El jefe del Ejecutivo evita dar por hecho que convocará elecciones si no logra sacar adelante las Cuentas de 2026 y muestra su disposición a reunirse con Puigdemont
En cualquier otra legislatura la afirmación habría sobrado por obvia. Pero el Gobierno de coalición de PSOE y Sumar no ha presentado en los dos años transcurridos desde las elecciones del 23 de julio de 2023 ni un solo proyecto de Presupuestos. Eso, según aseguró hoy Pedro Sánchez en su tradicional balance de fin de curso en el Palacio de la Moncloa va a cambiar este año. El jefe del Ejecutivo restó importancia a la situación actual pero se comprometió a que esta vez sí cumplirá el mandato constitucional para llevar a las Cortes Generales unas Cuentas diseñadas específicamente para atender las necesidades de gasto del año del año próximo, 2026.
Al margen de la importancia que el asunto pueda tener en términos económicos, la decisión tiene una importante derivada política. Sánchez ha rechazado dar por bueno que si no es capaz de recabar el apoyo de la Cámara baja, algo probable teniendo en cuenta la actitud de buena parte de los socios de investidura, vaya a adelantar elecciones. De hecho, ha repetido una y otra vez que «la legislatura constitucionalmente dura cuatro años». Sin embargo, pocas votaciones son tan indicativas del grado de respaldo con el que cuenta un Gobierno como la de los Presupuestos y la lectura tradicional es que la imposibilidad de sacarlos adelante es razón suficiente para dar por concluido un mandato. Así lo entendió él mismo en 2019.
Algunas voces en el Ejecutivo entienden que la presentación del proyecto presupuestario, logre o no la luz verde del Parlamento, tiene una clara virtud de cara al electorado y es que permite exponer las prioridades políticas y resulta una suerte de programa electoral adelantado. Sánchez se ha negado a quemar pantallas y ha insistido en que él trabajará para conseguir el respaldo de todos los grupos. Incluso ha dado a entender que estaría dispuesto a reunirse con Carles Puigdemont para abordar esta cuestión en persona. «Me voy a reunir con todos los interlocutores políticos para tratar estos temas y otros muchos», dijo a una pregunta expresa sobre la cuestión. Eso sí, no es la primera vez que asegura que no tiene ningún problema en verse con el expresident y hasta ahora, no lo ha hecho.
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Hoy por hoy, Puigdemont no puede ir a la Moncloa, porque el Tribunal Supremo ha paralizado la aplicación de la ley de amnistía en su caso y en el de quienes están acusados o condenados por malversación, y los socialistas han considerado hasta ahora que pagar el tributo de que fuera el presidente del Gobierno el que se desplazara para ser recibido era poco conveniente. Pero el Tribunal Constitucional tiene pendiente resolver el recurso de amparo del también líder de Junts y se espera que lo haga en septiembre. «Nosotros vamos a trabajar para que (los Presupuestos) se aprueben», ha insistido.
En todo caso, Sánchez -que ha omitido en su balance cualquier referencia al caso de corrupción que afecta a su partido, por el que fue encarcelado hace un mes el secretario de Organización, Santos Cerdán, y por el que permanece imputado el exministro de Transportes José Luis Ábalos-, ha vuelto a restar importancia una vez más al hecho de seguir con los Presupuestos de 2023 prorrogados con el argumento de que «tenemos una herramienta fantástica» que son los fondos europeos (750.000 millones aprobados para la recuperación tras la pandemia para implementar reformas estructurales hasta diciembre de 2026) y que son, ha dicho, «otros presupuestos» u «otro carril en el camino de crecimiento económico, la creación de empleo y la cohesión social».
Compromisos semicumplidos
El jefe del Ejecutivo ha combatido además la sensación de precariedad a la que dan lugar plenos como el del pasado martes, en el que el Gobierno fracasó en el intento de aprobar el real decreto ley antiapagones por el voto coincidente de varios de sus aliados de investidura -en concreto, Junts, Podemos, BNG y el diputado de Chunta Aragonesista integrado en Sumar- junto al PP y Vox y ha vuelto a alegar que, pese a todo, el Gobierno gana en torno al 86% de las votaciones que se producen en la Cámara baja y ha cumplido ya el 45% de los compromisos adquiridos hace dos años. Aunque son muchas las cuestiones que siguen en un cajón -desde la reforma de la ley mordaza a la ley de familias o la reforma de la ley del suelo-, la Comisión Europea descontó a principios de mes 1.100 millones del quinto pago del plan de Recuperación (que se quedó en 24.000 millones) por no haber sido capaz de aprobar la subida de la fiscalidad al diésel y la digitalización de las entidades regionales y locales y, además, dio un tirón de orejas por no haber completado la reducción de la temporalidad en el empleo público.
Sánchez no ha dejado lugar al derrotismo en su intervención. Ha presentado a España como «uno de los países que mejor funciona en Europa y en el mundo» y a su Gobierno como garantía de que no se impone la «involución al cuadrado» que, ha aducido, supone la coalición de PP y Vox en distintos ámbitos, memoria histórica, avance de derechos y medioambiente. «La confianza nos la tenemos que ganar todos días pero lo más importante es la actitud de humildad, apertura, capacidad de negociación y ponerse en la piel del otro que el Gobierno ha tenido -ha argüido- y que no tiene quien está en la oposición, que solo puede pactar con un grupo, que es Vox».