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El Partido Socialista había pedido la derogación de la medida como condición para no censurar al Ejecutivo
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El primer ministro también se ha comprometido a no utilizar el artículo 49.3, que permite aprobar leyes por decreto
El primer mininistro francés, Sébastien Lecornu, ha propuesto suspender la polémica reforma de las pensiones de 2023 en su declaración de política general ante la Asamblea Nacional. Este era uno de los principales puntos de desencuentro con el Partido Socialista, que había exigido la derogación de la medida como condición para no censurar al nuevo Ejecutivo, presentado el domingo tras días de incertidumbre.
«Propondré al Parlamento este otoño suspender la reforma de las pensiones de 2023 hasta las elecciones presidenciales. No se producirá ningún aumento de la edad a partir de ahora hasta enero de 2028», ha anunciado el primer ministro en una declaración que ha despertado los aplausos de algunos de los miembros de la bancada socialista. Lecornu se ha mostrado dispuesto a encontrar una alternativa, aunque ha advertido que no va a aceptar «cualquier cosa«.
La suspensión de esta controvertida medida, ha dicho, costará al Estado «400 millones de euros en 2027 y afectará a 3,5 millones de franceses» y, ha continuado, «deberá ser compensada económicamente».
La controvertida reforma aprobada en 2023 desató una crisis en Francia que recordaba a la de ‘los chalecos amarillos’, con protestas multitudinarias que pedían su derogación. Ahora, con una Asamblea Nacional dividida en tres grupos, las fuerzas de izquierda —que ganaron las elecciones legislativas agrupadas en una coalición progresista— han puesto esta medida en el centro de sus demandas para apoyar a cualquier primer ministro propuesto por Macron, que en los últimos dos años ha nombrado a cinco distintos.
«El Parlamento decidirá»
El jefe del Ejecutivo ha defendido que «suspender por suspender» no tendría sentido y ha adelantado que no apoyará ninguna medida alternativa «que ponga en peligro la credibilidad» de Francia ni de su sistema de pensiones. Aún así, ha llamado a celebrar una conferencia para abordar el asunto en la que participen tanto las distintas fuerzas políticas como los sindicatos en las próximas semanas.
«Confío en la democracia parlamentaria», ha dicho Lecornu, que se ha comprometido a que, si de ese encuentro surge una conclusión, el Gobierno trasladará el acuerdo a la ley y «el Parlamento decidirá». «De lo contrario, corresponderá a los candidatos a las elecciones presidenciales presentar sus propuestas y a los franceses decidir sobre ellas», ha continuado el primer ministro, que ha defendido que debatir «es parte integrante» del «contrato social». Está previsto que Francia vaya a las urnas para elegir a un nuevo presidente en 2027.
Poco antes, Lecornu había dicho que entendía «las tensiones que provocó» la reforma, así como el sentimiento de «injusticia e incomprensión» entre la ciudadanía. Sin embargo, ha recordado que «no se puede negar la realidad» de que «ahora hay menos cotizantes y más pensionistas», aunque ha asegurado que el Gobierno está «listo» para debatir el futuro sistema de pensiones.
Lecornu acepta suspender la reforma de las pensiones
La «urgencia» de aprobar un presupuesto
El primer ministro ha hablado de la «urgencia» de aprobar un presupuesto para 2026 —el principal reto que se abría paso a su llegada al cargo— y ha garantizado que prepararán un texto «serio y fiable». «Es urgente cumplir con el calendario y votar por el mejor presupuesto», ha dicho el mandatario, que se ha comprometido a no utilizar el artículo 49.3 de la Constitución, un mecanismo que sí utilizó su predecesor, François Bayrou, y que permite adoptar proyectos por decreto, sorteando su votación en la Cámara.
«Sin el 49.3 ya no hay excusas para tumbar a un Ejecutivo», ha dicho el primer ministro, cuyo Ejecutivo ya está amenazado por dos mociones que se votarán esta semana y que podrían salir adelante si la izquierda y la ultrederecha aúnan fuerzas. Lecornu ha insistido en que «hay que confiar en el Parlamento» y ha instado a sembrar «puntos de encuentro y no de desencuentro» en un debate en cuyo centro estarán las cuentas para el próximo año.
Una vez terminada «la discusión parlamentaria» del presupuesto, el déficit público francés cerrará «por debajo del 5% del PIB en 2026, ha garantizado Lecornu. El Gobierno, ha dicho, propondrá un texto que «considera conveniente» y la Asamblea Nacional «lo examina, lo debate y lo modifica; es su derecho», es su derecho. Y sin el artículo 49.3, sin mayoría absoluta, el Parlamento tendrá la última palabra. Es su responsabilidad, y debemos confiar en él. No debemos temerlo», ha dicho.
Asimismo, el primer ministro ha respondido a otra de las grandes demandas de la izquierda francesa y ha asegurado que someterá a debate parlamentario la creación de una «contribución excepcional para las grandes fortunas«. Esta recaudación, ha dicho, se destinará a la financiación de «grandes inversiones de futuro» en infraestructuras, transición ecológica o defensa.
«No habrá crisis del régimen»
Al inicio de su alocución, Lecornu ha garantizado que «no habrá crisis del régimen» en Francia, que encadena meses de inestabilidad política. Lecornu inició el domingo una renovada andadura al frente del Ejecutivo después de presentar su dimisión la semana pasada, pocas horas después de nombrar a su anterior equipo y tras apenas 27 días en el cargo. No se daban «las condiciones», dijo, para desarrollar su labor, pero el presidente francés, Emmanuel Macron, le pidió dos días más para volver a negociar con la oposición.
Tras una ronda de contactos, Lecornu aseguró que existía «voluntad» entre los grupos políticos y, tras una reunión entre ambos, Macron garantizó que nombraría un nuevo primer ministro en las próximas 48 horas. Finalmente, decidió apostar de nuevo por el ex ministro de Defensa, que el domingo nombró a su nuevo gabinete con ministros con un perfil técnico, pero también otros que ya integraban su primer Gobierno.
La derogación de la reforma de las pensiones y la renuncia a la utilización del artículo 49.3 eran las dos principales exigencias de los socialistas, de quienes depende la continuidad del Ejecutivo tras la negativa de La Francia Insumisa (LFI) y Agrupación Nacional (RN) de apoyar a cualquier gobierno nombrado por Macron. De hecho, también ha propuesto aumentar los impuestos a los ricos y a las grandes empresas en 6.500 millones de euros el próximo año, otra de las peticiones de los socialistas.
Por su parte, el Partido Socialista ha confirmado que está dispuesto a hacer la «apuesta» de continuar el debate en el Parlamento, de modo que aleja la posibilidad de una nueva censura contra el Gobierno de Lecornu. «Hacemos una apuesta, una apuesta arriesgada», ha dicho el jefe del grupo socialista, Boris Vallaud. Y aunque ha abierto la puerta a concesiones, ha advertido que no aceptará muchas de las medidas propuestas por el Gobierno.