MORENTE
La utilización de cocheras como despensas y almacenes, de modo habitual, en contra del uso autorizado por el Ayuntamiento, debería dar lugar a sanciones administrativas o multas municipales por carecer de la correspondiente licencia de actividad.
En los edificios situados junto a la avenida Río Nalón, en Los Alcázares, la hostelería parece gozar de una protección especial y de una permisividad municipal difícil de comprender. Así lo denuncian las comunidades de propietarios afectadas, cuyas reiteradas reclamaciones por presuntas irregularidades urbanísticas y de uso de los garajes no parecen haber obtenido una respuesta efectiva por parte del Ayuntamiento.
La utilización de plazas de garaje o cocheras para almacenar mercancías destinadas a la actividad comercial o hostelera plantea serias dudas sobre la legalidad de esos usos, especialmente cuando no se corresponden con el destino autorizado del espacio o pueden comprometer las condiciones de seguridad, salubridad y evacuación del edificio.
Una plaza de garaje no puede convertirse, sin más, en una despensa comercial o en un almacén logístico. Cualquier cambio de uso debe ajustarse a la normativa aplicable y, cuando corresponda, contar con las autorizaciones administrativas pertinentes.
- UN AYUNTAMIENTO QUE PARECE SUBORDINAR LA LEGALIDAD A LOS INTERESES DE LA HOSTELERÍA
Desde hace décadas, las cinco comunidades de propietarios con fachada a la avenida Río Nalón vienen denunciando reiteradamente esta práctica.
El Ayuntamiento conoce, o debería conocer, las limitaciones de espacio de algunos establecimientos hosteleros para almacenar las mercancías y los suministros necesarios para su actividad. Sin embargo, según denuncian los vecinos, esta circunstancia no ha impedido que determinadas cocheras, destinadas al estacionamiento de vehículos, se utilicen como despensas y almacenes auxiliares de esos negocios.
¿Puede una necesidad comercial justificar la utilización de espacios para fines distintos de aquellos para los que fueron autorizados? La respuesta no puede depender de la actividad económica que se beneficie de esa práctica, sino del cumplimiento de la normativa vigente.
Los garajes comunitarios disponen de unas características constructivas y unas condiciones de seguridad vinculadas a su uso autorizado. Sus sistemas de ventilación, extracción de humos y evacuación están concebidos para las condiciones previstas en el proyecto y en la normativa aplicable.
Por ello, destinar estos espacios al almacenamiento habitual de mercancías, especialmente cuando se trata de suministros para establecimientos hosteleros, exige comprobar si ese uso es compatible con las autorizaciones existentes y si reúne las condiciones de seguridad exigibles.
Si se está desarrollando una actividad distinta de la autorizada, corresponde al Ayuntamiento inspeccionar los espacios afectados, determinar si existe alguna infracción y adoptar, en su caso, las medidas correctoras o sancionadoras que legalmente procedan.
Pero en Los Alcázares parece que la avenida Río Nalón constituye una excepción.
Aquí surge una pregunta inevitable: ¿se aplican los mismos criterios de exigencia y control a todos los ciudadanos y actividades económicas, o existe una permisividad especial cuando los afectados son determinados establecimientos hosteleros?
La historia reciente de esta avenida alimenta el malestar vecinal. Sus comunidades de propietarios consideran que los intereses de la hostelería han prevalecido en decisiones que han perjudicado al entorno residencial, mientras el Ayuntamiento no ha atendido debidamente sus reclamaciones.
Y ahora, cuando algunos establecimientos parecen empeñados en recuperar el modelo de avenida del pasado, bajo las consignas de «recuperar el pasado» y «volver a sus raíces», vuelven a surgir interrogantes sobre el papel de la Administración municipal y su obligación de proteger el interés general.
La hostelería tiene derecho a desarrollar su actividad, pero ese derecho no la exime del cumplimiento de la ley ni justifica un trato diferente al dispensado a los demás ciudadanos.
- COMUNIDADES DE PROPIETARIOS IGNORADAS
Resulta especialmente preocupante la falta de respuesta efectiva que, según denuncian los afectados, vienen recibiendo las comunidades de propietarios y sus representantes legales.
Las reclamaciones relativas al posible cambio de uso de plazas de garaje para destinarlas a despensas y almacenes comerciales parecen caer sistemáticamente en saco roto. La ausencia de información sobre las actuaciones realizadas, las inspecciones practicadas o las medidas adoptadas alimenta la desconfianza de los vecinos hacia las instituciones responsables de velar por el cumplimiento de la legalidad urbanística.
No se trata de exigir privilegios para los residentes, sino de reclamar igualdad ante la ley, respuestas administrativas y el restablecimiento de la legalidad cuando se haya producido una infracción.
Un caso particularmente significativo es el de un restaurante ubicado en el edificio Eurovillas VI, cuyos antecedentes se remontan a 2005.
Según los hechos denunciados, el establecimiento demolió parte del forjado del edificio para comunicar, mediante una escalera interior, el local hostelero con dos cocheras, integrándolas funcionalmente en sus instalaciones.
