Familiares de cuatro de las víctimas solicitan a la jueza que el alcalde de Murcia José Ballesta preste declaración como testigo. Otro abogado de las familias se queja al TSJ de que no le facilitan la causa judicial
ORM ÁNGEL BOLUDA | PACO MARTÍNEZ
José Manuel Muñoz, abogado de las familias de dos de las víctimas del incendio mortal de Las Atalayas, ha solicitado la imputación del exconcejal de Urbanismo, el socialista Andrés Guerrero, y la del actual edil en esta materia, el popular Antonio Navarro Corchón, al entender que podrían haber cometido delitos de prevaricación por omisión en este caso. También ha solicitado que se extienda la imputación a los dos funcionarios «apartados» de sus obligaciones en el ayuntamiento, y que el alcalde de Murcia, José Ballesta, declare en calidad de testigo por ocultar información sobre el asunto de forma deliberada.
Hace una semana, el letrado solicitó que se abriera una pieza separada para aclarar la implicación de la administración local, dentro de la que está incluida la solicitud de imputación de estos dos concejales y del regidor municipal. Muñoz considera que Guerrero debió de encargarse de que se llevara a cabo la ejecución del cierre y precinto tras dictar él mismo la orden. En el caso de Navarro Corchón, se considera que debía haber solicitado el precinto de las discotecas en la etapa política anterior al bienio de gobierno socialista.
En declaraciones a ONDA REGIONAL, Muñoz asegura que el hecho de «que dos jefes de servicios hayan sido apartados de sus funciones ya denota una actuación irregular». Con respecto a Ballesta pide que declare como testigo al entender que el regidor tenía acceso vía telemática a toda la información relativa al expediente de Teatre y La Fonda Milagros. El abogado de Kevin y Lady Paola considera de que el dirigente popular la conocía y la omitió durante sus primeras comparecencias.
El propio Ballesta llegó a asegurar la tarde del 1 de octubre que solo conocía que los establecimientos cumplían con la hora de cierre. El letrado considera que el regidor podría haber omitido gran parte de la información que conocía.
Ahora el juez del caso tendrá que valorar si la petición es procedente o no y elevarlo a Fiscalía para que esta se pronuncia. Si lo rechazan, José Manuel Muñoz anuncia que recurrirá a la Audiencia Provincial de Murcia.
Andrés Guerrero (PSOE) y Antonio Navarro (PP) comparecieron de manera conjunta en rueda de prensa al día siguiente del incendio para informar de que las discotecas Teatre y Fonda Milagros no tenían licencia de apertura y sobre ellas pesaba una orden de cierre desde el 10 de enero de 2022.
El concejal del PP recordó que administrativamente solo consta la existencia de un local, gestionado por la Mercantil Teatre SL, y que además “la Fonda Milagros no ha existido administrativamente como tal”, sino que, a nivel de autorizaciones, solo se ha tramitado la cursada por Teatre y, en ningún caso hubo empresas autorizadas a funcionar con la separación de nombres. Andrés Guerrero corroboró en esa comparecencia lo dicho por Navarro y eludió responsabilidades para culpar de lo sucedido a la empresa Teatre. También añadió que una vez que se emitió la orden de cierre «corresponde a los servicios de Inspección la corroboración de que no hay actividad».
Queja ante el TSJ por no disponer del contenido de la causa
Por otra parte, uno de los abogados de las familias de los fallecidos en los incendios de Atalayas, Pedro López Graña, ha registrado una queja ante el Presidente del Tribunal Superior de Justicia por el retraso, en su opinión «injustificado», a la hora de facilitar a las acusaciones particulares el contenido de la causa, que siguen sin llegar a sus manos una semana después de que se levantara el secreto de sumario.
En declaraciones a ONDA REGIONAL López Graña se queja de que el contenido de parte de esas diligencias se esté publicando «por capítulos» en la prensa, en concreto lo que se refiere a la investigación practicada por la policía científica para tratar de determinar el origen y la causa del incendio que acabó con la vida de trece personas. Son datos a los que la representación legal de las familias siguen sin tener acceso, lo que provoca una «merma de su legítimo derecho a la defensa de los intereses de sus representados».
Según relata este abogado, los afectados directos por la tragedia no dejan de reclamarle una información que no puede darles pero que sí aparece, al menos en parte, en los medios de comunicación, lo que está generando sorpresa e indignación entre las familias que se sienten víctimas de un maltrato por parte de la Administración de Justicia. Es un clima, añade López Graña, que sólo alimenta las sospechas de que algo se pueda estar haciendo de manera incorrecta y esa es una duda que conviene despejar lo antes posible.
Expone López Graña que esa situación de dilaciones indebidas le produce indefensión y puede suponer una vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva de sus representados, proscrita por la Constitución. Finalmente, recalca que envía su escrito al presidente del TSJRM en solicitud de amparo al ser la máxima autoridad judicial de la Región.