque «los grupos armados ilegales y criminalidad en general ya no están actuando como lo hacían las guerrillas y los paramilitares, hoy los miembros de los grupos criminales se mezclan con la población civil, no están uniformados, ni acampados, se mueven en pequeños grupos, dos o tres personas y están privilegiando los ataques a patrullas e instalaciones militares y policías con drones con explosivos que los manejan dos o tres jóvenes entrenados a varios kilómetros de distancia».
Tampoco cree que vaya a ser efectiva la aproximación que propone Cepeda, que parte de la consideración de que la violencia y la delincuencia tienen origen en la pobreza y las desigualdades de los principios de Naciones Unidas de los años 90 de la Seguridad Humana, que establece siete categorías: inseguridad económica, la alimentaria, de salud, del medio ambiente, la personal, la comunitaria y la política.
«Esta campaña toma la amplitud de la Seguridad Humana para atender la seguridad ciudadana y los problemas de orden público, sin considerar que corre varios riesgos. El primero, agrupa y pone bajo la política de seguridad y orden público todas las acciones de desarrollo social y económico (instrumentalizar las políticas de desarrollo social como parte de la seguridad, se ‘securitiza’ la política social); el segundo, criminaliza a poblaciones vulnerables como actores que hay que atender para que no terminen en acciones violentas y delincuenciales; y tercero, la política pública se vuelve inmanejable y difusa, ‘todo sirve’ y al fina no se sabe que funciona», medita Acero.