La actuación afectó, además, a la única plaza de las 83 previstas en el proyecto del edificio que estaba destinada a personas con movilidad reducida (PMR). Según la denuncia, se sustituyó la puerta metálica abatible de dicha cochera por un cerramiento de albañilería y una puerta de cortesía.
En la actualidad, el interior de ese espacio albergaría mobiliario propio de la actividad hostelera, frigoríficos, bombonas de gas y otros suministros utilizados por el establecimiento.
Esta situación requiere una investigación administrativa rigurosa, tanto por las posibles modificaciones de elementos constructivos como por el uso efectivo de las cocheras y las condiciones de seguridad de las instalaciones.
La cuestión no es menor: la apertura de un hueco en un forjado, la conexión interior entre un establecimiento y un garaje, la modificación de la configuración de una plaza y el almacenamiento de determinados materiales pueden plantear problemas que van más allá de un simple cambio de uso.
Por ello, resulta necesario esclarecer si las obras contaron con las autorizaciones correspondientes, si se respetaron las condiciones del proyecto y si el espacio cumple los requisitos exigibles para el uso que actualmente se le estaría dando.
Esta situación ha sido denunciada ante el Ayuntamiento, la Dirección General de Vivienda y el órgano competente en materia de disciplina urbanística, según manifiesta la comunidad afectada.
Sin embargo, los denunciantes aseguran que, hasta la fecha, no han recibido una respuesta efectiva que permita conocer las actuaciones practicadas ni si se ha iniciado algún procedimiento para comprobar los hechos.
El silencio administrativo o la falta de información no demuestran por sí solos que exista connivencia o trato de favor, pero sí justifican reclamar explicaciones, transparencia y una actuación inspectora que permita esclarecer lo sucedido.
¿Por qué una comunidad de propietarios debe insistir durante años para obtener una respuesta sobre unas obras y unos usos que considera contrarios a la legalidad?
¿Por qué no se informa a los afectados de las inspecciones realizadas, de las resoluciones adoptadas o de los motivos por los que sus denuncias no han dado lugar, aparentemente, a actuaciones eficaces?
Son preguntas legítimas que merecen respuestas concretas.
Los vecinos no piden que se perjudique a ningún establecimiento hostelero. Reclaman algo mucho más elemental: que se comprueben los hechos, que se aplique la normativa correspondiente y que las decisiones municipales se adopten con criterios objetivos, sin privilegios ni excepciones injustificadas.
Quien considere que estas denuncias carecen de fundamento puede contribuir a esclarecer los hechos mediante una investigación rigurosa de los antecedentes, los expedientes administrativos y las autorizaciones existentes.
- COMENTARIOS AL REPORTAJE FOTOGRÁFICO
Las fotografías que acompañan esta información muestran distintas advertencias instaladas en garajes comunitarios para recordar que estos espacios no deben utilizarse para fines ajenos a su destino autorizado.
Como sucede con el cartel reproducido en la cabecera de esta publicación, existen otros dos en sendos garajes comunitarios. Pese a estas advertencias, propietarios de restaurantes y empleados continúan utilizando algunas de estas instalaciones para depositar mercancías y suministros destinados a la actividad hostelera.
Esta práctica plantea interrogantes que no deben ignorarse.
El almacenamiento de productos, equipos y suministros comerciales en espacios concebidos para estacionar vehículos puede afectar a las condiciones de seguridad, ventilación y evacuación, dependiendo de la naturaleza de los materiales almacenados, de las características del garaje y de las condiciones concretas de utilización.
La presencia de bombonas de gas, en particular, exige comprobar que su almacenamiento y utilización cumplen las disposiciones de seguridad aplicables. No basta con considerar que se trata de una dependencia privada: deben respetarse las normas que correspondan y las condiciones de las instalaciones.
También es necesario determinar si las mercancías almacenadas son compatibles con las condiciones de la licencia del garaje y con las normas de seguridad, prevención de incendios y salubridad que resulten exigibles.
No corresponde a los vecinos sustituir la labor de los servicios técnicos y de inspección municipal. Corresponde a la Administración comprobar los hechos y determinar si existe algún riesgo o incumplimiento.
Por ello, resulta difícil comprender que una situación denunciada reiteradamente durante años no haya dado lugar, al menos, a una respuesta suficientemente clara sobre su legalidad.
Las fotografías aportadas permiten al lector observar las circunstancias descritas y valorar la necesidad de que los organismos competentes examinen la situación.
Cada imagen incluye un comentario explicativo sobre lo que muestra.
Las preguntas quedan planteadas. Ahora corresponde al Ayuntamiento de Los Alcázares aclarar los hechos, informar sobre las actuaciones realizadas y garantizar que la normativa se aplique por igual a todos.
Porque las cocheras son para estacionar vehículos, no para convertirse, sin las autorizaciones que correspondan, en despensas o almacenes comerciales.
Y porque la legalidad urbanística, la seguridad de los residentes y el respeto a las comunidades de propietarios no pueden quedar supeditados a los intereses particulares de ninguna actividad económica.
