-
La derecha defiende la revalorización de las pensiones, pero rechaza que se incluyan otras medidas en el mismo paquete
-
El Gobierno sufre la primera derrota parlamentaria del año, con una situación que ya se vivió en 2025
PP, Vox, Junts y UPN han tumbado este martes el llamado «decreto ómnibus» del Gobierno, que incluía la subida de las pensiones y la paralización de los desahucios, entre otras cuestiones. El Ejecutivo de coalición ha salvado, en cambio, el real decreto que prorroga las ayudas al transporte público e introduce el abono único estatal con el sí de la mayoría.
En la primera derrota parlamentaria del Ejecutivo de Pedro Sánchez este año, los partidos de la derecha han criticado con dureza que se mezcle la revalorización de las pensiones —con la que todos se han mostrado de acuerdo, salvo Vox— con asuntos de otra índole en el mismo texto.
PP y Junts han coincidido al rechazar que la subida de las nóminas de los jubilados conforme a la inflación se vote dentro de un decreto junto a otras medidas, una posición que la portavoz catalana, Míriam Nogueras, ha resumido con las palabras «pensiones sí, ocupaciones no». Por ello, el principal partido de la oposición ha acusado al Ejecutivo de usar como «rehenes» a los pensionistas.
“PP y Junts coinciden: «Pensiones sí, ocupaciones no»“
«Hay una mayoría para revalorizar las pensiones, pero no hay una mayoría para seguir validando la ocupación ilegal», ha afirmado a la prensa la portavoz del Grupo Popular, Ester Muñoz, a su llegada al hemiciclo, y como hizo el líder de su formación, Alberto Núñez Feijóo, en la víspera, ha pedido un «decreto limpio» en el que solo se incluya la revalorización de las pensiones para evitar la pérdida de poder adquisitivo de las personas jubiladas. «El Gobierno está en plazo», ha asegurado.
Ya en la sesión, el diputado Juan Bravo ha sido el encargado de dar la réplica al Ejecutivo, al que ha reprochado una «falta de respeto» al Parlamento, el ordenamiento jurídico y la ciudadanía por presentar este decreto «trufado». «Si quieren revalorizar las pensiones, permita que nuestra proposición de ley se vote. Si quiere seguir utilizando los pensionistas como rehenes, es su decisión, pero también será su responsabilidad», ha advertido al ministro.
Del mismo modo, la portavoz de Junts ha vinculado su rechazo a que se mezclan «dos temas que no tienen nada que ver». «¿Ayudar a las personas vulnerables? Por supuesto que sí. Y eso es responsabilidad de la Administración, no del pequeño propietario. ¿Dar por buenas las ocupaciones y los impagos? Nunca», ha advertido Nogueras, con unos argumentos que han expuesto de forma similar los representantes de Unión del Pueblo Navarro (UPN) y Coalición Canarias (CC) en su intervención en el Pleno.
Sobre la postura de los neoconvergentes, el diputado de ERC, Gabriel Rufián, ha afeado que traten de «competir» con el partido de extrema derecha Alianza Catalana y ha defendido su apoyo a las «iniciativas-gazpacho» del Ejecutivo de Sánchez como el «mal menor» frente al «fascismo».
Por su parte, José María Figaredo, de Vox, ha mostrado su oposición a las diferentes medidas que recoge el real decreto, incluida la revalorización de las pensiones, porque «lo que están haciendo es agotar el sistema». Con un tono muy duro, ha zanjado su intervención diciendo: «Dimitan de una vez y pónganse a disposición judicial, asesinos». El vicepresidente primero del Congreso, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, le ha llamado al orden y ha pedido que sus palabras se retiren del diario de sesiones.
Bolaños les acusa de «hacer daño a millones de ciudadanos»
El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha abierto el Pleno con una intervención en la que ha acusado a los grupos parlamentarios de «hacer daño a millones de ciudadanos que les votaron» si no apoyan el real decreto, que ha defendido que «continúa la senda de proteger a personas con dificultades gracias al crecimiento económico». En un dardo específico a Junts, Bolaños ha recordado que el año pasado acabaron votando a favor de estas mismas medidas.
