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Líderes indígenas acuden a la cumbre de la ONU en Sevilla para exigir «justicia económica» para sus comunidades
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Representan poco más del 6% de la población y, sin embargo, están entre el 15% de las poblaciones más vulnerables
«Somos los que más sufrimos las decisiones que se toman en estos foros», asegura el líder indígena de la Amazonía de Perú Carlos Lozano, procedente del pueblo quichua del valle del Bajo Huallaga, al norte del país. Atiende a RTVE.es en las inmediaciones del Palacio de Congresos de Sevilla porque no ha conseguido acreditación para acceder a la cumbre que se desarrolla en el interior, la Cuarta Conferencia para la Financiación al Desarrollo (FFD4).
«Aquí se viene a hablar sobre financiamiento para el desarrollo, pero, ¿desarrollo para quiénes? Son los que ya están desarrollados los que siguen desarrollándose más, mientras que a nosotros, que necesitamos educación, salud, servicios básicos, no nos llega nada», reclama este joven de 26 años, líder social en su comunidad desde los 11. «Tengo esa historia de dirigencia desde mi abuelo —al que nunca conoció— que también lideró la comunidad y que fue injustamente asesinado por defender su territorio», relata.
Los jóvenes indígenas, señala Lozano, son «el sector de la población que menos acceso a oportunidades y educación tiene». Él consiguió una beca y pudo acabar secundaria y estudiar arquitectura, pero eso no suele ser lo normal. Por eso, dice, apoya a su pueblo «para que otros jóvenes puedan tener esa posibilidad».
Según Naciones Unidas, hay más de 476 millones de pueblos indígenas —y unos 5.000 grupos distintos— que viven en 90 países de todo el mundo. Representan poco más del 6% de la población mundial y, sin embargo, están entre el 15% de las poblaciones más desfavorecidas y vulnerables. De hecho, según el Banco Mundial, en América Latina la pobreza afecta al 43% de la población indígena y padecen de lleno los efectos del cambio climático, pese a que su actividad y conocimiento sea muy valioso precisamente para la conservación de los ecosistemas.
Reclaman «justicia económica»
La lucha de estas comunidades por defender la tierra que cuidan lleva décadas en marcha, al igual que su reclamo por una «justicia económica» que reconozca su contribución, tanto a las economías nacionales, como globales. «¿Por qué no se toma en cuenta a los sujetos de derecho que cuidaron esos recursos durante años y que nacieron y vivieron ahí? No fuimos a quitarle tierras a nadie. ¿Cómo sería en ese caso una distribución justa de las finanzas?», se pregunta la activista quechua de Ayacucho (Perú), Tarcila Rivera Zea.
Ha viajado a Sevilla para plantear ese debate, aunque lamenta que en la mayoría de espacios no hay traducción simultánea, todo es en inglés. «No es lo mismo expresarse en la lengua de una», dice. Su lucha está enfocada en los derechos y el reconocimiento de las mujeres indígenas, con un «frente doble», actuar tanto dentro de sus comunidades —dirigidas mayoritariamente por hombres— como fuera.
«No queremos que nos miren como pobrecitas que no sabemos hacer nada porque ya nos dimos cuenta que no, que resolvemos y aportamos soluciones«, asegura Rivera Zea, que lamenta estar lejos de donde se discuten y se toman las decisiones durante la cumbre. La sociedad civil cuenta con un espacio propio en la conferencia, habilitado lejos de las salas donde se desarrollan los grandes debates y donde se reúnen los dirigentes de países de todo el mundo.
«Las cumbres, en general, tienen este formato que es un poco el reflejo de cómo funciona el mundo real. Está organizado en silos que dividen a los procesos de toma de decisiones de los procesos de participación social», sostiene el líder indígena inzú y Secretario Técnico del Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe (FILAC), Darío Mejía. Su aspiración en Sevilla es «tratar de recuperar terreno» y traer propuestas para la discusión, como esa «teoría del valor» que incluya y reconozca a los pueblos indígenas.
Una actividad de cuidado de la biodiversidad «no reconocida»
Según datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), estas comunidades conservan el 80% de la diversidad biológica de la Tierra. Su actividad de «cuidado» de la diversidad y la «no distinción entre cultura y naturaleza», sostiene Mejía, contribuye «de manera determinante a la estabilidad climática del planeta». Además, «no es reconocida en estos foros internacionales», en los que «se discute solamente la perspectiva del valor del capital y no del valor de la acción climática», añade.
