La juez también llamará a declarar a otros 14 investigados tras la denuncia de irregularidades en este proyecto. Ministerio Fiscal y Comunidad Autónoma solicitan una indemnización de más de 70 millones de euros
La titular del juzgado de Instrucción número 5 de Murcia, en auto notificado hoy, ordena la apertura de juicio oral a 15 de los investigados en las diligencias abiertas tras la denuncia de irregularidades en el proyecto de la planta desalinizadora de Escombreras, actuaciones conocidas en el argot policial y periodístico como caso La Sal o caso Desaladora, por los presuntos delitos de prevaricación continuada en concurso real con el delito continuado de fraude en concurso ideal con malversación de caudales públicos, en relación al contrato de arrendamiento para la adquisición de la desaladora de Escombreras.
También se abre juicio oral a las mercantiles Actividades de Construcción y Servicios (ACS), Hydro Management SL, Cobra Concesiones SL, Moncobra SA, Tedagua SA, Cobra Instalaciones y Servicios S.A, Cobra Gestión de Infraestructuras y Moncobra SA como posibles responsables civiles subsidiarios. Y a las empresas Ariño y Asociados SL, Despacho González Varas y Arnaldos Abogados SLP como participes a título lucrativo.
Esta primera investigación se centró en los miembros del consejo de administración del Ente Público del Agua y la Empresa Pública de la Desaladora de Escombreras, entre ellos el ex consejero de Agricultura y Agua y presidente del Ente, Antonio Cerdá, en lo que la resolución denomina “parte pública”; y los administradores o representantes de la mercantil Hidromanagemet y de la empresa Técnicas de Desalinización de Aguas (Tedagua), o “parte privada”.
Tras la conclusión de la investigación, el fiscal presentó escrito de acusación por en el que solicitaba penas de 14 años de prisión, 20 de inhabilitación absoluta y 15 de inhabilitación especial para empleo o cargo público.
La acusación solicita, además, una indemnización por el importe del perjuicio causado de 70 millones de euros. Escrito al que se adhiérela acusación popular.
Por su parte, la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, como actor civil, solicita la apertura de juicio oral y exige la responsabilidad civil derivada del delito que concreta en 74.194.332 euros, la diferencia de coste entre los dos sistemas de adquisición de la planta que analiza en su escrito.
Tanto el Ministerio Fiscal como la CARM, explica el auto, fijan dicha cantidad como el perjuicio total en relación al contrato de arrendamiento para la adquisición de la desaladora.
En este sentido, en la parte dispositiva, se requiere a los acusados para que presten fianza de 70 millones de euros para asegurar las responsabilidades pecuniarias que, en su caso, pudieran imponerse. Estableciendo, de acuerdo a la Ley de Enjuiciamiento, que en caso de que no se prestase, se decrete el embargo de sus bienes en cantidad suficiente. Responsabilidad Civil que, según indica la resolución, estará ligada al devenir de conocido como caso La Sal II, en el que está acusado el expresidente de la Comunidad Autónoma.