Las víctimas de trata de personas con el fin de que sean prostituidas y los migrantes en situación irregular explotados en el sector agroalimentario son ejemplos vivientes de que la abolición de la esclavitud sigue siendo una utopía
Ángela López, coordinadora de Oblatas en la Región, durante una acción contra la trata de personas en Murcia. / L.O.
Naciones Unidas celebra este 2 de diciembre el Día Internacional para la Abolición de la Esclavitud, una práctica que muchos piensan que se desterró en España a finales del siglo XIX pero que, realmente, sigue presente en nuestro entorno.
Estas maneras abarcan hoy en día la trata de personas, la explotación sexual, las peores formas de trabajo infantil, el matrimonio forzado y el reclutamiento forzoso de niños para su uso en conflictos armados. Según la ONU, la esclavitud moderna se da en casi todos los países del mundo y traspasa todas líneas étnicas, culturales y religiosas. Más de la mitad (el 52%) de todos los trabajos forzados y una cuarta parte de todos los matrimonios forzados se encuentran en países de renta media-alta o alta.
La Región de Murcia no es una excepción y la esclavitud ocupa su espacio en las grandes hectáreas del campo y a través de las mujeres que son víctimas de trata.
Juan Guirado, de la Secretaría de Política Social de UGT y portavoz de Convivir Sin Racismo, explica que los casos de esclavitud moderna que más preocupan en la Región afectan a redes de explotación vinculadas a la agricultura. «Afecta a personas sin papeles que dependen del encargado de llevarlo al tajo, gente que vive en la misma explotación en la que trabaja», explica.
Guirado recuerda el caso de Eleazar Blandón, el temporero nicaragüense fallecido en Lorca en agosto de 2020 mientras se encontraba descargando un camión de sandías a más de 40 grados centígrados. También en Lorca falleció en marzo de este año Denis Antonio, ciudadano nicaragüense que vivía con su esposa en la finca donde trabajaba sin agua, sin luz y sin aseo. En la denuncia presentada ante la Inspección de Trabajo por Comisiones Obreras se hablaba de que el deceso pudo producirse por «una nube tóxica» originada a causa de la combustión de la gasolina del generador.
Pocos casos llegan a Fiscalía
La última Memoria de la Fiscalía destaca tan solo 8 diligencias de investigación por delitos de explotación laboral contra ciudadanos extranjeros, de las que se presentaron 3 denuncias por el fiscal ante el Juzgado de Instrucción. También se siguen produciendo en el campo fraudes en la identidad de los trabajadores que desempeñan realmente el trabajo, propiciados por la situación irregular en que se encuentran estas personas y la necesidad de trabajar. Sin embargo, solo constan un total de 4 sentencias dictadas, todas ellas conformes con la petición del Ministerio Fiscal excepto una, que fue absolutoria al no comparecer ninguno de los testigos, que se encontraban en paradero desconocido, y no ser clara la declaración de otros. Este es uno de los problemas con los que las autoridades se encuentran a la hora de luchar contra las nuevas formas de esclavitud, y es que muchas de sus víctimas no se atreven a denunciar porque temen que sean expulsados del país después de hacerlo por encontrarse en situación irregular.
Lo mismo ocurre con las víctimas de trata. En el último año se presentaron 3 escritos de acusación y solo se ha dictado una sentencia, también en Lorca, donde se condenó a una pareja de acusados como autores de un delito de prostitución coactiva sobre una mujer, que si bien ejercía voluntariamente la prostitución, los acusados la sometían a una situación de explotación. Desde Convivir Sin Racismo subrayan que «existen métodos para proteger a la víctima en cualquier situación de esclavitud con independencia de su situación administrativa».
Economía sumergida
Vítor Romera Lorca, secretario de Empleo, Acción Sindical y Negociación Colectiva de Comisiones Obreras, señala que la economía sumergida, aquella que no está regulada, facilita la aparición de casos de nueva esclavitud.
Los trabajadores más en riesgo forman parte, añade, «de sectores muy implantados en la Región, como el agroalimentario y el servicios», pero también al servicio doméstico, con más de un 90% de mujeres. «En este ámbito están absolutamente invisibilizadas, ya que trabajan en domicilios particulares y es difícil que allí llegue la mano de la autoridad laboral», indica.
