ASAJA, COAG, UPA, FECOAM y PROEXPORT han registrado un texto en la Asamblea Regional para que se modifiquen los artículos relativos a las sanciones y a las barreras que frenan las escorrentías
Las organizaciones agrarias, la Federación de Cooperativas Agrariass y la Asociación de Productores y Exportadores de frutas y hortalizas reclaman una reforma de la Ley de Protección del Mar Menor que permita a aquellos que la incumplan gravemente, seguir recibiendo ayudas y subvenciones de la Comunidad Autónoma. No es el único cambio que pretenden introducir: quieren modificar hasta una decena de artículos con el argumento de que algunas de las exigencias que contemplan son «imposibles de cumplir» o carecen de sentido.
Esta última es la razón que aducen para exigir que las barreras vegetales que la ley impone como obligatorias, dejen de serlo: sostienen que a veces el agricultor se ve forzado a sembrar una de esas barreras vegetales a pesar de que su explotación esté vallada con un muro o delimitada por la propia pared de un invernadero, que puede actuar como mecanismo de retención de sedimentos en caso de escorrentía. Pasa algo parecido -según afirman- con la obligación de sembrar siguiendo las curvas de desnivel, cuando hay informes técnicos que sostienen que en inclinaciones inferiores al 2% ese desnivel no condiciona la circulación del agua procedente de una lluvia intensa según explica Mariano Zapata, presidente de Proexport.
La propuesta para que las sanciones graves o muy graves no lleven aparejada la prohibición de acceder a ayudas públicas no implica, según el presidente de COAG José Miguel Marín, abrir una puerta de escape para quienes causen daños importantes al medio ambiente. Dice que el objetivo es evitar que la reiteración de faltas leves pueda derivar en una sanción desproporcionada, sobre todo porque muchas de esas pequeñas irregularidades son imposibles de evitar o su valoración resulta muy subjetiva:
El texto, firmado por ASAJA, COAG, UPA, la Federación de Cooperativas FECOAM y la asociación de productores PROEXPORT, ha sido ya registrado en la Asamblea Regional. Su redacción ha exigido muchas horas de negociación, según Santiago Martínez, de FECOAM, que afirma que muchos de los cambios propuestos obedecen a una cuestión de puro sentido común: no se puede pedir que las explotaciones dispongan de sensores para medir el nitrógeno y el fósforo, cuando esos sensores no existen en el mercado:
Los representantes del sector agrario tienen prisa, pero reclaman a los grupos parlamentarios que hagan un esfuerzo por llegar a un punto de consenso. Decía Marcos Alarcón, de UPA, que la actitud de VOX (que abandonó la comisión que estudia la reforma de la ley) no puede utilizarse como excusa para acelerar el trámite.
Ecologistas en Acción asegura que las nuevas medidas desprotegen la laguna
No gustan los cambios planteados a las organizaciones que vienen defendiendo la recuperación y protección del Mar Menor. Es el caso de Ecologistas en Acción. Su portavoz Pedro Luengo considera que las organizaciones agrarias y de productores sólo intentan buscar su propio beneficio proponiendo cambios que, en definitiva, desprotegen la laguna como es el caso de las barreras de contención. Luengo considere que lo urgente es desarrollar por completo la Ley del Mar Menor cuatro años después de que entrara en vigor.
La Plataforma Pacto por el Mar Menor dice que la reforma ya plantea una contradicción con la normativa ambiental
La Plataforma Pacto por el Mar Menor advierte de que reformar la ye supone contradecir una normativa ambiental comunitaria que es de obligado cumplimiento. Su portavoz, Ramón Pagán exige que no se dé marchara atrás en la protección de ese espacio natural.