«Desde el 2010, los pueblos indígenas solo han accedido al 1% de la financiación climática, mientras que padecen al menos el 50% de todos los conflictos socioambientales en el planeta», sostiene Mejía. El supermercado de los indígenas, dice, «es el río donde pesca, la montaña donde colecta; desde pequeños aprenden cómo enfrentarse a la Naturaleza, y eso ha hecho de estas zonas los principales sumideros de carbono», es decir, lugares que absorben más CO2 del que emiten.
La ONU reconoce la importancia de estos territorios para mitigar el cambio climático y «la importancia y la urgencia» de que se protejan. De hecho, según un informe publicado en 2021, las tasas de deforestación en América Latina y el Caribe son «significativamente» más bajas en los territorios indígenas y tribales.
Mejía menciona la explotación de hidrocarburos y minerales, ya que la mayoría de ellos están «dentro o cerca» de territorios indígenas de todo el mundo. «Pero la financiación es otorgada a las empresas extractoras, cuyos proyectos generalmente no tienen en cuenta ni la libre determinación, ni el consentimiento, ni la consulta apropiada a los pueblos indígenas que son propietarios de estos elementos vitales», señala. «Tenemos un conflicto realmente profundo en cuanto al financiamiento», cuenta.
«Nosotros estamos defendiendo y protegiendo un bien colectivo», defiende Ribera Zea. Los desechos de las industrias extractivas acaban en los ríos, en los lagos, en el mar. Y si alguien levanta la voz, nos acusan de ir en contra del desarrollo. No es que estamos contra el desarrollo. Estamos en contra de que se maten los recursos no renovables, que es de donde comemos y vivimos. Y eso no es solo para nosotros, es para todos», denuncia.
Carlos Lozano menciona los «bonos de carbono» —créditos que premian proyectos de conservación o reforestación para compensar la huella medioambiental de algunas empresas — que, asegura, pese a nacer con buena intención, han resultado ser «un desastre». «Han hecho que se creen áreas naturales protegidas que nos han despojado de nuestro territorio con un fin lucrativo», explica.
La Declaración de las Naciones Unidas reconoce el «derecho a la libre determinación» de los pueblos indígenas y, en virtud de ese derecho, «determinan libremente su condición política y persiguen libremente su desarrollo económico, social y cultural». Sin embargo, como denuncia Mejía, los proyectos de inversión «tienen como titulares a Estados, o a empresas, nunca a esos pueblos».
«Lo que sucede en la práctica es que los proyectos [implementados en territorios indígenas] suelen generar conflictos con las aspiraciones, con los modos de vida, con la cosmovisión de dichos pueblos y, por supuesto, con los derechos de propiedad», explica el secretario de FILAC, que menciona desplazamientos forzados, degradación ambiental y conflictos socioambientales por el advenimiento de nuevas prácticas y convivencias.
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«La Amazonia es nuestro hogar, nos preocupa lo que pueda pasarnos»
Uno de los lugares que alberga un gran número de estas comunidades es la Amazonía, la selva tropical más grande del mundo. «Se negocia la Amazonía como un lugar donde hay recursos, pero se considera como un lugar sin habitantes. Y no es cierto», lamenta Lozano. «Existimos y somos los que accionamos a favor de la Amazonía. No porque nos preocupe su contaminación, sino porque es nuestro hogar; estamos preocupados por lo que nos puede pasar a nosotros», señala.
«Tomamos agua contaminada, donde cada vez hay menos peces, lidiamos con la deforestación y luchamos contra la invasión porque el Estado no reconoce nuestros derechos», relata Lozano.
Cuando los indígenas de la Amazonía denuncian la apropiación de tierras o el tráfico de recursos, «nadie más levanta la voz, es como una lucha solitaria«, defiende Ribera Zea. Sin embargo, cuando se trata de la minería o la extracción de petróleo, «sí lo consideran un bien para todo el país». Olvidan que «ese bien existe porque los indígenas que vivieron ahí lo cuidaron. ¿Por qué no se solidarizan con la defensa de nuestros derechos? Hay mucho racismo y prejuicio todavía», lamenta la activista.
«Las catástrofe climáticas, las temperaturas, las inundaciones… no distinguen fronteras», sostiene Mejía. Por ello, dice, «la forma en la que los pueblos indígenas contribuyen al mundo debe ser compensada para que sigan viviendo en sus territorios y haciendo el trabajo que mejor saben hacer».