Salud reclama en los tribunales 60 millones al ‘cártel de los pañales’

La Consejería de Salud ha acudido a la Justicia para intentar recuperar parte de las pérdidas sufridas por el ‘cártel de los pañales’, una demanda en la que la Administración murciana reclama algo más de 60 millones de euros por la alteración de precios de estos productos absorbentes de venta en farmacias.

Los hechos se remontan a la década de los 90, cuando un grupo de ocho empresas fabricantes de absorbentes de incontinencia urinaria para adultos y la Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria (Fenin) pactaron y fijaron los precios de estos productos sanitarios financiados por la Seguridad Social a través del Sistema Nacional de Salud (SNS) para lucrarse.

El fraude no se conoció hasta 2014 y fue dos años después cuando la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) decidió multar con 128,8 millones de euros a los ocho fabricantes de pañales para adultos, a su asociación y a dos directivos por formar un cártel.

Durante más de quince años estuvieron fijando los precios de estos absorbentes

Ahora, una vez que el Tribunal Supremo ha confirmado las últimas multas que la CNMC impuso a las compañías que durante diecisiete años manipularon el mercado para aumentar los precios de estos productos de manera ilegal, las comunidades autónomas afectadas han comenzado a mover ficha y a presentar demandas reclamando indemnizaciones por los daños ocasionados.

La primera en hacerlo fue Cataluña, que reclamó más de 526 millones de euros; tras la que llegaron Andalucía (con más de 600 millones); Galicia, que tenía previsto pedir 350; y País Vasco, con más de 100 millones, entre otras. Ahora llega el turno de la Región de Murcia, con una reclamación que supera los 60 millones, y un cálculo que hace pensar que el montante de todas las reclamaciones podría superar los 1.750 millones.

Desde la Consejería de Salud murciana explican a La Opinión que el informe pericial encargado al efecto por el Servicio Murciano de Salud (SMS) para la estimación del daño, como parte de la estrategia conjunta llevada a cabo con la Dirección de los Servicios Jurídicos para la preparación e interposición de la correspondiente demanda, cifró en 60,8 millones el valor del daño sufrido por la Sanidad murciana debido a las actuaciones de este cártel empresarial.

En un primer momento, la estimación de Salud se acercaba a los 78 millones de euros de reclamación, pero el ajuste contable realizado gracias al peritaje ha ajustado la cifra final hasta los 60,8 millones de euros.

Compra de este producto

Los pañales para adultos no hospitalizados con incontinencia grave pueden obtenerse directamente en las farmacias con la correspondiente receta o a través de las redes de asistencia sanitaria o socio-sanitaria, como pueden ser en centros de Atención Primaria o residencias de mayores, en función de la organización de cada territorio.

En ambos casos, estos productos son financiados por la Seguridad Social, aunque para aquellos pacientes que se encuentran hospitalizados, el SMS y otros servicios de salud recurren a la compra del producto mediante un licitación pública, lo que permite rebajar de forma considerable el coste del mismo.

Desde la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia detallan que el grupo de empresas sancionado, conocido como ‘cártel de los pañales’, afectó a la distribución de estos absorbentes para incontinencia urinaria que financia el Sistema Nacional de Salud a través del canal de farmacia. En estos casos, los pañales se dispensan con receta y parte de su precio es asumido por el usuario final en función del nivel de copago que tenga asignado, dado que el resto lo reembolsa la Administración.

En su ‘modus operandi’, los fabricantes de pañales implicados habrían alcanzado acuerdos a través del Grupo de Trabajo de Absorbentes (Gtaio) creado por Fenin, para fijar los precios de venta a los distribuidores mayoristas de este producto comercializado a través de las farmacias.

La CNMC afirma que el alcance de la conducta que se sanciona en este expediente es espacialmente significativo, ya que «la cuota de mercado conjunta de las entidades infractoras es del 95%».

Además, la incontinencia urinaria grave es un problema que afecta a cerca de 2,5 millones de personas y tiene importantes consecuencias para la salud y la calidad de vida de personas de edad avanzada y con discapacidad.

Los implicados aprovechaban además su posición para interponer recursos administrativos y contencioso-administrativos frente a las licitaciones públicas convocadas por la administración de cada comunidad autónoma para adquirir y entregar directamente el producto a pacientes no hospitalizados (residencias de mayores o centros de Atención Primaria).

Perjuicio para el consumidor

El presidente de Consumur, Roberto Barceló, reconoce que este fraude «supone un grave perjuicio para las arcas de las comunidades autónomas, en este caso, la de la Región de Murcia, que ha pagado sobrecostes millonarios por la concertación de precios de la mayoría de las empresas que operan en el sector de los pañales para adultos». Pero añade que también hay una repercusión directa sobre el consumidor, «dado que si bien el mayor porcentaje de su precio es absorbido por el SMS, el afectado paga proporcionalmente en base a su renta personal una parte».

No cabe la menor duda, dice, que aquellas personas que hayan estado asumiendo dicho sobrecoste «habrán tenido una pérdida importante» que no recuperarán, salvo que entren en un proceso judicial, más que improbable por los costos que pudiera suponer y el tiempo de litigio que llevaría.

Esto pone de manifiesto para el presidente de Consumur «la indefensión que los ciudadanos, como consumidores y usuarios, nos encontramos por la falta de mecanismos de control».

Barceló lamenta que en la Región de Murcia únicamente se cuente con 15 inspectores, tanto en Consumo como en Sanidad, para controlar a las miles de empresas que existen, lo que pone de relieve «el poco interés del Gobierno regional para dotar de medios de control este tipo de situaciones».

El soplo de un implicado logró destapar la red

La red fraudulenta de fabricación y venta de pañales para adultos fue destapada gracias al soplo de uno de los implicados, que aprovechó para acogerse al Programa de Clemencia que existe y con el que logran beneficiarse de exenciones totales o parciales de las sanciones.

En junio de 2013 Arbora & Ausonia SLU y The Procter & Gamble Company (P&G) presentaron una solicitud para acogerse al Programa de Clemencia.

Desde la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) consideran prioritaria la lucha contra los cárteles y recuerda que para su detección cuenta con este programa mediante el que la empresa o directivo que participe en un cártel puede aportar información sobre el mismo, escrita o verbalmente, en la sede de la CNMC a cambio de la exención de la multa que le corresponda. Recuerdan que también hay un Buzón de Colaboración donde cualquier empresa o ciudadano puede facilitar información sobre este tipo de infracciones.