La cuarta Ley de Simplificación Administrativa que se aprueba este jueves en el Consejo de Gobierno amplía el ámbito de aplicación de esta fórmula en el sector minorista
Comercios cerrados en el centro de Murcia. / Juan Carlos Caval
Los comercios minoristas de menos de mil metros cuadrados de superficie útil de la Región de Murcia podrán iniciar su actividad mediante una comunicación previa acompañada de una declaración responsable, sin necesidad de esperar una autorización formal por parte de la administración local. Esta es una de las novedades de la cuarta Ley de Simplificación Administrativa que la consejera de Empresa, Empleo y Economía Social, Marisa López Aragón, presenta este jueves al Consejo de Gobierno para su aprobación.
Hasta ahora la normativa establecía esta excepción para establecimientos de menos de 300 metros cuadrados de superficie útil de exposición y venta al público, pero la nueva legislación amplía el ámbito de aplicación de esta fórmula en el sector comercial especialmente a los comercios cuya actividad sea inocua (no potencialmente peligrosa) y contemplando las excepciones recogidas en la norma.
De esta forma, el Gobierno regional pretende priorizar el uso de declaraciones responsables como norma general para el inicio de una actividad económica, en sustitución del tradicional régimen de autorizaciones o licencias previas.
El Gobierno confía en que esta medida permitirá reducir los plazos para poner en marcha un negocio
Fuentes de la Consejería creen que este cambio representa un importante impulso para el dinamismo económico de la Región, ya que «permitirá reducir de manera significativa los plazos necesarios para que emprendedores y empresarios puedan poner en marcha sus negocios».
Aseguran que la modificación de este punto concreto supondrá reducir notablemente los tiempos de la tramitación administrativa y del inicio de la actividad, «eliminando así una de las principales barreras que históricamente han ralentizado la apertura de nuevos negocios».
Asimismo, subrayan que «esta medida no implica una merma en el control que ejerce la Administración sobre la actividad empresarial», puesto que los mecanismos de supervisión y control ‘a posteriori’ se mantienen plenamente vigentes. «La diferencia radica en que se traslada el énfasis desde la autorización previa a una supervisión basada en el cumplimiento efectivo de los requisitos y normativas aplicables», añaden.
Desde la Consejería aseguran que los mecanismos de supervisión y control ‘a posteriori’ se mantienen plenamente vigentes
De este modo, la Consejería confía en que se genere un «entorno más favorable para la actividad económica» y se libere capacidad administrativa para dedicar más recursos a funciones de control, asesoramiento y apoyo a empresas.
«En suma, esta reforma contribuirá a mejorar la competitividad de la Región de Murcia, fomentar el emprendimiento y dinamizar el tejido productivo, en línea con los objetivos estratégicos de simplificación y modernización de la administración pública regional», concluyen desde Empresa.
Esta misma semana, López Aragón adelantó que la nueva ley permitirá acelerar la construcción de viviendas en la Región de Murcia. En concreto, se creará una ‘licencia básica’ para adelantar la viabilidad urbanística de los proyectos y facilitar el inicio de la fase cero de las obras —las primeras actuaciones, entre las que se incluyen la cimentación— antes de obtener la licencia urbanística completa.
«Los promotores van a conocer desde el primer momento si se puede edificar de una forma muy ágil y rápida», explicó. Asimismo, aseguró que esta nueva licencia básica será de carácter voluntario y estará regulada por la legislación urbanística regional, aunque cualquier ayuntamiento de la Comunidad podrá emitirla.
López Aragón también quiso aclarar que, aunque esta licencia permite avanzar con ciertos trabajos iniciales, se mantendrá la seguridad jurídica: si finalmente no se concede la licencia urbanística completa, el promotor será responsable de revertir las obras y, en su caso, indemnizar a la administración.
El Gobierno regional aprueba este mismo jueves la ley después de que la Croem se reuniese con Vox para presentar su propia normativa ante el «atasco» que sufría la del Ejecutivo autonómico, que llevaba meses en un cajón después de haber sido consensuada con la patronal murciana.
Vox, por su parte, exige que la nueva norma incluya la creación de una comisión de impulso que controle que las diferentes consejerías la cumplen, evitando así lo que ocurrió con las anteriores, «que solo se ejecutaron al 50%».
Según explicó el pasado lunes el líder de Vox en la Región de Murcia, José Ángel Antelo, esta comisión de impulso no aparece en el borrador de la ley que les llegó, por lo que advirtió a la Consejería de que si no la incluía, la ley tendrá que tramitarse como una proposición de ley para que partidos como el de Santiago Abascal puedan hacer enmiendas.
El PSOE apoyará la norma si le permiten hacer aportaciones
Francisco Lucas y Miguel López Abad se reunieron ayer en la sede del PSOE de Murcia. / PSOE
El Partido Socialista de la Región de Murcia podría llegar a apoyar la cuarta Ley de Simplificación Administrativa siempre que esta se tramite en la Asamblea Regional como Proyecto de Ley, de forma que los diferentes grupos parlamentarios puedan hacer propuestas a través de la presentación de enmiendas y no llegue a la Cámara murciana como un texto cerrado que solo se pueda aceptar o rechazar.
En estos términos se manifestó ayer el secretario general de los socialistas murcianos, Francisco Lucas, después de reunirse con el presidente de la Confederación Regional de Organizaciones Empresariales de Murcia (Croem), Miguel López Abad, y su secretario general, Ramón Avilés.
El secretario general de los socialistas murcianos, Francisco Lucas, solicita que se tramite como proyecto de ley en la Asamblea Regional
Lucas afirmó que una ley de esta importancia debería nacer del consenso entre las principales fuerzas políticas, pero lamentó que el Gobierno regional no haya contado con el PSOE. De hecho, aún no conocen el contenido del decreto ley que pretende aprobar hoy el Gobierno de López Miras.
«Defendemos la necesidad de reducir las cargas burocráticas que afectan a las empresas, con el objetivo de facilitar su actividad, atraer inversiones y generar empleo. Pero esta simplificación debe hacerse con todas las garantías y con la máxima seguridad jurídica», explicó.
Para él, el hecho de que se debata ahora la cuarta Ley de Simplificación que el Gobierno regional del PP lleva a la Asamblea en los últimos 8 años «es una prueba evidente de su fracaso».
López Abad manifestó su interés en que la norma salga adelante con el mayor consenso y «más allá de las ideologías», pensando en el interés de los empresarios. El proyecto del Gobierno, dijo, recoge las propuestas hechas por el sector empresarial, por lo que los partidos deben decidir si votarán «a favor o en contra de los empresarios» en su tramitación.