«En tres meses estaba cerrado, aunque solo dos empresas privadas hicieron negocio», afirma en su denuncia la Fiscalía Superior de la Región en relación al pago de más de 600 millones de euros a costa de las arcas públicas.
LA VERDAD
Un grupo de altos cargos de la Comunidad Autónoma, con el entonces consejero Antonio Cerdá a la cabeza, y los representantes legales de varias empresas, en su mayor parte del Grupo ACS, se habrían concertado para sacar adelante un descomunal negocio en torno a la desaladora de Escombreras, a costa de que fueran las arcas públicas las que asumieran todo el riesgo de la operación y acabaran cargando con compromisos de pago por más de 600 millones de euros. Con una serie de «maniobras concienzudamente pensadas entre todos los intervinientes», que cuajaron en apenas tres meses de 2006, «todo el negocio u operación estaba perfectamente cerrado, si bien con la particularidad de que dos empresas privadas (Hidromanagement y Tedagua) van a ser los únicos que hagan negocio, sin asumir ningún tipo de riesgo y sin aportar ningún tipo de gasto para la inversión».
La denuncia de la Fiscalía Superior de la Región, cuyo contenido no había trascendido hasta el momento, recoge con esta crudeza el presunto concierto criminal que se habría cerrado entre autoridades públicas y empresas privadas en torno a la instalación de la planta desalinizadora de Escombreras. Un proyecto cuyo coste fue de 111 millones de euros y que, sin embargo, llevó al Gobierno murciano a comprometer pagos de más de 600 millones en un plazo de 25 años, arrastrando al erario público «a una situación dramática», según las palabras empleadas por el Ministerio Fiscal.
El levantamiento del secreto que durante casi dos años ha pesado sobre las diligencias del llamado ‘caso La Sal’, que instruye la titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Murcia, María del Mar Azuar, ha permitido ahora conocer los términos de la denuncia que José Luis Díaz Manzanera, entonces coordinador de Delitos Urbanísticos y contra el Medio Ambiente y hoy Fiscal Superior, interpuso en noviembre de 2006. Este documento es el que ha dado origen a un procedimiento en el que ya están imputados el exconsejero de Agricultura y Agua, Antonio Cerdá, y una docena de altos funcionarios autonómicos, asesores y representantes de sociedades mercantiles.
El análisis de la documentación que obraba en su poder llevó al fiscal a la convicción de que la presunta operación delictiva estaba montada desde prácticamente sus orígenes. En concreto, desde que en 2003 un grupo de empresarios de la Región, ya imputados –Miguel Caballero Sandoval, Juan Jódar Martínez, José Carvajal Conesa, Tomás Bouchert Muñoz y Juan Martínez Martínez– constituyeron la mercantil Hidromanagement (HM) con el fin de hacer negocio con la desalación.
Fue en 2005 cuando entró en esa sociedad el Grupo ACS, a través de la compra de acciones por parte de la firma Tedagua, y cuando otras dos empresas del mismo ‘holding’, Cobra Instalaciones y Servicios y Moncobra, crearon la mercantil Desaladora de Escombreras (DE), que fue a la que HM le alquiló las futuras instalaciones.
Mientras desde el lado empresarial comenzaban a hacerse tales movimientos, la Comunidad Autónoma creaba también en 2005 el Ente Público del Agua (EPA) y situaba como presidente al entonces consejero Cerdá, quien inmediatamente designaba como asesoría jurídica al despacho madrileño Ariño y Asociados. Los actores fundamentales de la futura representación estaban ya, en apariencia, en sus respectivos papeles.
Dos meses y medio de vértigo
En los primeros días de 2006, todo se precipita, hasta el extremo de entrar estas firmas y la Administración regional en una vorágine de operaciones que, solo dos meses y medio después, habrá permitido que lo que era un negocio estrictamente privado, con una inversión de 111 millones, haya pasado a ser asumido por el Ejecutivo murciano con un coste superior a 600 millones.
El 13 de enero, el Consejo de Gobierno cede gratuitamente una parcela en Escombreras al EPA, y tres días más tarde, ese ente constituye la firma Hidronostrum (HN), a la que aporta el derecho de superficie de ese terreno, valorado en algo más de 2,9 millones.
Por su lado, las mercantiles Cobra y Moncobra del Grupo ACS crean el 25 de enero la firma Desaladora de Escombreras (DE), con la particularidad de que se inscribe en el registro mercantil de Madrid, pero con sede social en el despacho que el abogado murciano Andrés Arnaldos, presunto personaje clave en este procedimiento, tiene en la calle Trapería.
