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El país celebra este domingo elecciones regionales y parlamentarias y la oposición ha denunciado detenciones
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Se espera una abstención masiva: parte de la oposición continúa reclamando el triunfo antichavista del 28 de julio de 2024
PorUXÍA PÉREZ RTVE
El rechazo popular fue instantáneo y la respuesta del Gobierno también. Las manifestaciones fueron masivas, los presos políticos pasaron de ser 300 a unos 2.000 y Venezuela se convirtió en el país con el mayor número de disidentes encarcelados de todo el continente. Inevitablemente, la esperanza se transformó en desilusión y, con el paso de los meses, el fervor de la protesta se fue apagando. «Buena parte del electorado siente que para qué volver a votar, si el voto no significa nada, si puede ser arrebatado tan fácilmente», sostiene el analista del International Crisis Group, Phil Gunson.
En enero, Maduro juró su cargo como presidente ante el Parlamento. Lo hizo ignorando las denuncias de fraude y sin mostrar unas actas electorales que acreditaran su victoria pese a las peticiones de parte de la comunidad internacional, como la Unión Europea. Pese a las solicitudes, hasta el momento el CNE no ha publicado los documentos que confirmen su triunfo y, de hecho, la página web del organismo electoral no funciona desde hace diez meses. Por su parte, la coalición opositora, Plataforma Unitaria Democrática (PUD), aseguró a través de una página web que, con el 85,18% de las actas electorales recopiladas por sus testigos, se confirmaba el triunfo del candidato antichavista, Edmundo González Urrutia, un hecho calificado de falso por el oficialismo.
En general, el sentimiento popular es de «apatía». «La gente sabe que no hay ninguna capacidad de hacer alguna incidencia en estas elecciones. Y si la hubiera, pues ahí está la autoridad del Consejo Nacional Electoral que sacó prácticamente una servilleta para dar unos números que hasta la fecha no ha podido demostrar de dónde provienen. Son unas elecciones que no son democráticas, que están amañadas y que están hechas para maquillar a un régimen autoritario como el de Nicolás Maduro», denuncia la historiadora y analista política venezolana Margarita López Maya.
De hecho, la líder de la oposición, María Corina Machado, denunció el viernes la detención del exdiputado Juan Pablo Guanipa y de «más de 50 dirigentes políticos y sociales, defensores de derechos humanos, periodistas y activistas». El Gobierno de Maduro cifró los arrestos en 70 personas que supuestamente planeaban «boicotear» las elecciones.
Este domingo se darán cita en Venezuela más de 400 observadores internacionales para acompañar y monitorear el proceso electoral. La Unión Europea no estará presente debido a las tensiones políticas y sanciones implantadas tras las presidenciales. A pesar de esta exclusión, se prevé la participación de otros organismos como el Consejo de Expertos Electorales de Latinoamérica, la Unión Africana, paneles de expertos de la ONU y el Centro Carter. Los dos últimos acudirán a Venezuela a pesar de haber denunciado que las pasadas votaciones no fueron «democráticas ni transparentes».
De la carrera por la presidencia a la abstención
En octubre de 2023, la histórica líder opositora María Corina Machado arrasaba en las primarias para, meses después, ser inhabilitada y no poder presentarse a las elecciones del 28 de julio. Lo hizo de todos modos porque la oposición acudió a los comicios unida a través de la PUD, alrededor de la figura de González Urrutia que actuaba a la sombra de Machado.
El resultado oficial favoreció a Maduro, aunque la oposición sostiene que fue un proceso antidemocrático. Ahora son González (asilado en España) y Machado (en paradero desconocido) quienes se niegan a presentarse otra vez porque no reconocen la legitimidad de los resultados y continúan reclamando el triunfo antichavista en las presidenciales. En febrero de este año, la líder liberal advirtió de que solo habría una votación «legítima cuando se respete» su reclamado triunfo.
«Estas elecciones no estarán ni remotamente cerca de ser semicompetitivas. Cada vez hay mayores violaciones de las garantías y, además, se dan en medio de una disputa en el seno de la oposición acerca de la estrategia de lucha que se implementará para intentar detener al régimen autoritario. Así que, francamente, no puede esperarse un saldo favorable para la oposición en un contexto como este», explica el politólogo venezolano John Magdaleno.
A pesar del llamamiento de Machado, muchas caras conocidas que hasta ahora integraban la Plataforma Unitaria se han apartado de la coalición opositora para intentar retar al Gobierno en las urnas. Lo hacen porque, según argumentan, pretenden seguir protestando contra el presidente sin «pasar la página» de lo que sucedió el 28 de julio. «La oposición siempre ha estado dividida entre la línea dura, que quiere una solución instantánea, y los que creen que la solución tiene que ser trabajada, negociada, y esa división existe desde hace 20 años», recuerda Gunson.