Los que peor lo tienen, remarcan desde CC OO, son las personas que llegan a la Región de Murcia buscando un futuro mejor y carecen de permiso de trabajo. «Tienen que aceptar cualquier condición laboral para poder ganar el dinero necesario para mantenerse y mandar dinero a sus países», manifiesta Romera, quien lamenta la «falta de recursos de la administración para dotar a la Inspección de Trabajo de los medios que necesita para frenar estas situaciones. Por este motivo, cree que «no tiene ningún sentido» que las autoridades pongan «tantas trabas» a los migrantes para que puedan trabajar de forma legal, sobre todo teniendo en cuenta que España demanda mano de obra de fuera.
De hecho, los últimos estudios del Centro Económico y Social (CES) señalan, por un lado, que la agricultura es, con diferencia, el sector con mayor porcentaje de economía sumergida en la Región y, por otro, que «el impacto demográfico de la inmigración en la Región es netamente positivo» y «los flujos migratorios constituyen una oportunidad para aliviar las presiones demográficas».
«Una víctima de trata está aislada, arrastra deudas y la obligan a prostituirse las 24 horas del día»
Oblatas se han convertido en un espacio de referencia y de seguridad para aquellas mujeres que se encuentran en situaciones de prostitución y trata en la Región de Murcia. Hasta su coordinadora, Ángela López, desconoce el número real de las víctimas de trata de personas, porque los casos que llegan a la Policía son «mínimos», mientras que a su organización llegan muchas más que no necesariamente van a denunciar.
«En 2024, en Oblatas hemos atendido alrededor de 700 mujeres, pero no podemos decir, porque sería erróneo, que todas ellas son víctimas de trata. Sí vemos cuáles tienen indicios», explica. Estos síntomas de los que habla que denotan que estas mujeres han podido caer en manos de una red tienen que ver con que le hayan quitado el pasaporte, estén muy aisladas y solo conozcan el entorno del piso donde ejercen, no aprendan el idioma (si su lengua materna no es el español), no tengan ningún control sobre su dinero y suelan arrastrar deudas. «También es muy significativo la forma en que ejercen la prostitución: las 24 horas de los 7 días de la semana. No tienen tiempo ni para ir al médico», comenta López.
Muchas de las mujeres que atiende Oblatas le son derivadas desde otras puntos, entidades públicas y privadas, como centros de salud u otras organizaciones del Tercer Sector. Otras son captadas desde su unidad móvil, que recorre varios municipios en los que tienen identificados «pisos, clubs y zonas de calle» a los que acuden las prostitutas. «Como asociación, tenemos facilidad para entrar y tomar contacto. Así nos conocen porque les llevamos material preventivo y de salud», cuenta López.
Las mujeres salen de países con problemas
La experiencia sobre el terreno ha llevado a la coordinadora de Oblatas en la Región de Murcia, Ángela López, a saber que cuando un país empieza a pasar un «momento político o económico delicado» significa que «en un par de años van a llegar un montón de mujeres de allí para ser explotadas sexualmente». No falla. El perfil de estas personas es casi siempre el de una mujer y, aunque hace diez años se trataba de gente pobre del África subsahariana y del este de Europa, en los últimos años se han sumado las latinoamericanas, como colombianas, nicaragüenses o venezolanas, que llegan también «con estudios y carreras universitarias», explica López. Cuando sus países sufren una crisis económica, estas mujeres adquieren deudas para sacar adelante a sus familias, cayendo así en su propia trampa. «Algunas nos reconocen que sabían que venían a ejercer la prostitución; sin embargo, no se esperaban que sufrirían un contexto tan duro», destaca la coordinadora.
El cabecilla de la red proviene del mismo país que la víctima
Es curioso que quienes son capaces de ejercer esta violencia sobre las mujeres suelen proceder de los mismos países que sus víctimas. «Los cabecillas de estas redes, al menos, sí. Luego, por supuesto que en las mafias hay de todo, algún español también», precisa Ángela López, de Oblatas. Se trata de un «engranaje», una organización en donde participa «desde el taxista que recoge a estas mujeres en el mismo aeropuerto hasta la mujer que les enseña el piso donde se van a prostituir y las lleva de tiendas». Todo comienza en el mismo entorno de las víctimas. «La amiga de una tía, un vecino o quien sea que tenga alguna relación con ellas es quien las ayuda a salir del país y las mete en la red. Buscan a un perfil que pueda ser rentable en España», dice. Y son estas bandas criminales, que las conocen, quienes las extorsionan para que no escapen: «En Nigeria amenazan con vudú y en Rumanía, con el ‘lover boy’, un chico del que se enamoran y luego las convence para que se prostituyan».