Los hurtos golpean a las explotaciones aisladas, mientras las últimas operaciones policiales y los cambios en el Código Penal buscan frenar la actividad de los delincuentes reincidentes
Ganado en la explotación de la persona investigada por el robol de ovejas y cabras. / Guardia Civil
La distancia entre las explotaciones agrícolas y ganaderas y los núcleos urbanos juega en contra de quienes trabajan en el campo. La falta de vigilancia, la facilidad para acceder a instalaciones alejadas y la dificultad para detectar a tiempo los robos alimentan una preocupación que se repite entre agricultores y ganaderos de distintos municipios de la Región de Murcia. Los últimos casos conocidos vuelven a poner sobre la mesa el alcance de un problema que afecta tanto al patrimonio de las explotaciones como a la tranquilidad de sus propietarios.
Una de las actuaciones más recientes tuvo lugar en los municipios de Cehegín, Caravaca de la Cruz y Mula. La Guardia Civil investiga a un ganadero de Calasparra por su presunta relación con tres sustracciones de ganado ovino y caprino, de las que habrían desaparecido alrededor de medio centenar de animales. Las pesquisas llevaron a los agentes a inspeccionar una explotación en la que localizaron unos 50 ejemplares cuya procedencia no estaba acreditada.
Durante la intervención, los investigadores encontraron animales con sus identificadores auriculares y dispositivos electrónicos de seguimiento, además de herramientas que podrían haberse utilizado para el sacrificio y despiece. La investigación contempla la posible retirada de elementos de identificación para dificultar la trazabilidad del ganado y su posterior comercialización sin los controles correspondientes. También se detectaron posibles irregularidades administrativas en la actividad de la instalación, que carecería de licencia municipal. Las diligencias continúan abiertas y la responsabilidad del investigado deberá determinarse en el procedimiento judicial.
El ganado y la maquinaria, entre los objetivos
Los robos de animales no son episodios aislados. En marzo, otra operación en Lorca permitió recuperar 150 ovejas y 80 corderos que habían sido sustraídos en varias explotaciones. La investigación permitió reconstruir distintos episodios y devolver los animales recuperados, cuyo valor superaba los 6.000 euros.
El Código Penal endurece las penas por robos agrícolas y contempla medidas contra los reincidentes
También en marzo, una explotación de las pedanías de Caravaca de la Cruz sufrió la sustracción de medio centenar de corderos. El caso terminó con una actuación policial y un valor económico estimado superior a los 6.000 euros. La pérdida de ganado supone un perjuicio que va más allá del precio de los animales: afecta a la producción, altera la planificación de la explotación y obliga a dedicar tiempo y recursos a reponer lo sustraído.
La maquinaria agrícola y los equipos de trabajo completan el listado de objetivos. En abril, la operación Agropec permitió recuperar en Caravaca herramientas, maquinaria y una bomba de agua presuntamente robadas. Dos hombres fueron detenidos y un menor quedó investigado por estos hechos.
Encontraron orejas de ovejas con sus identificadores en la granja de Calasparra investigada por el robo de 50 animales. / Guardia Civil
Meses después, en agosto, la operación Lizard-Track se saldó con seis detenidos y la recuperación de cuatro tractores y dos turismos relacionados con robos cometidos en Lorca y Puerto Lumbreras. La recuperación de estos vehículos puso de manifiesto el impacto que pueden tener las sustracciones de equipos de elevado valor, especialmente para pequeñas explotaciones que dependen de ellos para mantener su actividad diaria.
Cambios legales frente a los reincidentes
La respuesta a los robos en el campo también ha llegado al ámbito legislativo. La Ley Orgánica 1/2026, en vigor desde el 10 de abril, introdujo modificaciones en el Código Penal para reforzar la protección de las explotaciones agrícolas y ganaderas y endurecer las consecuencias de determinados hurtos reiterados.
La reforma incorpora una previsión específica para la sustracción de productos agrícolas o ganaderos, así como de herramientas y medios utilizados en la producción. Cuando el valor de lo sustraído supera los 400 euros y el delito se comete en una explotación agrícola o ganadera, el artículo 235 contempla penas de prisión de entre uno y tres años.
Las explotaciones aisladas afrontan dificultades para vigilar sus instalaciones y proteger sus bienes
La modificación también afecta a quienes acumulan condenas por delitos de hurto. En determinados supuestos, cuando existen al menos tres condenas firmes por infracciones de la misma naturaleza y una de ellas es leve, el artículo 234.2 permite aplicar la pena prevista para el hurto menos grave, de seis a 18 meses de prisión. La aplicación de esta medida depende de las circunstancias y antecedentes que establece la ley, por lo que no implica que cualquier sustracción de escaso valor conlleve automáticamente una pena de cárcel.
Desde el sector agrario, Asaja Murcia ha recibido la reforma como un avance frente a una de las preocupaciones que arrastra el campo desde hace años. La organización considera que las nuevas medidas pueden contribuir a combatir la reincidencia y a ofrecer una mayor protección a quienes sufren robos en sus explotaciones. Esta modificación legal responde, según Asaja, a «una reivindicación histórica del sector agrario».
Pese a las operaciones policiales y a los cambios normativos, la inseguridad continúa condicionando el día a día de muchas explotaciones. La recuperación de animales y maquinaria permite reparar parte del daño, pero no siempre evita las pérdidas económicas ni el tiempo que exige volver a poner en marcha la actividad. Para quienes trabajan en zonas rurales alejadas, la prevención y la capacidad de respuesta siguen siendo tan importantes como las sanciones.