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El Gobierno reformará el Código Penal en los delitos de libertad de expresión que afecten a instituciones y a la religión
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Se plantean reformas para la obligación de celebrar anualmente el debate del estado de la nación y debates electorales
PorMARÍA MENÉNDEZ RTVE
Son las principales líneas de actuación de un plan que Sánchez prometió tras los cinco días de reflexión de abril para decidir si seguía o no en el cargo tras la campaña que, a su juicio, existía contra él y su esposa, Begoña Gómez, investigada por tráfico de influencias y corrupción en los negocios. Posteriormente, en julio, el propio presidente presentó el plan en el Congreso de los Diputados y entonces anunció que buscaría el apoyo de los grupos parlamentarios abriendo una negociación con todos, excepto Vox, para poner fin a lo que él denomina desde hace meses «máquina del fango».
El plan ya desgranado contempla un total de 31 medidas y plantea, entre otras cosas, crear un registro de medios de comunicación para conocer sus propietarios y la publicidad que reciben, promete aumentar la transparencia institucional y apuesta por perseguir la desinformación con reformas legales. Recoge medidas prometidas desde hace años a los socios parlamentarios, como la reforma de los delitos de injurias a las instituciones del Estado (lo que incluiría al Ejecutivo pero también a la Corona) u ofensas a los sentimientos religiosos, o la actualización de la ley de secretos oficiales.
Se plantean otras reformas legales para establecer la obligación de celebrar anualmente el debate del estado de la nación, celebrar también debates electorales obligatorios y publicar todos los microdatos de las encuestas electorales.
Algunas de estas medidas ya se habían ido avanzando en estos meses y el paquete total incluye novedades como la obligación legal de rendición de cuentas cada seis meses para todas las administraciones con un mayor control sobre los cargos públicos y varias medidas de lucha contra la corrupción como la creación de dos nuevas unidades de la Fiscalía General del Estado.
El objetivo del plan, ha manifestado en la rueda de prensa del Consejo el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, es «ampliar y mejorar la calidad de la información gubernamental; fortalecer la transparencia, pluralidad y responsabilidad del ecosistema informativo; y reforzar la transparencia del poder legislativo y del sistema electoral». El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, que ha copresentado el plan, ha considerado que constituye un «primer paso histórico» que aborda las reclamaciones más importantes de la última década en materia de libertad de expresión, afronta por vez primera una «política mediática» y trata de garantizar la «información veraz y de calidad» protegiendo la labor de los periodistas frente a los «pseudomedios» y la desinformación.
Preguntado expresamente sobre si se incluirán los delitos e injurias a la Corona en la reforma de los delitos de injurias, el titular de Justicia ha remitido al «desarrollo» que tenga la ley que se apruebe, sin querer pronunciarse sobre si es favorable a que elimine ese punto. En el eje del plan destinado a «ampliar y mejorar la calidad de la información gubernamental», se ha incluido la reforma de la Ley de Secretos Oficiales que «data de 1968 y es preconstitucional», ha dicho Bolaños, que ha recordado que el anterior Gobierno ya aprobó «un primer borrador», el cual debería ser «una base sólida para empezar a trabajar».
El Gobierno confía en que el PP apoye este plan porque cree que no se entendería que votara en contra de iniciativas que ha apoyado previamente en el Parlamento Europeo, pero la formación de Alberto Núñez Feijóo ya ha avanzado que no apoyará ningún planteamiento que busque «controlar a los medios de comunicación»
Registro de medios y comisión contra la desinformación
«Sin medios libres y de calidad no hay democracia. Sin fuentes fiables y diversas de información, la ciudadanía no podría ejercer su importante labor de control y escrutinio» reza el plan en el punto que hace referencia a uno de los principales ejes de actuación: transparencia, independencia, pluralismo y protección del «ecosistema informativo».
Estas son las medidas que contempla el plan en este área:
- Creación de un registro de medios de comunicación en el que se disponga de información pública sobre su propiedad y la inversión publicitaria que reciben y un deber de publicación anual de inversión publicitaria por parte de todas las administraciones públicas.
