La consejera expone en la Asamblea el impacto socioeconómico del Tajo-Segura y reivindica «una política hídrica de Estado»
La consejera Sara Rubira ha desgranado este jueves el impacto socioecomico de hachazo al Tajo-Segura previsto para 2027. / Iván Urquízar
La comparecencia este jueves de la consejera de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Sara Rubira, en la Asamblea Regional confirmó que el debate sobre el trasvase Tajo-Segura vuelve a instalarse en las trincheras habituales, con un discurso cargado de advertencias económicas, reproches políticos y una defensa cerrada del modelo productivo del Levante. Rubira acudió a petición propia con un objetivo explícito: trasladar a la Cámara —y a la sociedad murciana— el impacto socioeconómico que, a su juicio, tendrá el recorte progresivo del Trasvase previsto para el próximo año 2027.
Desde el inicio, la consejera presentó el Trasvase como una infraestructura estratégica de Estado, «el mayor elemento de vertebración y desarrollo impulsado en España», y alertó de que se encuentra ante «una condena anunciada». Según expuso, el incremento de los caudales ecológicos del Tajo y las futuras reglas de explotación supondrán un recorte de hasta 70 hectómetros cúbicos anuales en una primera fase y podrían llevar, en 2027, a reducir a la mitad el agua destinada a regadío.
El Trasvase Tajo-Segura sostiene 132.000 hectáreas de regadío y da empleo a 102.000 personas
Rubira respaldó su intervención con cifras: el trasvase sostiene 132.000 hectáreas de regadío, genera más de 3.900 millones de euros de PIB, y da empleo a unas 102.000 personas. Si el recorte alcanza el 50%, advirtió, la Región perdería 870 millones de euros, 21.500 empleos y cerca del 30% de su producción agrícola, un impacto que calificó de «inasumible» para el tejido económico y social. «No estamos hablando de hectómetros, estamos hablando de personas y de familias», subrayó. A este negro horizonte se suma el creciente déficit hídrico y otras restricciones como las fijadas para el uso de aguas subterráneas, que podrían «condenar a la Región de Murcia y al Levante a la ruina, y que se verán agravadas cuando el Gobierno de España apruebe las nuevas reglas de explotación del Tajo», algo que podría suceder la próximo primavera, cuando se resuelva el recurso ante el Supremo del Sindicato Central de Regantes del Trasvase Tajo-Segura (Scrats).
La consejera insistió en que el problema no es ambiental, sino «político e ideológico», y acusó al Gobierno de España de utilizar los caudales ecológicos como excusa para «castigar al Levante». En ese contexto, introdujo uno de los argumentos más duros de su discurso: la comparación con Marruecos. Rubira denunció que mientras se recorta el agua al sureste español, el Ejecutivo central financia infraestructuras hídricas, desaladoras y trasvases en Marruecos, favoreciendo —según dijo— una competencia directa con los agricultores murcianos. «Lo que nos quitan a los murcianos se lo dan al Gobierno marroquí», afirmó, alineada con las denuncias de los regantes del Trasvase Tajo-Segura.
La consejera de Agricultura, Sara Rubira, durante su comparecencia en la Asamblea este jueves. / Iván Urquízar
En su segunda intervención, la consejera detalló las líneas de la propuesta del Gobierno regional: exigir una evaluación socioeconómica completa antes de aplicar nuevos recortes, revisar la metodología de los caudales ecológicos, blindar el Trasvase como infraestructura estratégica y apostar por una combinación de recursos —trasvases, reutilización, modernización de regadíos y desalación—, pero rechazando que esta última pueda sustituir al Tajo-Segura por su actual coste energético y económico.
El discurso de Rubira encontró un respaldo sin fisuras en el Grupo Parlamentario Popular. El diputado Jesús Cano convirtió su intervención en una defensa política y técnica de la consejera y del trasvase, y en un ataque frontal al Gobierno de Pedro Sánchez. «Hoy no debatimos sobre ideología, debatimos sobre empleo, economía real y futuro», afirmó, antes de definir el Tajo-Segura como «la infraestructura hidráulica más importante de España».
El acuerdo de Sánchez para financiar infraestructuras hidráulicas indigna a los regantes
Cano reforzó los datos aportados por Rubira con nuevas cifras: con un recorte del 50% al regadío, la Región perdería 400 millones de valor añadido bruto. A su juicio, estos números no son «consignas», sino conclusiones de informes técnicos y estudios económicos. El diputado popular defendió que el PP no niega los caudales ecológicos, pero sí exige que se fijen con criterios técnicos homogéneos y coordinación entre cuencas, frente a lo que calificó como una imposición «arbitraria y política».
El parlamentario popular aprovechó también para cargar contra el Ejecutivo central por la política hídrica internacional, alineándose con el argumento de la consejera sobre Marruecos, y acusó al Gobierno de España de carecer de una estrategia hidráulica nacional mientras «deslocaliza producción, destruye empleo y rompe la cohesión territorial».
Cuarto ciclo de planificación hidrológica
La comparecencia concluyó con la sensación de que el diagnóstico económico del impacto del recorte ha quedado claramente expuesto, pero también con la constatación de que el debate sigue anclado en posiciones enfrentadas. El Trasvase vuelve a situarse como eje de un modelo productivo en riesgo, mientras la amenaza de nuevos recortes sobrevuela un escenario político con escaso margen para el consenso.
A ese horizonte de incertidumbre, Rubira sumó la inminente aprobación del cuarto ciclo de planificación hidrológica, que, según advirtió, puede consolidar “recortes estructurales irreversibles” si no se corrige la metodología actual. La consejera reclamó coordinación entre cuencas, solidaridad interterritorial y reglas estables que aporten certidumbre al sector, insistiendo en que el agua «es de todos los españoles» y debe gestionarse «de donde sobra a donde falta». Un mensaje que el PP asumió como propio y que volvió a situar el trasvase en el centro del debate político, económico y territorial de la Región.