-
Sánchez les plantea triplicar la inversión pública, blindar la protección y crear una base de datos
-
Los líderes autonómicos del PP lo juzgan un «anuncio publicitario» del presidente y cargan contra la ley Estatal
PorSOFÍA SOLER RTVE
5 min.Las comunidades autónomas se sientan este viernes con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en una Conferencia de Presidentes con un punto prioritario en el orden del día, la vivienda. El jefe del Ejecutivo propuso este miércoles un pacto que resumió en «más financiación pública, menos especulación y más transparencia».
En una carta enviada a los líderes autonómicos solo dos días antes de la cita en Barcelona, se concretan tres políticas a incorporar en un Acuerdo Estatal de Vivienda 2026-2030:
- Triplicar la inversión de la Administración en vivienda, hasta los 7.000 millones de euros
- Blindar el parque público de forma indefinida
- Crear una base de datos pública y Estatal
La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha aclarado este jueves en una entrevista en La hora de la 1 que la propuesta va dirigida a las presidentas y los presidentes autonómicos, la mayoría del PP, pero no a la dirección del principal partido de la oposición, liderado por Alberto Núñez Feijóo. Es decir, no buscan de momento un pacto en el Congreso de los Diputados, sino «de Gobierno a gobiernos», puesto que las competencias de vivienda corresponden a las comunidades autónomas.
Profundizamos a continuación en las tres medidas sobre la mesa y la posición de las comunidades autónomas, que siguen desconfiando de la ley Estatal de vivienda de forma mayoritaria.
Triplicar la inversión
En primer lugar, Sánchez plantea triplicar la inversión pública hasta alcanzar los 7.000 millones de euros en el periodo de 2026 a 2030. El Gobierno aportaría el 60% del total, es decir, 4.000 millones, «siempre y cuando» las autonomías gasten «al menos» 2.700 millones, el 40% restante.
Es esencial que «parte de esos recursos», indica la carta, «se destinen a construir y rehabilitar más vivienda pública en régimen de propiedad y alquiler». Sin embargo, no se aclara qué otras medidas pueden financiarse con esa dotación.
En todo caso, el fomento de la construcción es el punto en el que puede haber más coincidencia. La portavoz de la Junta de Andalucía, Carolina España, ha pedido al Gobierno que «pase del papel al ladrillo» y ha abogado por más financiación y deducciones fiscales. «¿Dónde están las 184.000 viviendas que prometió?», preguntó el jueves tras recibir la misiva, en la que encuentra «muchas condiciones y pocas soluciones».
En ese sentido, también la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, ha juzgado la propuesta como un «anuncio publicitario» de Sánchez, al que acusa de no cumplir con sus «promesas».
«Le hemos oído tantas veces hablar de cifras de vivienda que luego no se han convertido en realidad que confío poco en las palabras. Quiero ver hechos», ha coincidido el presidente de Aragón, Jorge Azcón.
Blindar el parque público
La segunda propuesta de Sánchez pasa por «blindar de forma indefinida» el parque público. Eso significa que las viviendas que se hayan financiado con dinero público «mantendrán de forma permanente su calificación de ‘vivienda protegida'», lo que permitirá mantener un precio asequible tanto en propiedad como en alquiler.
Igual que Sánchez, la ministra Rodríguez explica esta medida como uno de los «aprendizajes» de los últimos 50 años. En ese tiempo, las Administraciones públicas construyeron más de 2,4 millones de viviendas protegidas, pero en la mayoría de los casos la calificación caducó y pueden venderse a precio de mercado.
El presidente califica este hecho de «terrible sangría» de dinero público, mientras la ministra advierte que actualmente puede seguir ocurriendo: «Lo que es malo en Andalucía es que hoy estemos construyendo viviendas también financiadas por el Gobierno de España y que dentro de 15 años, que es lo que dice la normativa andaluza, pasen a manos de particulares o fondos de inversión y, por tanto, nos desprendamos de ese patrimonio público», señaló este jueves en TVE
Igualmente, en otras comunidades con el mercado tensionado como Madrid, la protección de las viviendas de nueva construcción dura 15 años desde la fecha de calificación definitiva, 10 años si es un alquiler con opción a compra.
Crear una base de datos de precios
Por último, el Gobierno apuesta por crear una base de datos Estatal en la que todas las Administraciones vuelquen los datos de los que dispongan sobre oferta de vivienda y precios reales de compra-venta y alquiler. Según Moncloa, con más información, se mejorarían las políticas públicas de vivienda y también los ciudadanos pueden negociar mejor los precios.
«Acabemos con el monopolio de la información que tienen algunos portales privados e insertemos más transparencia al sistema», defiende Sánchez.
La ley Estatal de vivienda, en el punto de mira
Ante todo esto, las 12 comunidades autónomas del PP se han mostrado por lo general dispuestas a hablar de vivienda, pero echan en falta el debate en una conferencia sectorial. Su planteamiento es distinto al del Gobierno. En las últimas horas, desde Andalucía, Aragón y Cantabria han cargado contra la ley Estatal de vivienda, que consideran que ha agravado la escasez de oferta y «protege más al okupa que al propietario», en palabras de la portavoz del Ejecutivo andaluz.
«Hablaremos de vivienda, estamos en contra de la okupación, y que se lo digan especialmente a los catalanes, que son los que más sufren estas medidas», ha dicho, por su parte, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en la asamblea autonómica. Más tarde, en una carta enviada al presidente, ha rechazado el plan «improvisado» del Gobierno, por no tener el respaldo de unos presupuestos generales del Estado.
Mientras tanto, desde Cantabria, Buruaga ha acusado al Gobierno de llevar a cabo un «chantaje» por repartir 35 millones de euros entre las comunidades que aplican la normativa.
En La hora de la 1, Rodríguez ha justificado estar «premiando» a esas regiones porque «así lo mandata la ley» y ha celebrado que Galicia, gobernada por el popular Jorge Rueda, haya aprobado la solicitud de A Coruña para declarar la zona de mercado tensionado. Es la primera comunidad del PP que lo hace y se suma a Cataluña, País Vasco y Navarra.
Está por ver si las 17 comunidades y dos ciudades autónomas son capaces de llegar a un acuerdo ante un problema que sigue siendo la principal preocupación de los españoles, según el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS).