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Solicitará su comparecencia voluntaria pese a estar aforado por su condición de diputado
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El juez dio el jueves el primer paso para pedir su imputación al Supremo tras un informe de la UCO por «su papel relevante»
PorRTVE.es
El juez Ismael Moreno, que instruye la causa, dio el jueves el primer paso para pedir su imputación tras un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que señalaba «su papel relevante» en la trama.
En concreto, reclamó a la Presidencia de la Audiencia Nacional que solicitara «por el conducto correspondiente» para que la presidenta del Congreso, Francina Armengol, acreditara la condición de parlamentario de Ábalos.
La condición de aforado de Ábalos implica que, de ser investigado, deba hacerlo el Supremo, razón por la que el juez de la Audiencia Nacional no es competente para dirigir una eventual investigación contra él y ya ha pedido al Congreso que acredite que el exministro es diputado.
La UCO señala «su papel relevante» en la trama
La decisión del magistrado llegaba poco después de que la UCO le planteara la necesidad de investigar al exministro de Transportes por los indicios existentes de su «papel relevante y de responsabilidad» en la supuesta trama de adjudicaciones irregulares de varios contratos públicos de mascarillas a una empresa.
El Instituto Armado sostiene que «se debería investigar qué relación tendría el exministro» con la «organización criminal y los hechos investigados, para lo cual se requeriría iniciar una investigación sobre esta persona, actualmente aforada».
En el informe, al que ha tenido acceso RTVE, la UCO señala además que el presunto conseguidor de la trama, Víctor de Aldama, se habría valido de su relación con Ábalos y su asesor Koldo García para «influir» en la concesión del rescate de Air Europa.
Los investigadores mencionan los pagos en efectivo que supuestamente recibió García por parte de Víctor de Aldama y que perseguían -dicen- su acceso tanto al exasesor del exministro como al propio Ábalos. «Esos pagos en efectivo fueron acompañados de otras contraprestaciones también a Ábalos», añade el informe.
Sánchez asegura que no habrá «impunidad» ante la corrupción
Este mismo viernes, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que «no va a haber impunidad» ante la corrupción, marcando distancia con el exministro tras el informe de la UCO. «Desde que ha habido un mínimo atisbo de corrupción se ha actuado con contundencia y determinación», ha asegurado antes de anunciar que habrá «absoluta contundencia, colaboración y una respuesta inmediata» con lo sucedido.
Junto a la vinculación de Ábalos con el caso Koldo, el informe de la UCO, al que tuvo acceso RTVE, también recoge información a cerca del polémico encuentro entre el exministro y la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, en enero de 2020, momento en el que tenía prohibido entrar en la Unión Europea por las sanciones impuestas desde Bruselas contra el régimen de Nicolás Maduro.
En concreto, la UCO recoge un «pantallazo» de un mensaje en el que Ábalos informaba al presidente del Gobierno de que la vicepresidenta venezolana quería reunirse «discretamente», a lo que Sánchez respondió «bien». No obstante, el presidente afirma que en un principio no le dio importancia porque las visitas privadas de otros Gobiernos son habituales, pero que finalmente se canceló la reunión oficial por las sanciones.
«Esa es la participación del Gobierno de España. Cualquier otra cuestión que tenga que ver con supuestas prácticas delictivas tendrán que ser las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y la Justicia quien lo dirima y tendrán que responder aquellas personas involucradas», ha manifestado.
Inmuebles bajo sospecha
Por otra parte, los investigadores insisten en que hay indicios suficientes, «obtenidos de manera directa del material obrante en la causa», que «vincularían la participación de Ábalos en los contratos investigados, con la compra por parte de De Aldama de un chalé para el propio exministro».
Sobre este extremo, precisan que De Aldama «gestionó la compra del chalé, inicialmente a través de una serie de ciudadanos venezolanos que se inicia, pero no culmina de manera exitosa», y, posteriormente, «valiéndose económicamente de una presunta trama dedicada al fraude en el sector de los hidrocarburos».
La UCO apunta que Ábalos llegó a «disponer» del chalet ‘La Alcaidesa’ –situado en La Línea de la Concepción– y pudo incluso poner «en alquiler y poder obtener así rendimientos económicos». Dicha propiedad, señalan los agentes, fue adquirida por De Aldama por valor de 526.000 euros empleando sociedades presuntamente controladas por Claudio Rivas, socio del empresario.