-
Según datos del Ministerio del Interior, la organización antifascista cometió 85 asesinatos entre 1975 y 2006
-
Aunque su brazo armado está desarticulado, los GRAPO no se han disuelto y sus líderes reivindican sus acciones
La organización terrorista ya existía, ya había matado, pero aún no tenía nombre. El 1 de octubre de 1975, hace 50 años, el terrorismo se presentó con nuevas siglas: los GRAPO asesinaron en Madrid a cuatro policías nacionales en tres atentados distintos. Con un Franco a dos meses de su muerte, la dictadura agonizaba y España se acercaba al final del franquismo.
A los presagios de libertad, se sumó la irrupción de los Grupos de Resistencia Antifascista Primero de Octubre (GRAPO). Ese día, un nuevo actor irrumpió en el escenario de la violencia armada. ETA y el FRAP dejaban de estar solos.
Los GRAPO nacieron hace medio siglo como el brazo armado del Partido Comunista de España Reconstituido (PCE-r) durante el congreso fundacional de la formación en un caserío de La Cavada, un municipio cerca de Santander. Se definieron como una organización clandestina de extrema izquierda que perseguía «implementar su línea política» a través de acciones que incluían la lucha armada, explica Jonatan Rodrigues, doctor en Historia Contemporánea de la Universidad de León y autor del libro ‘Los GRAPO contra el Estado’.
«El PCE-r daba la línea política» y los GRAPO actuaban en función a esas directrices. En palabras del historiador, su objetivo era «derrocar la democracia con estructuras de la época anterior» para instaurar una «dictadura del proletariado y luego convocar elecciones».
85 asesinatos y más de 1.000 acciones violentas
El PCE-r surgió en 1975 como una refundación de la Organización de Marxistas Leninistas Españoles, conocida como la OMLE. Esta aglutinaba a numerosos partidos de la izquierda revolucionaria que había surgido en el exilio durante los años de dictadura. Integraba a grupos de personas que habían abandonado el Partido Comunista de España (PCE) liderado por Santiago Carrillo, al que acusaban de «revisionista».
Entre 1975 y 2006, año de su última víctima mortal, los GRAPO asesinaron a 85 personas, secuestraron a 16 y cometieron más de 1.000 acciones violentas. Un sangriento historial al que hay que sumar los atentados sin esclarecer. Al contrario que ETA, los GRAPO, no contaban con cantera ni con apoyo social.
Según diversas asociaciones contra el terrorismo, el número de víctimas mortales podría ascender hasta las 94. Estas cifras la convierten en la segunda organización terrorista española con más asesinatos, solo por detrás de ETA y el tercero en Europa.
El tardofranquismo, que sobrevivía con respiración asistida mientras los movimientos revolucionaros ganaban fuerza en las calles y universidades, se convirtió en el caldo de cultivo perfecto para el surgimiento de un nuevo grupo terrorista. Más tarde, una democracia todavía embrionaria careció del poder y la experiencia necesaria para enfrentarse y derrotar a las bandas armadas, lo que permitió que los GRAPO se consolidaran durante los primeros años de la Transición. De hecho, su año más violento fue 1979, con la ley de Amnistía de 1977 aplicada y la Constitución refrendada por la sociedad española.
El atentado contra cuatro policías que da nombre a la organización
El 1 de octubre de 1975, Grupos de Resistencia Antifascista Primero de Octubre salieron de la sombra con un triple atentado que da nombre a la organización. Aquel día, los GRAPO se bautizaron con la sangre de cuatro policías nacionales que fueron abatidos en Madrid. Antonio Fernández, Agustín Ginés, Joaquín Alonso y Miguel Castilla vigilaban dos bancos y una caja de ahorro en distintos puntos de la capital cuando, a primera hora de la mañana, fueron brutalmente disparados por terroristas de los GRAPO.
Los antifascistas reivindicaron este atentado como una respuesta al fusilamiento, cuatro días antes, de dos miembros de ETA y tres del FRAP por parte del régimen de Franco, en las que fueron las últimas ejecuciones de la dictadura, el 27 de septiembre. La violencia del Estado fue replicada con violencia terrorista.
Pero este no fue el primer atentado de los GRAPO, dos meses antes cometieron otro que no reivindicaron. El 2 de agosto de 1975 el agente de la Guardia Civil Casimiro Sánchez fue asesinado en una calle de Carabanchel (Madrid) cuando ya había terminado su turno de vigilancia. Recibió ocho disparos y uno de ellos le alcanzó la boca, muriendo mientras intentaba refugiarse en un portal. Su compañero, Ignacio Cabezón, también fue abatido por los Grupos de Resistencia, aunque logró escudarse con un coche y sobrevivió.
California 47: el atentado más letal contra civiles
El año más letal de los GRAPO fue 1979, en paralelo con los «años de plomo» de ETA. Según datos del Ministerio del Interior, la organización terrorista cometió entonces 31 asesinatos. La acción más mortífera de la banda fue el atentado en la cafetería California 47 de Madrid de mayo de 1979. Los terroristas hicieron explotar una bomba en el interior del local, que provocó la muerte de nueve personas y dejó más de 60 heridos. Los GRAPO ocultaron cinco kilos de goma-2 en una bolsa deportiva que colocaron en los lavabos de la planta baja.
A las 19:00 de la tarde hicieron detonar el explosivo, acabando con la vida de siete mujeres y dos hombres que merendaban en esta céntrica cafetería de la calle Goya. Este fue el primer atentado con víctimas civiles de «forma consciente», detalla Rodrigues. Hasta entonces, sus objetivos eran personas «de las instituciones, las oligarquías empresariales y las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado».
