La Guardia Civil ha desmantelado este entramado con víctimas en Murcia y otras seis comunidades autónomas
La Guardia Civil de la Región de Murcia ha esclarecido una decena de estafas por una cuantía total de 1.300.000 euros a través de inversiones fraudulentas por internet y con víctimas en esa provincia, Madrid, Valencia, Guipúzcoa, Santa Cruz de Tenerife, Baleares y Córdoba.
Según ha informado este jueves el instituto armado en un comunicado, el entramado publicaba en redes sociales presuntas oportunidades financieras simulando grandes beneficios por pequeñas inversiones.
En la operación Blokil, la Guardia Civil ha arrestado a una mujer en Orihuela y ha cursado sendas peticiones internacionales de búsqueda y detención para otras dos por la supuesta autoría de los delitos de estafa, falsedad documental y blanqueo de capitales.
La operación se inició en Mazarrón cuando una vecina denunció haber sido objeto de una estafa. La víctima relató a los agentes que había contactado con una presunta empresa inversionista que conoció a través de una conocida red social.
Esta supuesta mercantil ofertaba inversiones tanto en criptomonedas como en otros productos financieros, con grandes beneficios a partir de pequeñas compras. Ello le indujo a invertir una pequeña cantidad que, poco después, fue aumentando ante las insistentes ofertas de oportunidades únicas que la ‘empresa’ le iba presentando. La denunciante decidió retirar el dinero al percatarse del engaño.
La investigación desarrollada por los equipos Arroba del instituto armado, especializados en ciberdelitos, reveló que el dinero había sido transferido a distintas cuentas bancarias, de titularidad empresarial, y de ahí derivado a otras ubicadas en países del Este.
La Guardia Civil averiguó también que tanto las identidades de los titulares de las empresas como las propias mercantiles eran falsas y que, al parecer, habían sido creadas para mover grandes cantidades de dinero sin levantar sospechas, por lo que la detenida que ha sido puestas a disposición del juzgado de instrucción de Totana está acusada de once delitos de estafa y de los continuados de falsedad documental y blanqueo de capitales.