- Reforma de la Ley de Publicidad institucional para introducir criterios de transparencia, proporcionalidad y no discriminación en su asignación y para garantizar que sistemas de medición de la audiencia y la metodología que utilicen cumplan los principios de transparencia, imparcialidad, inclusividad, proporcionalidad, no discriminación, comparabilidad y verificabilidad. Asimismo, se establecerán medidas de apoyo para aquellos medios de comunicación que estén íntegramente en lenguas oficiales diferentes del castellano.
- Impulso de la ley de secreto profesional de los periodistas como garantía jurídica para la protección de fuentes y transposición de la Directiva anti SLAPP para la protección de los periodistas de acosos externos.
- Reforma de la llamada ‘ley mordaza’ que sanciona el uso de imágenes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.
- Introducción de límites a la financiación que las administraciones públicas pueden dedicar a los medios de comunicación, para que no haya medios impulsados por o dependientes de administraciones públicas.
- Abordar una reforma integral de los artículos del Código Penal que pueden afectar al derecho de libertad de expresión y a la creación artística, entre otros casos cuando se refiera a las instituciones del Estado, se trate de delitos contra los sentimientos religiosos o de escarnio público u otros supuestos, con el fin de darles una redacción homologable a los países de nuestro entorno y de atender a la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en materia de difamaciones y su encaje legal.
- Creación de una nueva comisión en el Congreso de los Diputados sobre desinformación y aprobación de una Estrategia Nacional de lucha contra las campañas de desinformación.
- Reforma de la ley del derecho al honor y a la intimidad y la ley del derecho de rectificación, para mejorar el sistema que permite rectificar noticias «falsas o abiertamente tendenciosas», con indemnizaciones y plazos adecuados.
Estrategia de Gobierno Abierto y lucha contra la corrupción
Otra de las áreas de actuación que contempla el plan se centra en que «la gobernanza y las instituciones de gestión política precisan de un mayor contacto con la ciudadanía» y para ello el Gobierno busca medidas para «integrarla en los procesos, siendo transparentes y rindiendo cuentas de manera periódica y sistemática», señala el plan aprobado este martes.
Destacan estas medidas concretas en este segundo eje:
- Aprobación de la nueva Estrategia de Gobierno Abierto y remisión a las Cortes Generales del Proyecto de Ley de Administración Abierta para ampliar las obligaciones en materia de transparencia, reforzar los controles sobre los cargos públicos, en especial en materia de conflictos de interés y ampliar la participación ciudadana la colaboración de la sociedad civil en los asuntos público.
- Establecimiento de una obligación legal de rendición de cuentas cada seis meses para todas las administraciones.
- Aprobación de una estrategia para profundizar en transparencia y reforzar la lucha contra la corrupción
- Aprobación de un Real Decreto para la creación de la Autoridad Independiente de Protección del Informante. Esta iniciativa servirá para garantizar la protección de la persona informante, servir de pilar institucional esencial en la lucha contra la corrupción.
- Creación de dos nuevas unidades especializadas de la Fiscalía General del Estado para avanzar en la lucha contra el fenómeno de la corrupción pública y privada.
Sanciones por la no presentación de declaración de bienes
El Gobierno considera que el poder legislativo y el sistema electoral precisan de «ciertas reformas que garanticen una mayor transparencia, así como una mayor publicidad y fiscalización en el ejercicio de la labor legislativa y en el desarrollo de las campañas electorales» y le dedican un tercer apartado en su plan con las siguientes medidas:
- Reforma del Reglamento del Congreso para establecer la obligación de celebrar anualmente el Debate sobre el Estado de la Nación.
- Reforma legal para establecer la obligación de celebrar debates electorales entre candidatos y candidatas y de publicación de todos los microdatos de las encuestas electorales, debidamente anonimizados.
- Reforma del Reglamento del Congreso y del Reglamento del Senado para reforzar las sanciones por la no presentación de declaración de bienes por parte de sus miembros o la presentación de información falsa o incompleta.
- Reforzar el régimen sancionador aplicable a los partidos políticos que presenten sus cuentas de manera inadecuada.
El presente Plan se desarrollará desde 2024 a 2027 y se creará una Comisión interministerial de seguimiento e impulso del mismo que se reunirá con una periodicidad, al menos, trimestral.