Uno de los primeros en distanciarse de las posturas de Machado fue el exgobernador del estado Miranda, Henrique Capriles. Esto le valió la expulsión de su partido Primero Justicia, que considera que el político «traicionó» la «unidad» antichavista. Capriles ha podido postularse como candidato a diputado de la Asamblea Nacional (el parlamento venezolano), después de que la Contraloría General levantara la inhabilitación política que pesaba sobre él desde 2017.
En la lista de candidatos le acompañan otras figuras relevantes de la oposición como el exdiputado Stalin González, el excandidato presidencial Henri Falcón, el exgobernador Pablo Pérez y los exdiputados Tomás Guanipa, hermano del exdiputado detenido el viernes, Luis Florido y Nora Bracho. Conscientes de las condiciones adversas, la mayoría de ellos argumentan que el voto sigue siendo una herramienta de resistencia y construcción de alternativas a largo plazo. Sin embargo, esta estrategia ha generado divisiones, ya que otros líderes consideran que una participación sin garantías solo legitima al chavismo y fractura la unidad opositora.
«Los venezolanos han estado desconectados de la política desde el año pasado y con esto tiene mucho que ver la capacidad de la conducción política de la oposición», sostiene López Maya. «Estamos de nuevo defraudados por su incapacidad de tener una línea unitaria, de trazarse una estrategia creíble que nos permita a nosotros, como ciudadanos, participar. Con un régimen tan consolidado como el de Maduro, uno debe trazar una estrategia a mediano y largo plazo», argumenta a RTVE.es.
Un camino diferente al de la vía electoral
Esta no es la primera vez que la oposición toma un camino diferente al de la vía electoral. En los últimos 25 años, la oposición venezolana ha transitado diversas estrategias alternando entre la abstención, la confrontación directa, la participación electoral y la creación de figuras fallidas como el «Gobierno interino» de Juan Guaidó. «Siempre hay opositores, tanto líderes como ciudadanos, que votan incondicionalmente. Lo hacen porque piensan que el voto es prácticamente la única herramienta que les queda a pesar de saber que las condiciones de la campaña son las de un ventajismo brutal por parte del Gobierno que utiliza todos los recursos del Estado», explica el analista del International Crisis Group.
El primer boicot generalizado fue el de las elecciones parlamentarias de 2005 y la consecuencia fue la ausencia total de fuerzas opositoras dentro de la Asamblea Nacional. A día de hoy, el chavismo controla 256 de los 277 escaños parlamentarios y 19 de las 23 gobernaciones, lo que representa una hegemonía política e institucional casi total para el oficialismo. Pero este número podría disminuir todavía más si la oposición no acude a las urnas. Lo dejó claro el miércoles Maduro, que ha vaticinado «una de las más grandes victorias» del chavismo en «estos 26 años».
La abstención de la oposición «no contribuye a que nos aproximemos a una democratización, entre otras cosas porque este tipo de acciones han sido utilizadas por el régimen autoritario venezolano para acelerar la marcha en una dirección aún más autocrática. Sucedió en aquella época cuando el régimen político construyó un andamiaje jurídico con el que incluso violó abiertamente la Constitución, porque ¿quién levantaba la voz? ¿Quién contradecía al Gobierno en aquel parlamento? ¿Quién elevaba los costos por las decisiones que ha tomado el régimen autoritario?», se pregunta Magdaleno.
En los últimos años, la labor parlamentaria ha estado centrada en acompañar y ratificar las decisiones del Gobierno de Maduro, aprobando leyes alineadas con el oficialismo y dejando a la oposición sin capacidad real de incidencia. La agenda legislativa y las reformas impulsadas han sido aprobadas sin participación ni influencia significativa de la oposición, que permanece marginada del proceso parlamentario.
La situación económica y social del país también ha influido de manera determinante en el clima electoral. La crisis humanitaria, marcada por la escasez de alimentos, medicamentos y servicios básicos, junto con una migración masiva que ha superado los ocho millones de personas, ha generado un contexto de profunda precariedad. Esta realidad ha desplazado el interés por la política y ha hecho que amplios sectores de la población prioricen su bienestar sobre la participación en procesos electorales, alimentando aún más la apatía y el desencanto frente a la posibilidad de un cambio a través de las urnas.
«A diferencia de otros autoritarismos, este régimen sigue creyendo que tiene que utilizar el instrumento electoral para maquillarse», reflexiona la historiadora.