El alcalde del municipio se ha reunido con Unidad de Control del Empadronamiento del ayuntamiento, que ya está actuando sobre el asunto
LA OPINIÓN
Viviendas con puertas y ventanas tapiadas en las que hay un registro activo de empadronamiento han sido detectadas recientemente en el municipio, según ha manifestado este martes el alcalde de Lorca, Fulgencio Gil Jódar, quien ha participado en una reunión con la Unidad de Control del Empadronamiento del ayuntamiento.
En las viviendas, que no se encuentran en estado de habitabilidad según el primer edil “aparecen personas con nombres y apellidos adscritas a esas propiedades en el Padrón Municipal de Habitantes”, ha afirmado. Asimismo, ha añadido que hay otras “en las que residen un importante número de personas que no corresponden a unidades familiares. Es decir, no tienen vinculación familiar alguna. Estamos hablando de hasta diez individuos que residen en una misma vivienda y que no comparten lazos familiares”.
Además de darse esta situación en casas particulares, también se está dando el caso de empadronamiento en almacenes que han sido adecuados sin la necesaria licencia de obras y licencia de primera o segunda ocupación, a palabras del alcalde, quien ha mencionado posteriormente el caso de una propiedad concreta en la que “se han detectado varias construcciones (casas, almacenes y naves) a las que se han sumado incluso módulos prefabricados para ampliar el espacio destinado a vivienda para personas”. Gil ha añadido que “en esta propiedad en concreto, se ha dado ya orden para que se lleven a cabo las primeras inspecciones, ya que se ha detectado el empadronamiento de hasta 49 personas”.
El alcalde ha insistido en que estas situaciones “no tienen un patrón definido. Nos las estamos encontrando en el casco antiguo, pero también en barrios y en pedanías”. Ha reiterado también que lo que se pretende es “detectar esas situaciones anómalas”. “Estamos hablando de negocio con personas, de efecto llamada que han llevado a Lorca a convertirse en una ‘Ciudad Dormitorio’”, ha expresado.
Ante este hecho, Gil ha anunciado que las sanciones por el incumplimiento de la norma van desde 750 € a 3.000 €, pudiendo afectar no solo al propietario, sino también a los moradores. La normativa también incluye la posibilidad de cursar baja a los empadronados por inscripción indebida.