-
La UCO señala que no contar con la información tributaria «dificulta enormemente» la investigación
-
«Ya se ha autorizado la medida más invasiva» con el examen de las cuentas, dice la Fiscalía
La Fiscalía ha pedido al juez que investiga a Alberto González Amador que autorice a la UCO a acceder a la información tributaria y de la seguridad social, del empresario pareja de Isabel Díaz Ayuso y del presidente de Quirón Prevención, Francisco Javier Camino y su mujer, María Gloria Carrasco, desde 2014. Precisamente este martes, las acusaciones populares que ejercen PSOE y Más Madrid solicitaron ampliar la investigación a Amador, Camino y Carrasco, por posibles delitos fiscales.
El escrito de la Fiscalía, que ha adelantado la SER y al que ha tenido acceso RTVE, llega después de que la UCO solicitase el pasado mes de diciembre acceder a la información económica y tributaria, incluida la que está en poder de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria y la Tesorería General de la Seguridad Social.
El titular del juzgado número 19 de Madrid, Antonio Viejo, respondió en junio, autorizando parcialmente ese acceso, pero sólo para las cuentas bancarias.
No contar con la información tributaria «dificulta enormemente» la investigación
En este último escrito la fiscalía requiere al magistrado atienda la petición de la UCO y permita el acceso a esa información tributaria y de la seguridad social, ya que, tal como ha señalado la Unidad Central Operativa «no contar con la información tributaria dificulta enormemente el cumplimiento de la encomienda que se le ha realizado».
Los agentes de la guardia civil necesitan ver esa información, en poder de la administración pública, para compararla con la que tienen de las entidades bancarias y realizar una investigación eficaz: «se considera indispensable contar con ambas vertientes: tributaria y bancaria«. El motivo, explican, que «se trata de informaciones complementarias cuyo análisis debe efectuarse de forma conjunta» para «observar similitudes» y sobre todo «diferencias». También, para analizar «la existencia de flujos no declarados o la detección de flujos que no se corresponden con la realidad observada».
La Fiscalía justifica esta petición, además, que «ya se ha autorizado la medida indagatoria más invasiva de la intimidad económica de los investigados» con el examen de sus cuentas bancarias. Y la petición de la información fiscal y de la seguridad social es mucho menos invasiva. No entiende por tanto la negativa del juez, «cuando además la información que se solicita ya está en manos del Estado«.
Por último, argumenta el Ministerio Público que «diferir a un momento posterior el requerimiento de información a la AEAT y TGSS genera un perjuicio al interés público y a los investigados», dado que «alarga innecesariamente la duración de la instrucción del procedimiento».