Victoria judicial para Santomera contra una cantera muerta

El TSJ sentencia contra la Comunidad por entrometerse en competencias municipales al ampliar la superficie de explotación de la cantera de Arimesa sin contar con un estudio de impacto ambiental

La guerra judicial por la actividad en la cantera de Arimesa, en Santomera, suma un nuevo capítulo. La sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Murcia ha dado la razón al Ayuntamiento de Santomera al señalar que la Consejería de Fomento se entrometió en 2015 en competencias municipales al regular su Plan General de Ordenación Urbana. Una acción que benefició a la mercantil Arimesa para que continuara con la extracción de rocas en la cantera pese a que no contaba con licencia para ello ni tampoco tramitó una evaluación de impacto ambiental para medir la repercusión de su actividad sobre la flora y fauna, algo que a día de hoy tampoco ha hecho, según los magistrados.

Esta batalla judicial nace con una orden de la Consejería de Fomento hace seis años, entonces dirigida por el popular Francisco Bernabé, por la que corregía una serie de deficiencias dentro del Plan General de Santomera aprobado de forma definitiva en 2008. Esta norma de la Comunidad redefinía los límites de las áreas donde poder ejercer la actividad minera como la extracción de roca, en concreto en la zona que afectaba al paraje de El Zacacho, en la Sierra de Santomera, donde está ubicada la cantera de Arimesa-Áridos del Mediterráneo, propiedad de Pedro García Balibrea, expresidente de la Cámara de Comercio de Murcia. La sentencia actual del TSJ parte del recurso interpuesto por el Ayuntamiento contra dicha orden.

Sobre dicha cantera pesan ya una larga lista de pleitos judiciales entre la compañía propietaria y el Ayuntamiento de Santomera. «Desde 2018 la actividad industrial minera o de cualquier otro orden en el paraje El Zacacho está suspendida y clausurada definitiva y totalmente sus instalaciones y maquinaria», recuerda el tribunal, ya que el Consistorio ejecutó un cierre forzoso tras diversas sentencias del TSJ donde obligaban al fin de la actividad en la cantera, dado que la empresa nunca ha obtenido la licencia para extraer material sólido por parte del Ayuntamiento de Santomera, y la licencia obtenida del Consistorio de Murcia en 1974 únicamente era para triturar, clasificar y comercializar áridos.

«En definitiva, la inclusión en suelo no urbanizable de la explotación ‘El Zacacho’ (la cantera de Arimesa) no era una cuestión menor a subsanar, correspondía subsanarla al Ayuntamiento, realizando, en su caso, los trámites pertinentes con la referida mercantil», señalan los magistrados de lo Contencioso. Con la recalificación urbanística que impulsó la Comunidad alegando que había intereses «supralocales», la mercantil ganaba 12,8 hectáreas más para explotar, que se sumaban a las 42 que ya tenían reconocidas en el Plan General.

El tribunal pone especial énfasis en el empeño de la Comunidad, y en concreto de la dirección general de Medio Ambiente, en señalar en 2008 que no había impacto ambiental negativo: «Se observa, además, que confunde la parte demandada (Gobierno regional) la justificación del no impacto paisajístico y ambiental con la autorización ambiental única (AAU)», llega a señalar el Tribunal. El órgano jurídico añade la declaración de una funcionaria de la dirección de Medio Ambiente que señala que los estudios ambientales llevados a cabo por Arimesa para analizar el impacto de su ampliación no determinan nada y que lo único valido para medir el posible daño ambiental era elaborar un Estudio de Impacto Ambiental.

Ecologistas: «El TSJ tumba una fechoría del exconsejero Bernabé»

Ecologistas en Acción, organización que ha estado detrás de las batallas judiciales contra las ilegalidades cometidas por la mercantil Arimesa en la cantera de Santomera, ha aplaudido la sentencia del TSJ que da la razón al Ayuntamiento de Santomera. La organización ha calificado de «fechoría» lo que entonces aprobó Francisco Bernabé cuando era consejero de Fomento, Obras Públicas y Ordenación del Territorio en 2015. «La Comunidad permitió que la empresa continuara con una actividad ilegal sabiendo que no contaba con licencia municipal para la extracción de áridos ni había hecho un estudio de impacto ambiental».