Un mes antes del atentado de la cafetería California, la Policía abatió mortalmente a Juan Carlos Delgado de Codes, miembro del PCE-r. Después de este «atentado, los GRAPO iniciaron una campaña que se llama 100 por 1«. Es decir, por cada muerte de uno de los suyos, la organización terrorista pretendía responder con 100 asesinatos.
La masacre de California 47 fue parte de esta campaña de violencia masiva, aunque «se les fue de las manos», subraya el doctor. Cerca de la cafetería estaba la sede del partido ultraderechista Fuerza Nueva, y sus integrantes frecuentaban el local: «Al ser de extrema derecha, formaban parte de esa población que ellos consideraban como combatiente».
Publio Cordón, el empresario que nunca apareció
Entre las acciones más significativas de los GRAPO, destacan varios atentados y secuestros que marcaron la actividad de la banda y calaron en la opinión pública. Uno de los casos más notorios fue el secuestro y desaparición del empresario Publio Cordón en junio de 1995, considerado como uno de los puntos de inflexión en la lucha contra la organización. Tras el secuestro en Zaragoza, la organización pidió a la familia 400 millones de pesetas a cambio de su liberación (casi 2,5 millones de euros), cantidad que abonaron en agosto.
Sin embargo, Publio Cordón nunca apareció. «Será que le han dicho al soltarle que espere a que caiga el sol para salir de donde se encuentre, será que le han dicho que espere a que salga la luna, será que le han dicho que espere hasta que vuelva a hacerse de día», relató su mujer, Pilar Muro, en una entrevista para El Mundo, recordando la incertidumbre que vivió después de pagar el rescate de su marido.
La versión oficial que ofrecieron los terroristas al diario Egin fue que lo habían liberado y que no habían vuelto a saber nada de él. En 2007, la Audiencia Nacional condenó a Fernando Silva Sande a 28 años de cárcel por el secuestro de Cordón y, años después, reconoció que su muerte fue un «trágico accidente» que se produjo cuando intentó escapar de su cautiverio a través de la ventana de una segunda planta.
A día de hoy, la familia desconoce el paradero del cadáver de Cordón y no han podido despedirse de su difunto. La ausencia del cuerpo y los testimonios contradictorios de los secuestradores, impidieron a la Audiencia Nacional condenarles por homicidio por omisión.
Operaciones policiales para su desarticulación
Los GRAPO sufrieron importantes golpes policiales durante sus años de trayectoria armada, hasta el punto de que en varias ocasiones el Ministerio del Interior llegó a pensar que la banda estaba prácticamente desmantelada. El primer gran revés llegó muy pronto, en 1977 fue detenido el Comité Central de la organización, el comando Madrid. En esta operación también fue arrestado uno de sus cabecillas, Manuel Pérez Martínez, secretario general del PCE-r, conocido como el camarada Arenas.
Durante la década de los ochenta, se desarticularon los comandos de Galicia, Asturias y Barcelona y varios dirigentes fueron detenidos. El Estado aplicó a los integrantes de los GRAPO la dispersión penitenciaria, como ya hacía con ETA. En noviembre del 2000, una operación conjunta de la Guardia Civil con la policía francesa desmanteló la dirección de la banda asentada en París. La acción culminó con la detención de siete líderes, entre ellos el camarada Arenas, que ya había salido de prisión.
Pese a esta acción policial, la cúpula pudo reorganizarse con rapidez por su estructura «compartimentada», apunta el especialista en Historia Contemporánea. Este «mecanismo de defensa básico», permitía que si un comando era desarticulado, el resto de la organización permaneciera a salvo. Una nueva operación franco-española en 2002 permitió detener a los nuevos dirigentes.
Negociaciones con el Gobierno y la decisión de Garzón
En junio de 1996, durante el Gobierno de José María Aznar, el Centro Superior de Información de la Defensa (CESID) inició conversaciones con los GRAPO para alcanzar un acuerdo de cese de la lucha armada. El Ejecutivo transmitió a sus interlocutores que estaban dispuestos a reagrupar a todos los presos a cambio del abandono de las armas.
Sin embargo, la falta de colaboración, y la ausencia de datos sobre el paradero de Cordón, frustraron el acuerdo y los terroristas anunciaron en 1997 que las negociaciones se habían roto. En los años siguientes, se notó un incremento notable de la actividad terrorista, con 21 atentados en 1998 y 25 en el 2000. Durante los primeros años de siglo, Estados Unidos y la Unión Europea incluyeron a los GRAPO en sus listas de organizaciones terroristas
El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón asestó en 2003 un golpe que noqueó a la estructura política de los GRAPO y condicionó su capacidad de acción. El magistrado suspendió las actividades del PCE-r al considerar que «fija la táctica y la estrategia de la lucha armada«. La justicia española consideró probado que el partido comunista jugaba un papel de dirección de la rama militar.
El trabajo conjunto entre las fuerzas de seguridad de España y Francia logró desarticular el brazo armado de los GRAPO, pero la organización nunca se ha disuelto. Según le trasladó un integrante de la banda a Rodrigues, «ellos están inoperativos, pero puede existir». Aunque no tengan capacidad activa, nunca entregaron las armas y algunos integrantes, como el camarada Arenas, mantiene viva la organización y sigue reivindicando sus acciones en mítines y redes sociales.