El tiempo máximo, que debería ser de hasta tres meses, llega a superar el año en ciudades como Murcia y Cartagena, frenando la creación de casas y pisos residenciales en plena crisis de acceso
Una vivienda en construcción en la pedanía murciana de La Alberca, estos días. / A. G. F.
Para desatar el nudo que tensiona y aprieta cada vez más el mercado de la vivienda en la Región de Murcia no basta con tirar de un solo extremo. Más allá de que constructores o promotores inmobiliarios trabajen más rápido para levantar el mayor número de inmuebles posibles de obra nueva en el menor tiempo posible o que el precio de las casas y pisos de segunda mano no se siga disparando para que la población más joven pueda comprarlas, la burocracia y la maraña administrativa tiene un importante peso en el que hoy por hoy es considerado como el problema más importante en nuestro país.
El 80% de los municipios de la Región donde este año se ha pretendido obtener una licencia para construir un edificio de viviendas incumple el plazo máximo, que se sitúa en tres meses o, lo que es lo mismo, 90 días. En algunos casos los retrasos se demoran hasta más de un año: hasta 454 días hay que esperar en Murcia capital -quintuplicando el plazo máximo- y otros 381 en Cartagena -cuatriplicándolo-.
Los datos que registra el Colegio Oficial de Arquitectos de la Región de Murcia (Coamu) en su base de datos de Visado desde enero de hasta 1 de diciembre de este año revelan que en hasta 27 de las 34 localidades murcianas en las que se ha solicitado una licencia de obra urbanística han rebasado el límite legal de 90 días para dar luz verde a este trámite y continuar con el proceso.
Solo siete localidades cumplen los tiempos legales para dar luz verde a nuevos residenciales
Al margen de las dos principales ciudades de la Comunidad, también Lorca y Molina de Segura tienen un plazo medio de 147 y 185 días, respectivamente. Pero también hay otros municipios más pequeños que superan con creces el plazo legal máximo: Mula (381 días), Torre Pacheco (297), Librilla (283), Pliego (270), Alcantarilla (262) o Cieza (260), entre otros.
Solo durante este año, según los datos del Coamu, hay siete localidades que durante este periodo han cumplido los tiempos: Cehegín (67 días), Fuente Álamo (59), Campos del Río (58), Ceutí (55), Calasparra y Bullas (36) y Abanilla (30).
Que los municipios, por norma general, excedan el plazo no es algo nuevo: los arquitectos murcianos vienen alertando desde hace años de esta situación, pero sí que en el contexto actual de escasez de oferta y de altísima demanda hace que el ritmo actual sea insostenible.
Si esta misma radiografía se sitúa en el mismo periodo del año 2024 para ver cómo estaba la situación, es cierto que muchos municipios, sobre todo los más grandes, han ‘recortado’ días para dar licencia de obra, pero siguen siendo tiempos demasiado elevados. Murcia ha restado 16 días, Cartagena 66, Alcantarilla 80 o Molina de Segura 29.
Plazo medio en días para licencia de construcción y número de expedientes emitidos este año. / L. O.
Cabe recordar que a mediados de este año el Gobierno regional anunció precisamente una licencia básica, incluida en la cuarta Ley de Simplificación Administrativa, para acelerar los procesos de construcción mientras se tramitaba la licencia definitiva.
Una de las conclusiones más claras de este seguimiento que realizan los arquitectos de la Región es que «los municipios con mayor volumen de licencias presentan, por norma general, un plazo medio más elevado».
En este sentido, algunos datos de pequeños pueblos de la Comunidad no resultan plenamente significativos, ya que «cuando se analizan solo tres o cuatro expedientes al año, una sola licencia con un plazo anómalo puede distorsionar el resultado», señala a este periódico Arturo García Agüera, decano del Coamu.
«Los servicios urbanísticos deben incorporar más técnicos para agilizar el volumen de expedientes»
En los municipios de mayor tamaño, indica, «no se aprecia una variación significativa en los plazos», ya que se mantienen estables respecto a años anteriores. «Eso nos lleva a entender que estamos ante una constante: los plazos pueden variar unos días arriba o abajo, pero en general se repiten», señala.
