La Masacre de Uncía fue una de las represiones más brutales al incipiente movimiento obrero boliviano. Esta nota refleja la complicidad del Estado Nacional y las empresas extranjeras estadounidenses y las primeras peleas de los trabajadores por su sindicalización. El 4 de junio de 1923, efectivos del ejército boliviano, al mando del Mayor Ayoroa, abrieron fuego contra una concentración de mineros y pobladores en Uncía, capital de la provincia Bustillo, Departamento de Potosí, Bolivia. Reclamaban la libertad de sus dirigentes sindicales detenidos en la prefectura de la ciudad.
En 1564, el español Juan del Valle llegó hasta una montaña que los lugareños llamaban Orko Intijaljata (“la montaña del sol poniente”). Sin embargo, sus expectativas se vieron rápidamente frustradas: no había plata sino estaño, un metal en ese entonces inservible. Muchos años más tarde, en la segunda década del siglo XX, dos empresas competían en la explotación de las riquísimas vetas: la Empresa Minera “La Salvadora” de Simón I. Patiño y la Empresa “Estañífera Llallagua”, de capitales chilenos. Ambas empresas eran manejadas con mano de hierro por sus respectivos gerentes, Máximo Nava y Emilio Díaz, odiados por mineros, contratistas y pobladores.
Por esos años gobernaba Bolivia el presidente Bautista Saavedra, proveniente del Partido Republicano, que había accedido al poder en 1920. Este gobierno (1921-1925), marcó un punto de inflexión en lo concerniente a la preeminencia de Estados Unidos en Bolivia, iniciando el desplazamiento de la metrópoli inglesa. En 1922 el gobierno contrajo en Estados Unidos un empréstito con la casa Stifel Nicolaus por 33 millones de dólares, a la tasa del 8 % anual, hasta entonces el mayor préstamo celebrado por el país. Se constituyó como garantía todos los impuestos, fondos y rentas del Estado boliviano, y se creó una Comisión Fiscal Permanente, integrada por tres miembros designados por los banqueros de Nueva York, que pasaron a controlar la Aduana, la recaudación impositiva y el Banco Central del país. Es en este contexto que en 1922, la compañía estadounidense Standard Oil de New Jersey, se apoderó mediante maniobras fraudulentas de la explotación de la mayoría de las áreas petrolíferas otorgadas en concesión por el gobierno.
Saavedra representaba la versión más plebeya del republicanismo, apoyándose en la clase media y el artesanado urbano. Fue uno de los primeros en ensayar una política social combinada con una fuerte represión a los trabajadores. Bajo su mandato se dictaron leyes sobre accidentes de trabajo, de Ahorro Obligatorio y reglamentarias de las huelgas; y se creó el Instituto de Reformas Sociales. Pero en cuanto los mineros o los indígenas intentaron movilizarse por sus reivindicaciones fueron severamente reprimidos, como sucedió con el levantamiento indígena de Jesús de Machaca (1921).
En Uncía, una de las principales regiones mineras del país, ya desde 1918 se registraron duros enfrentamientos, cuando el ejército junto con matones organizados por la patronal reprimieron violentamente a los obreros que reclamaban aumentos salariales y mejoras de las condiciones de trabajo, ocasionando muertos y heridos. Ya desde entonces circularon tenebrosas versiones según las cuales los cuerpos de los trabajadores caídos habrían sido incinerados en los hornos de calcinación de Catavi. Como resultado de estos hechos, se reforzó la guarnición militar y se redoblaron las persecuciones y los malos tratos a los trabajadores.
Al cumplirse su mandato constitucional, convocó a elecciones; pero éstas resultaron anuladas por razones políticas, razón por la cual el 3 de septiembre de 1925 entregó el mando de la nación al Presidente del Congreso Nacional, Felipe Segundo Guzmán, que se encargó de convocar a nuevos comicios, en los que resultó elegido el político republicano Hernando Siles Reyes. Este firmó un documento de compromiso con el exmandatario, aceptando su tutela y admitiendo como vicepresidente a su hermano, Abdón Saavedra.