Uno de los hitos fundamentales de estas supuestas «maniobras concienzudamente pensadas entre todos los intervinientes» tiene lugar al día siguiente, 26 de enero, cuando dos sociedades vinculadas al Grupo ACS comienzan presuntamente a ‘inflar’ artificialmente el negocio, a la espera de que entre en juego la Administración regional.
Así, Hidromanagement y Desaladora de Escombreras (DE) firman entre sí un contrato de arrendamiento de las instalaciones por un periodo de 25 años, fijando unas condiciones multimillonarias que DE se obliga a satisfacer hasta el final del contrato. Exactamente lo mismo ocurre entre otras dos sociedades ‘hermanas’, DE y Tedagua, que suscriben un contrato de mantenimiento también por 25 años y con un coste económico elevadísimo para la primera de las firmas.
La bomba ya ha sido cebada
Con la bomba bien cebada en forma de compromisos multimillonarios que tendrá que asumir quien quiera entrar en el proyecto de desalinización, el 17 de febrero el Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma, presidido por Ramón Luis Valcárcel, autoriza al EPA a crear la mercantil pública Hidronostrum (HN). Y se otorgan facultades al consejero Cerdá para adquirir acciones de la sociedad Desaladora de Escombreras. Esa misma jornada se despliega una actividad frenética en una notaría de Murcia, pues da tiempo en solo unas horas –y así se plasma en sucesivas escrituras– a crear la sociedad HN, a adquirir a Cobra, Moncobra y DE el 51% de las acciones de esa desaladora y a suscribir cuatro contratos con las mercantiles del Grupo ACS que acaban resultando ruinosas para las arcas públicas. Y ello en virtud de que la recién creada empresa pública asume íntegramente «las condiciones económicas millonarias, las obligaciones leoninas» preexistentes con las que, en resumen, la Comunidad se obligaba a desembolsar más de 600 millones en los siguientes 25 años.
Según resalta el fiscal en su denuncia, esa operación «se fraguó sin poseer ni solicitar un estudio previo serio de viabilidad económica, técnica o jurídica; basándose en unos trabajos redactados por un bufete de Madrid y omitiéndose la actuación de los Servicios Jurídicos de la Comunidad». Y todo ello a pesar, «curiosamente, de que pasaba la Administración regional a asumir todas las obligaciones firmadas entre unas empresas privadas, pero claramente pactadas con al menos los máximos responsables de la Consejería de Agricultura». Para más inri, en ese momento «se desconocía incluso si habría clientes a los que servirles el agua, pero asumiendo pese a ello todos los costes y gastos de HN y DE, y sin tener a su disposición las autorizaciones administrativas pertinentes, ni de concesión de extracción de aguas desaladas, ni de vertidos de salmuera, ni de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS), ni de la Autoridad Portuaria».
O pagas o pagas
Particularmente sorprendente, a juicio del fiscal, es que la Consejería se aviniera a suscribir la fórmula legal del ‘Take or Pay’ –algo así como ‘pague lo contratado’–, por el que se obligaba a abonar esos 600 millones de euros en 25 años, al margen de que hubiera o no producción de agua desalada. Y si ya en ese momento resultaba difícil imaginar un negocio más redondo para las empresas privadas que impulsaron la desalinizadora, fue además el EPA el que avaló el préstamo de 111 millones que HM solicitó a una entidad bancaria.
«De la lectura de estos contratos se observa el negocio que se ha generado, del que siempre sale beneficiada la empresa privada», resume el fiscal las consecuencias del presunto operativo criminal.
La guinda de todas estas aparentes maniobras para cargar a la Administración regional con unos compromisos de pago multimillonarios tuvo lugar el 14 de julio de 2010, cuando sin ninguna necesidad la firma pública HN adquiere el 49% restante de las acciones de la desaladora, convirtiendo las instalaciones en públicas al 100% y asumiendo ya por completo todos los riesgos y todas las pérdidas que habría de llegar. Y ello a pesar de que se había pactado que la compra de esas participaciones se haría progresivamente hasta el año 2030.
En ese momento, las empresas privadas salían definitivamente de un negocio en el que casi no habían arriesgado un euro propio –los 111 millones invertidos eran de un préstamo– y que les dejaba unas garantías de ingresos de 600 millones.
La Comunidad, por su parte, adquirió unas instalaciones cuyas pérdidas eran ya en 2011 tan cuantiosas que el Consejo de Gobierno, en acuerdo de febrero de ese año, ordenó disolver la sociedad HN a final de ese mismo ejercicio. La orden no se cumplió, sin embargo, hasta un año y medio más tarde, en junio de 2013, cuando también se decidió extinguir el EPA.