En estas grandes ciudades, como en el caso de Murcia, Cartagena, Lorca o Molina, los datos son suficientemente representativos y reflejan «plazos bastante desajustados a la realidad». Esta tendencia evidencia que la administración «no está cumpliendo los plazos legales», que actualmente son de tres meses, un margen en el que «muy pocos municipios se sitúan», señala García Agüera.
Arturo García Agüera (Coamu), José Hernández (Frecom) y José Ramón Blázquez (Apirm). / Loyola Pérez de Villegas / Israel Sánchez / Juan Carlos Caval
«Un cuello de botella»
Para el presidente de la Federación Regional de Empresarios de la Construcción de Murcia (Frecom), José Hernández, estos plazos de concesión de licencias representan «un cuello de botella que frena en seco la creación de vivienda y perjudica directamente al ciudadano». No es un problema, avierte Hernández, «de falta de actividad, sino de agilidad administrativa: cada mes de retraso encarece el producto final y dificulta que las familias accedan a un hogar».
«Esperar una media de un año o más para una licencia es un lujo que la sociedad murciana no se puede permitir en plena crisis de acceso a la vivienda. Tampoco el empresario, que sufre una situación injusta que pone en riesgo muchos proyectos, y otros tantos que ni siquiera llegan a ver la luz».
Desde el sector de la construcción tienden la mano a los ayuntamientos y les solicitan que apliquen ya las soluciones que ofrece la nueva Ley de Simplificación Administrativa.
«Esperar un año o más es un lujo que la sociedad murciana no se puede permitir en plena crisis de acceso a la vivienda»
El presidente de la Asociación de Promotores Inmobiliarios de la Región de Murcia (Apirm), José Ramón Blázquez, afirma que los prolongados plazos para conceder licencias de obra, especialmente en las grandes ciudades, son un problema estructural que se arrastra desde hace años. A su juicio, los ayuntamientos no están reforzando los departamentos de licencias y urbanismo, «que son el motor de la ciudad y una fuente clave de financiación municipal».
Blázquez tacha de «inadmisible» que una licencia tarde más de un año cuando la ley fija plazos muy inferiores y recuerda que el sector lleva tiempo alertando de esta situación sin que se adopten soluciones efectivas: «La lentitud administrativa encarece los proyectos, aumenta la incertidumbre, reduce la capacidad productiva de las empresas y agrava el problema de acceso a la vivienda».
Para el presidente de Apirm es necesario «dar más pasos para simplificar todos los requisitos porque hemos construido entre todos un verdadero ‘monstruo normativo’ que no hay forma de entenderlo».
«Hay que dar más pasos para simplificar los requisitos y acabar con el ‘monstruo normativo’»
Tanto constructores como promotores inmobiliarios ven urgente activar las Entidades de Colaboración Urbanística (ECUs) para descongestionar las oficinas técnicas municipales. «La herramienta legal ya existe y funciona en otras comunidades. Ahora necesitamos voluntad política para implementarla y que las Administraciones Públicas asuman el compromiso de desbloquear el urbanismo regional», expone el presidente de Frecom.
El decano de los arquitectos apunta a causas «multifactoriales» para explicar estos retrasos. Entre ellas, menciona la falta de recursos en los departamentos de servicios urbanísticos, donde «sería necesario contar con más personal técnico para dar respuesta al volumen de expedientes, especialmente en los municipios grandes».
No obstante, destaca que uno de los principales problemas se encuentra en los trámites administrativos previos. «No intervienen solo los técnicos de licencias, sino también los administrativos y todo el proceso interno», explica. Según el análisis del colegio, en algunos ayuntamientos «pueden pasar fácilmente dos meses desde que un ciudadano registra una solicitud hasta que el expediente llega a la mesa de un técnico».
Este retraso inicial, añade, se debe a una burocracia interna más compleja en los municipios grandes y a procesos que «podrían automatizarse».