Más inspectores para velar por el cumplimiento de la Ley de la Cadena Alimentaria en la Región

Las organizaciones agrarias presionan para que la Comunidad cumpla con sus compromisos y aumente los controles y las sanciones contra las empresas

Imagen de archivo del lineal de frutería de un supermercado.

Imagen de archivo del lineal de frutería de un supermercado. / L.O.

Alejandro Lorente  

El cumplimiento efectivo de la Ley de la Cadena Alimentaria sigue siendo, según los agricultores murcianos, una asignatura pendiente en la Región de Murcia.

Esta legislación tiene como objetivo mejorar el funcionamiento y la vertebración de la cadena alimentaria, de manera que aumente la eficacia y competitividad del sector agroalimentario español y se reduzca el desequilibrio en las relaciones comerciales entre los diferentes operadores de la cadena de valor, en el marco de una competencia justa.

A pesar de que el Gobierno de España sacó adelante en 2021 cambios para mejorar su funcionamiento y aseguró entonces que supondría «un hito en las relaciones comerciales entre los diferentes eslabones», a día de hoy, las inspecciones y los controles sobre las empresas murcianas son claramente insuficientes.

Así lo entiende el secretario general de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA), Marcos Alarcón, que considera que esta ley es el instrumento legal que debe contribuir a que los agricultores cubran de manera suficiente los costes de producción, que podrían verse elevados en breve por la reducción de la jornada laboral propuesta por la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.

Alarcón ha recordado que en un acuerdo firmado en marzo de 2024 por el presidente de la Comunidad Autónoma, Fernando López Miras, y las principales organizaciones agrarias (Asaja, COAG y UPA) «existía un compromiso para dotar con recursos materiales y humanos suficientes a la Consejería de Agricultura para permitir una aplicación efectiva y real de esa ley».

Ese refuerzo debería servir para incrementar los controles, las inspecciones, la apertura de expedientes y en su caso la imposición de sanciones. «Y eso es algo que desgraciadamente la Región de Murcia tiene pendiente», lamenta Marcos Alarcón.

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Infografía sobre la Ley de la Cadena Alimentaria. / L.O.

En ese acuerdo se fijaba un plazo de máximo para estas medidas de refuerzo de seis meses, algo que se sobrepasó el pasado mes de septiembre. Además, en otro de los puntos la Consejería de Agricultura se comprometía a realizar, en colaboración con el Imida, estudios de costes de producción de las principales producciones agrarias de la Región, «dando prioridad a los cítricos, frutos secos, hortícolas, frutales de hueso, uva para vinificación, de mesa y producciones ganaderas». Estos estudios, indicaba el acuerdo, deberían ser publicados y actualizados periódicamente.

Por último, la Administración regional también acordó con las con los colectivos agrarios a que se realizarían informes que reflejaran la formación de los precios de los productos agrarios a lo largo de la cadena alimentaria, desde el precio pagado a los productores hasta la puesta a disposición de los consumidores. A día de hoy, según UPA, tampoco se tiene noticia de estos estudios de costes ni se ha hecho ni publicado ningún informe.

Más inspectores en camino

Fuentes de la Administración regional aseguran a La Opinión que actualmente está en marcha el trámite para la ampliación de los puestos de inspección para reforzar el área de Control de la Calidad y el funcionamiento de la Cadena Alimentaria en la Región de Murcia. En cualquier caso, aclara desde la Comunidad, esto «no ha impedido que se realizaran los controles programados por la AICA», la Agencia de Información y Control Alimentarios, organismo público español, adscrito al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

En lo referente a los estudios de costes, estas fuentes autonómicas informan de que se ha estado trabajando en la elaboración de los mismos a medida que se ha recibido la información solicitada para ello a las organizaciones, «y se espera que pronto puedan ser presentados tanto a las organizaciones agrarias como al resto de sector agrícola regional».

Cómo denunciar

El artículo 23 de la Ley de la cadena alimentaria establece las infracciones en materia de contratación que pueden ser denunciadas por un operador agroalimentario en caso de desavenencia con la otra parte, a fin de que se investiguen y evalúen.

Todos los operadores de la cadena alimentaria pueden presentar una denuncia en nombre propio o a través de una organización representativa para mantener el anonimato. La denuncia se puede hacer a través de diversos canales, uno de ellos es la página web de AICA, aica.gob.es.

Para que la denuncia pueda ser admitida a trámite debe contener de forma clara la identificación expresa del denunciante, la del denunciado. También se debe acompañar de una explicación clara y concreta de los hechos que se están denunciando, acompañando los documentos necesarios de prueba (contratos, facturas, albaranes o correspondencia).

Por último, se debe indicar las fechas concretas en las que han acontecido las actividades, situaciones, circunstancias y los posibles incumplimientos. La AICA tratará la denuncia y los documentos anexados, de forma confidencial.