Igual que ERC, los otros socios parlamentarios del Gobierno, PNV y Bildu, han apoyado el decreto ómnibus, aunque con algunos prevenciones. Mientras los jeltzales han criticado que el coste de la paralización de los desahucios recaiga sobre pequeños propietarios, lo que consideran que genera «miedo» y «expulsa a muchas familias» del mercado de alquiler, los abertzales han pedido que las medidas del escudo social se conviertan en «estructurales» para no tener que prorrogarlas cada año, un punto de vista que han compartido con los republicanos.
El Consejo de Ministros aprobó justo antes de la pausa navideña el real decreto-ley ‘ómnibus’, que incluía una subida del 2,7%
para las pensiones con carácter general (conforme a la inflación), un 7% para las mínimas y un 11,4% para las no contributivas y el ingreso mínimo vital. Como avanzábamos, el texto también contenía otras medidas a las que se opone el PP y que forman parte del llamado ‘escudo social’ pactado entre el Gobierno y otros socios parlamentarios, como Bildu. Entre esas medidas están la prohibición de desahucios para personas vulnerables sin alternativa habitacional y de los cortes de suministros básicos, así como el bono social eléctrico.
Sánchez y Feijóo se acusan mutuamente de tomar a los pensionistas como «rehenes»
Una vez confirmada la derrota, Pedro Sánchez ha acusado al PP de tomar como «rehenes» a los pensionistas, las mismas palabras que utiliza Feijóo contra el Ejecutivo. En un vídeo compartido en su cuenta de Instagram, el presidente ha recordado que Mariano Rajoy congeló las pensiones en 2013, votó en contra de la revalorización conforme al IPC (índice de precios de consumo) en 2021 y las cuatro actualizaciones posteriores. «Otra vez el PP ha votado en contra de más de 10 millones de pensionistas. Este Gobierno seguirá trabajando para proteger la dignidad de nuestros mayores», ha resumido en la publicación.
Al otro lado, el líder popular ha recordado a Sánchez que puede aprobar ya la revalorización de las pensiones a través de la proposición de ley que registró su partido en noviembre. «El Gobierno quería que los mayores eligieran entre su pensión y su casa. El PP cree que tienen derecho a las dos cosas, y la mayoría del Congreso también», ha zanjado Feijóo en la red social X, donde ha acusado exactamente de «convertir a los pensionistas en rehenes de la inquiokupación».
En la misma línea que Bolaños y Sánchez, otros miembros del Gobierno han mantenido la presión sobre los populares hasta poco antes del Pleno. La portavoz del Ejecutivo y ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha cuestionado el rechazo a unas medidas que «protegen al conjunto de la ciudadanía y los más vulnerables» y ha dicho que será el partido de Alberto Núñez Feijóo quien lo tendrá «difícil» para «explicar lo inexplicable».
«Se está equivocando. No golpea al Gobierno de España, está golpeando a 10 millones de pensionistas», ha afirmado también la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, en una entrevista en Las mañanas de RNE.
El Gobierno dice que el PP tendrá que «explicar lo inexplicable» si rechaza el decreto ómnibus con la subida de las pensiones
Se prorrogan las ayudas al transporte y se aprueba el abono único
El Congreso sí ha aprobado el decreto de ayudas al transporte público que establece una prórroga para 2026 de las bonificaciones vigentes en los títulos estatales, autonómicos y locales, con descuentos de hasta el 100 % para jóvenes y niños; y que crea un nuevo abono único estatal. En este caso, el PP se ha abstenido y Vox ha sido el único grupo en optar por el ‘no’.
Bolaños ha explicado que la prórroga de las ayudas al transporte público incluye una novedad en este real decreto: el Ministerio de Transportes asumirá directamente la financiación sin exigir un esfuerzo adicional a las comunidades autónomas ni a las entidades locales.
Respeto al abono único, el ministro de la Presidencia ha aclarado que «no sustituye a los títulos y bonificaciones existentes», sino que se añade como una opción adicional. Las comunidades autónomas, los ayuntamientos y otras administraciones públicas «pueden ir sumándose de manera progresiva» al sistema, lo que ha asegurado que generará «beneficios directos para los usuarios».