Constructores y promotores alertan de que serán las familias las que tengan que pagar el «sobrecoste» añadido por el tributo al carbono
Grúas en las obras de edificios de nueva construcción en la zona de Churra de Murcia, esta semana. / Israel Sánchez
¿Puede el precio de la vivienda conseguir tocar techo tanto en la Región de Murcia como en el conjunto del país con los aumentos desorbitados como los que se vienen registrando? ¿Hay algún motivo que haga presagiar que pueda llegar a controlarse?
Poco parece que se puede hacer por ahora, visto lo visto en los últimos años, con incrementos considerables -tanto en vivienda nueva como de segunda mano- en portales online así como en inmobiliarias debido a múltiples factores: desde la escasez de oferta a la alta demanda, pasando por la inflación y el incremento del coste de los materiales. ¿Consecuencia? Precios escandalosos e imposibles para hacerles frente.
Con todo esto, los motivos para seguir mirando de forma pesimista suman y siguen: a partir de este 2026 los precios de los inmuebles de nueva construcción seguirán encareciéndose con un nuevo impuesto medioambiental al que va a tener que hacer frente el sector de la construcción para poder seguir levantando nuevas promociones de viviendas y bloques de edificios.
Como es previsible, serán las propias familias o los potenciales compradores los que tengan que asumir al final ese sobrecoste añadido al ya disparatado precio de los inmuebles que se ofrecen. Hasta 10.000 euros será lo que se estima que habrá que pagar de más desde la entrada en vigor el pasado 1 de enero del nuevo impuesto europeo sobre el carbono de mercancías importadas (CBAM), que «impactará de forma directa en el coste final de la vivienda».
Cerca del 30% del precio final ya corresponde a las tasas y cargas administrativas
Así lo alerta la patronal de la construcción en la Comunidad, la Federación Regional de Empresarios de la Construcción de Murcia (Frecom): en un momento en el que el acceso a un hogar es la principal preocupación de los murcianos según el Barómetro del Cemop, los constructores avisan de que esta nueva carga fiscal, sumada a la inflación que ya arrastra el sector, dificultará la moderación de los precios.
«El precio de la vivienda podría subir entre 8.000 y 10.000 euros, en un contexto donde cerca del 30% del precio final ya corresponde a impuestos y cargas administrativas», advierte José Hernández, presidente de Frecom.
«El acceso a la vivienda es un reto con muchas aristas, pero es imposible moderar los precios finales si los costes de construcción se disparan. Si se encarecen los materiales básicos con nuevas tasas, como en este caso, una tasa medioambiental, ese sobrecoste se traslada inevitablemente al precio que pagan las familias», lamenta.
La patronal de la construcción recuerda que el sector lleva años sufriendo un «tremendo efecto inflacionario» en las materias primas y que este nuevo gravamen llega «en el peor momento posible» para la reactivación de la oferta de vivienda, ya que también tendrá que adaptarse a materias primas claves para el sector, como acero, áridos, explosivos y distintos materiales de construcción. «A los costes de las materias primas se suma la presión fiscal, la subida de tipos de interés y el encarecimiento del suelo en muchas zonas».
¿Qué es este nuevo impuesto?
El CBAM (oficialmente denominado Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono) aprobado por la Unión Europea se puso en marcha para evitar la «fuga de carbono» al imponer un precio al dióxido de carbono (CO2) de mercancías importadas de materiales que deben utilizar los constructores como cemento, hierro, acero, aluminio, fertilizantes, electricidad o hidrógeno). El objetivo de la medida, que viene levantando ampollas en el sector, es igualar el coste de emisiones entre productos europeos y extranjeros para fomentar la descarbonización global.
Los promotores inmobiliarios murcianos también cargan contra este nuevo tributo y la «obsesión medioambiental de la Comunidad Económica Europea que está haciendo menos competitivos todos los sectores y está perjudicando considerablemente a los consumidores»
El presidente de la Asociación de Promotores de la Región de Murcia (Apirm), José Ramón Blázquez, señala a este periódico que estos nuevos impuestos procedentes de Bruselas «vienen a sumarse a la voracidad recaudatoria de todas las administraciones con la vivienda».
Materiales como el hormigón o el acero ya han subido más de un 15% durante el mes enero
Para Blázquez, todo está funcionando en sentido contrario, ya que deberían tomarse medidas para disminuir los costes, pero «lamentablemente, las políticas van por otro lado y suman mayores impedimentos que encarecen aún mas las obras». Esta nueva subida de los materiales se está produciendo en un contexto, advierte el presidente de Apirm, en el que el hormigón y el acero han subido mas de un 15% en el mes enero: «Todas las nuevas viviendas van a verse afectadas», admite.
«Desgraciadamente hay que sumar otras medidas que van en la misma dirección de encarecer mas la obra nueva como es la revisión del código técnico de la construcción. En resumen, aún mayores costes esta vez provocados por nuevos impuestos, que se suman al 25% que ya se está pagando. Podemos afirmar con claridad que las administraciones son los verdaderos especuladores de la vivienda», expone Blázquez.
José Hernández y José Ramón Blázquez, presidentes de Frecom y Apirm. / Juan Carlos Caval
«Los precios se tensarán más»
Desde Frecom muestran su «sorpresa ante la inseguridad con la que se está implantando este nuevo impuesto por parte de la Unión Europea». La entrada en vigor del CBAM a las emisiones de CO2, explican, requiere la validación de empresas certificadoras oficiales, encargadas de definir las emisiones que emite cada fábrica, «base del cálculo para aplicar el impuesto». Sin embargo, añaden, estos organismos oficiales no estarán operativos hasta el segundo semestre de 2026.
Como consecuencia, esta falta de herramientas de validación «impide a los proveedores blindar sus presupuestos», ya que las empresas trabajan con estimaciones que no tienen validez jurídica ni económica. «Esta situación hace inviable garantizar la estabilidad de las tarifas a medio plazo. Hoy, por ejemplo, una cementera no puede asegurar a su cliente qué precio tendrá el cemento dentro de seis meses», detalla Hernández. «Y recordemos que cuando no hay seguridad, el mercado se protege y los precios se tensan aún más».
Esta incertidumbre golpea directamente la planificación de las obras: impide al constructor definir presupuestos cerrados y compromete la viabilidad económica de los desarrollos del promotor inmobiliario.
«La vivienda se está encareciendo por factores estructurales que están fuera del control del promotor o del constructor. Es una realidad que tenemos que explicar bien a la sociedad», concluye Hernández.